Claro que todos no los necesitan, pero hay que mostrar las desproporciones que existen con las subespecialidades médicas en el país. Lo que sucedió en Ibagué con los niños de la Fundación Peces Vivos, es una pequeña muestra de la horrible realidad que viven los menores de protección en situación de discapacidad siquiátrica; este no es el único caso. La desatención de los gobiernos nacional y regionales, más la politiquería y la corrupción, son las principales causas de esta grave problemática que –después de que pase el hervor de este escándalo- quedará en las mismas.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que los niños de protección llegan a estos centros de atención por tres razones: por violencia intrafamiliar, por abuso sexual o por abandono de los padres… Casi nada. Lo segundo, que es un secreto a voces, es que por lo general estas fundaciones son tentáculos de los negocios de los políticos que las crean a través de amigos suyos (entiéndase testaferros), que contratan a un personal que no está preparado y que optimizan gastos para obtener las mayores ganancias. ¿Cómo? Llevando, por ejemplo, solo una vez al mes a un siquiatra, muchas veces sin la subespecialización necesaria, a atender un montón de niños que requieren apoyo permanente, lo que para el siquiatra Ricardo Angarita “es ridículo”. Tal cual como las mafias de los almuerzos escolares: la presa de pollo para la foto y el resto, lo que ofrezca más ahorro para aumentar los beneficios económicos del dueño del contrato… del político beneficiado.
En las noticias han sacado en fila india, esposados,
a quienes se supone maltrataban a los niños de Ibagué,
que son los últimos de la cadena
Aquí el tema no es que salga la directora del ICBF a contar que hay siete mil casos de maltrato infantil que no son de Instituto, sino que se preocupe por investigar dentro del mismo a cada una de las fundaciones u organizaciones que le prestan el servicio, que indague y les cuente a los colombianos cómo lograron sus contratos y si tienen el personal idóneo, especializado. En las noticias han sacado en fila india, esposados, a quienes se supone maltrataban a los niños de Ibagué, que son los últimos de la cadena. ¿Dónde están los nombres de los grandes responsables; de el o los dueños del negocio? ¿Quién los recomendó? ¿Cuál era su experiencia en el tema, y de cuánto tiempo, antes de la contratación? Las políticas existen, pero no hay vigilancia del sector Salud. Una fuente muy seria comentó que inclusive algunas veces, cuando el ICBF quiere intervenir, lo detiene una llamada del alto gobierno.
Isabel Cuadros, directora de la Asociación Afecto y una de las más reputadas siquiatras infantiles del país, asegura que el problema –sin duda- también es estructural: “Estos niños, severamente perturbados, requieren médicos y siquiatras de manera permanente, pero no uno solo para mil niños”, asegura. Ella agrega también que el personal profesional de apoyo no está preparado, no sabe inmovilizar y lo hace sin supervisión. “Las medidas de contención ocasionalmente son necesarias, pero no hay control”, dice.
A ese problema estructural, se suma la subvaloración de lo que significa la atención en siquiatría que hizo la ley 100 cuando fue creada; la atención en salud primaria siquiátrica para los niños. No se hizo la previsión de que había que tener más especialistas (me atrevería a decir que sucede igual en otras áreas de la salud). Dice la directora de la asociación que los subespecialistas son 60 o 70, ¡para una población de 20 millones de niños en todo el país! Y a esto se agrega que tampoco hay suficientes neuropediatras. Aseguran los conocedores de esta problemática que hay carteles que, encima de todo, no permiten ampliar los cupos para las residencias; círculos viciosos que no entienden que hay que formar más especialistas según el número de la población. Otra vez… el negocio. Intente usted ir a una cita siquiátrica especializada que no sea a través de medicina prepagada, si la hay, para que vea cuánto le vale la consulta. Averiguando, no baja de $350.000. Y para completar, por ejemplo, las camas de siquiatría solo en Bogotá son mínimas. Para niños en condiciones siquiátricas fuertes solo hay cuatro o cinco camas en el hospital Franklin Delano Roosvelt, y en el Simón Bolívar apenas veinte; algo similar tiene el hospital Santa Clara, ¿solo para Bogotá? ¡Qué horror!
Para Isabel Cuadros, la Superintendencia de Salud tiene que entrar a proveer el servicio y vigilar lo que se está presentando en las instituciones de protección. No es una tarea exclusiva del ICBF. ¡Pobres nuestros niños en Colombia!
¡Hasta el próximo miércoles!
