En el Bajo cauca antioqueño, en el Nordeste, en el Norte del departamento de Antioquia y en el sur de Córdoba está en curso una protesta social y regional de los mineros artesanales que es manipulada por los paramilitares del Clan de golfo –bien enchufados con la policía y los militares- y por los sectores de la ultraderecha uribista, que se mueve en las sombras desde la hacienda ganadera del sur de Córdoba y Caucasia.
La protesta de la minería artesanal, de los campesinos y del movimiento social ambiental en defensa del Rio Cauca en Taraza, Caucasia, Valdivia, Cáceres, el Bagre, Yali, Vegachi, Remedios, Segovia y Yolombó, involucra casi 400 mil personas provocando grandes traumatismos en la movilidad, el comercio, la salud, la educación, la convivencia ciudadana y la gobernabilidad.
El movimiento social en este territorio –que también involucra municipios del sur del departamento de Córdoba- es parte de una ola nacional de protestas y de acciones colectivas originadas en distintas problemáticas que golpean a las comunidades como han sido los casos del “cerco humanitario” en los Pozos del Caguán contra Emerald Energy, una multinacional petrolera; la huelga de los educadores caucanos de Asoinca; las protestas universitarias en Bogota; los bloqueos indígenas de la Guajira; y las manifestaciones indígenas de Puerto Gaitan, en el Meta.
Ha regresado el malestar social y la respuesta del gobierno es bastante contradictoria y llena de improvisaciones.
En el caso del Bajo cauca antioqueño, es evidente que hay una notoria influencia de los urabeños –grupo paramilitar uribista-, quienes pescan en rio revuelto para favorecer los negocios de la gran minería ilegal, el narcotráfico y la deforestación, que ha instalado una amplia red de dragas en los ríos, utilizando material contaminante de las aguas, provocando un gigantesco desastre ambiental.
Este territorio ha sido históricamente controlado por distintos grupos narco paramilitares –asociados con los militares, la policía y las mafias políticas-, como el Bloque Minero de Cuco Vanoy, el Bloque central Bolívar de Macaco, los Paisas de la Oficina de Envigado, los Caparros (con su frente Virgilio Peralta) y los urabeños o Clan del Golfo que está instalado en Puerto Libertador y el Bagre con oficinas que funcionan a la luz del día por la complicidad de la policía y el ejército.
Es esta poderosa red criminal la que está manipulando la inconformidad social ocasionada por el incumplimiento de las políticas de paz en los municipios Pdet, el descalabro en la sustitución de los cultivos de coca y los vacíos en la legislación minera que es aprovechado por las mafias paramilitares uribistas.
El Bajo Cauca antioqueño es una de las regiones más golpeada por el sabotaje a la paz y su implementación. El gobierno debe mirar este ángulo de la inconformidad social, al tiempo que debe poner freno a los desmanes del Clan del golfo, para lo cual una medida clave es la depuración de las Fuerzas Armadas y de Policía allí; la ilegalidad militar tiene su base en la denominada “Zona futuro” instalada en la region por el gobierno del señor Ivan Duque, que es un dispositivo bélico ofensivo estructurado desde las doctrinas anticomunistas de la contrainsurgencia guerrillera, asociado, por lo demás, al negocio de las drogas controlado por los carteles mexicanos con presencia en Ayapel, Necocli, Arboletes, la Apartada y San Pedro de Urabá.
