Nuevamente se trae a colación el tema de la existencia de una “bomba” pensional y la necesidad de adelantar una reforma pensional. Curiosamente tales apreciaciones se hacen en foros organizados o auspiciados por el sector financiero del cual forman parte los dueños o los voceros de los fondos individuales de pensiones. Por el contrario, otra es la percepción que tiene el anterior presidente de Colpensiones quien sostiene que en Colombia no hay una bomba pensional[1].
Tal parece que la existencia de dicha “bomba” es un embeleco que se utiliza exclusivamente para atender intereses políticos o financieros, abonando el terreno para la presentación de una reforma pensional por parte del Gobierno de turno, a fin de seguir engrosando la arcas de los dueños de los fondos privados de pensiones.
El problema pensional va más allá de la supuesta ”bomba”, y tiene que ver con aspectos tales como: la incoherencia de los gobiernos de turno en el manejo de los recursos de la seguridad social, la falta de una política pública de formalización del trabajo, la cadena de decisiones equivocadas (unas en contravía de la Constitución, la ley y la jurisprudencia, otras fraudulentas, algunas sin soporte técnico suficiente y otras equivocadas de buena fe[2]) para el uso de los recursos de las pensiones y la voracidad de los fondos privados de pensiones que cada vez quieren acumular mayores utilidades.
Algunas cifras demuestran que el problema financiero no es de tal magnitud que pueda catalogarse como una bomba que pueda desestabilizar las finanzas públicas en un corto o mediano plazo. En los últimos años Colombia ha dedicado alrededor del 3,5% del PIB en pensiones[3], mientras que otros países[4] como Italia, Portugal y Austria algo más del 14%, Dinamarca y España más del 12%, Polonia y Chipre más del 10%, Islandia y Luxemburgo más del 8%, Letonia y Lituania más del 6%, Irlanda más del 4%. También es sabido que Grecia ha llegado a pagar 14.5% del PIB en pensiones y Brasil el 12%.
Existe un déficit de recursos para el pago del pasivo pensional, del cual es responsable el Estado que dejó de cumplir con sus responsabilidades en el pago de los aportes pensionales al Instituto de Seguro Social (ISS) o que, contraviniendo normas constitucionales, legales y jurisprudenciales desvió recursos de la seguridad social a menesteres diferentes, sin que para sus gobernantes se haya aplicado sanción política, penal o fiscal alguna.
El caso más reciente de desviación de recursos se dio por parte del Gobierno nacional actual, el cual, contraviniendo normas constitucionales, legales y jurisprudenciales, mediante el artículo 107 del Proyecto de ley por el cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para la vigencia 2018 (aprobado en último debate por el Congreso de la República), se apropió temporalmente de $1,06 billones correspondiente a la asignación especial del 2.9% del Sistema General de Participaciones de que trata el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 715 de 2001, destinada para el FONPET (creado por la Ley 549 de 1999, con el fin de cubrir los pasivos pensionales de salud, educación y otros sectores), para destinarlos a “pagar la nómina y prestaciones sociales el personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas (…)”.
También es responsable del déficit el Gobierno de turno que promulgó la Ley 100 de 1993 mediante la cual se crearon los mal denominados Fondos Individuales de Pensiones. A estos fondos se les trasladaron recursos inmediatos sin que tuvieran que pagar obligaciones en el largo plazo, dejando al ISS con menos recursos para atender las obligaciones de sus propios pensionados y de aquellos afiliados que exigirían su pensión en el corto y mediano plazo.
Luego de casi 26 años de existencia tales fondos solo han jubilado a cerca de 120.000 colombianos mientras que el sistema público tiene 1,2 millones de pensionados[5] y como contraprestación a las pírricas pensiones que otorgan, reciben grandes utilidades que año tras año se esmeran en incrementar. Según reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia, al cierre de octubre de este año los fondos de pensiones y cesantías acumularon beneficios por $25,6 billones[6].
Con anterioridad, gobernantes y particulares se apropiaron de recursos pertenecientes a la Seguridad Social, haciendo uso irregular de los mismos y llevando a las entidades (que se consideraban sanas y con buenas perspectivas de crecimiento) a su quiebra. Basta recordar los casos que originaron la pérdida de gran cantidad de recursos del ISS y de Cajanal.
En el caso del ISS, no se le entregaron los recursos que por ley debieron aportarle, generándose una deuda por concepto de reservas pensionales que llegó a niveles que amenazaban la sostenibilidad de la entidad. La solución tomada en 1994 fue la de cancelar dicha deuda entregándole al ISS el 83% de las acciones suyas en el Banco Central Hipotecario (BCH), avaluadas en $129.000 millones.
Un año después el banco ya tenía un déficit de tesorería de $114.000 millones y sus indicadores básicos estaban por debajo de los promedios del mercado. Desde 1983 ya era de conocimiento público que el banco tenía problemas, pese a lo cual la cadena de decisiones para el uso de los recursos continuaron hasta 1997, año en el cual el banco debió ser saneado y vendido por debajo del precio real, con el resultado final que los recursos de la Seguridad Social se esfumaron.
En el caso de Cajanal, la desorganización, la ineficiencia y la corrupción en el manejo de sus recursos, facilitaron desfalcos que habrían superado los $600.000 millones y que originaron su liquidación.
Como se puede observar, el problema pensional en Colombia ha sido generado por la ineficiencia del Estado en el manejo de los recursos destinados al pago de pensiones, el incumplimiento de sus obligaciones con las entidades de la seguridad social y la corrupción conjunta Estado - particulares que culminaron con la liquidación de las entidades encargados del reconocimiento y pago de las pensiones, que en su momento de bonanza fueron utilizadas como caja menor de los gobiernos de turno para satisfacer cada una de sus necesidades o caprichos.
Para solucionar este problema el Estado no cuenta con una política seria y permanente de formalización y/o creación de empleo que le permita ampliar la base de cotizantes y con ello mayores recursos para el pago de las mesadas sino que acude a la fórmula simplista de organizar reformas pensionales cuyas características son previamente conocidas: aumento de la edad de pensión, aumento de las semanas de cotización y disminución del porcentaje de la pensión.
[1] “En Colombia no hay una bomba pensional, porque no hay pensionados”
[2] Constitución Política de 1991 artículos 48 y 121. Leyes 549 de 1999 y 715 de 2001. Corte Constitucional Sent. C-175 de 2001 y T-164 de 2013
[3] “En Colombia no hay una bomba pensional, porque no hay pensionados”
[4] Así están las pensiones de jubilación país por país
[5] La realidad del sistema pensional va mucho más allá de la “bomba pensional”
[6] Sector financiero ha ganado $50,5 billones
