Se cumplió la segunda visita del Tribunal Administrativo de Casanare al estero Matemarrano, con el fin de observar el comportamiento del pantano en temporada invernal para sumar pruebas que permitan comprobar los daños al ecosistema como consecuencia de la exploración sísmica y operaciones de la industria petrolera, denunciados por los lugareños.
Al Estero, ubicado en cercanías al municipio de Orocué, se dirigieron representantes de la empresa Pacific Rubiales. C&C, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, Corporinoquia, el demandante Gustavo Adolfo Torres, comunidad del sector y representantes de la Organización Nacional Campesina José Antonio Galán.
Cabe recordar que el procedimiento obedece al proceso de Acción Popular contra las operadoras C&C y Pacific Rubiales Energy por supuesto daño ecológico al estero Matemarrano y al compromiso del Tribunal Administrativo en el mes de marzo de realizar una nueva verificación en época de invierno del comportamiento del sitio.
Esta vez la observación y análisis se orientó a la actual situación del terreno del estero en toda su extensión: La plataforma de operaciones, y el cuerpo de agua anexo, construida en febrero de 2014 a menos de 100 metros de la cuota de inundación permitida por ANLA, el comportamiento de la cañada aledaña al estero y que fue afectada a través del desvío del cauce, y el puente sobre el caño Canacabanare, que no cumple condiciones técnicas en invierno y provoca represamiento de agua e inundaciones en sectores aledaños.
Durante la diligencia la comunidad y las entidades interactuaron y dieron sus conceptos a los magistrados que realizaron el recorrido con rigurosidad.
Accionante
Para Gustavo Adolfo Torres, accionante, la inspección ocular desarrollada en este período de invierno, permitió a los magistrados verificar que el estero está en un 70 por ciento en su lámina de agua y que además dirigen y se mezclan con las de la plataforma, por lo tanto, se hizo evidente esta afectación.
Agregó el lugareño que es lamentable que los conceptos de la afectación de flora y fauna del sector, producto del cambio de cauce de la cañada que cruza por el lugar emitidos en el 2011 por la ANLA y Corporinoquia, y que fueron conocidos por Pacific Rubiales, hoy se desconocen por las mismas entidades, como si los estudios se hubieran perdido.
Ante el llamado al pacto de cumplimiento que realizaron los magistrados, el demandante afirmó que es claro que las afectaciones son comunales, porque no es solo un predio, y que en ningún momento existen pretensiones económicas “se afectan varias fincas y veredas, aguas abajo, y lo que buscamos es que se tomen medidas para suspender la explotación petrolera, ya que se están secando las aguas del estero”.
Reiteró el accionante que se continúa infringiendo la norma que admite hasta 100 metros cuota de inundación, que hoy se evidencia claramente con la mezcla de las aguas del estero y el pozo.
ANLA
El apoderado Judicial del ANLA, Carlos Andrés Montoya, expresó que ante los hechos que se debaten en la demanda, no se observa a simple vista contaminación ni detrimento ambiental, sin embargo, la entidad se encuentra realizando el seguimiento para realizar el análisis de carácter técnico y científico para determinar si existe contaminación, especialmente en esta época de lluvias, cuando se verifica que hay agua en el estero.
Indicó que en cuanto el desvío de la cañada, se está realizando la verificación con el equipo técnico, puesto que es posible que la entidad no haya expedido los permisos para realizarlo, pero el Ministerio de Medio Ambiente, encargado en la época, al parecer autorizó unas obras de ajuste, razón por la cual se requiere la comprobación necesaria del tema.
Pacific Rubiales Energy
Juan Sebastián Panesso, apoderado jurídico de la empresa Pacific Rubiales Energy, indicó que la sequía en el estero, es generada por la época de verano, “no existen pruebas que verifiquen que las operaciones de la compañía estén afectando el estero”.
Agregó el apoderado que, en cuanto al desvío de la cañada, se puede verificar que no hubo ningún daño al ecosistema y las aguas fluyen sin que exista aparentemente desalineamiento del cauce, contando con los permisos y licencias correspondientes; sin embargo, están a la espera de los conceptos técnicos de la ANLA.
En cuanto al puente sobre el caño Canacabanare, indicó que en el mes de julio se presentó un estudio donde se argumenta técnicamente que la construcción del puente no genera ningún cambio en la dinámica hídrica, por lo que se entregará al Tribunal Administrativo como evidencia.
Corporinoquia
Diana Fernández, apoderada sustituta de Corporinoquia, dentro de la Acción Popular, indicó que la entidad está legalmente limitada en su actuar, puesto que tiene unas funciones administrativas como autoridad ambiental, pero se deben sujetar a las normas ambientales y a la jerarquía normativa que impone la Ley 99, es decir que conocen de las quejas y están obligados a realizar las visitas, informes y conceptos técnicas y remitirlos por competencia a la ANLA.
Agregó que se han evidenciado en el caso del estero Matemarrano algunas situaciones que podrían dar lugar a afectaciones ambientales, pero por competencia la entidad que debe dar trámite administrativo sancionatorio es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Conclusiones
El magistrado Alfonso Ángel Ángel, presidente del Tribunal Administrativo de Casanare, mencionó la necesidad de un pacto de cumplimiento, con el objeto de que las partes lleguen a un acuerdo y no se tenga que ir a un proceso donde se deben decretar unas pruebas que pueden llegar a dilatar hasta cinco años la decisión final del Tribunal.
Agregó el magistrado, que exhorta a las partes para que se reúnan y traten de conciliar para que una vez se fije la fecha de pacto de cumplimiento lleguen con un arreglo y se pueda concluir el proceso.
De otra parte el magistrado Néstor Trujillo González, agregó que es importante que los accionantes entiendan el objetivo y alcance de un proceso popular, puesto que es normal que existan afectaciones mixtas, donde hay habitantes que se sienten afectados en sus propiedades, “las afectaciones de predios privados no se discuten en el actual proceso, por lo tanto se debe buscar claridad en la propuesta de la comunidad, para remediar los posibles daños e impactos significativos al ecosistema, producto de las construcciones y operación petrolera en el sector”.
Adicionó Trujillo González, que las soluciones que se propongan en el pacto de cumplimiento deben ser materialmente posibles, ambientalmente viables, y tener claro, la forma en que se van a hacer las actuaciones, sumado a una matriz de evaluación de proyecto para poder realizar el seguimiento periódico.
“Si llegan con un pacto decoroso, viable que resuelva todos los problemas, perfecto, y si llegan con uno parcial que sea viable también, ya que, si no hay pacto, el proceso sigue y le calculamos mínimo cinco años más, para llegar a una sentencia definitiva”, concluyó el magistrado.
Ambientalistas exigen protección al estero
Carlos Roa, integrante de la Asociación Nacional Campesina, José Antonio Galán, organización con presencia en siete departamentos del país, indicó que han venido realizado seguimiento al papel de Corporinoquia frente a los problemas ambientales que se presentan en Casanare, y por esta razón se suman al seguimiento y exigencia de la protección del medio ambiente en Matemarrano.
Agregó el ambientalista que observan con preocupación que no se ha evaluado el papel de las compañías petroleras frente al daño del estero, sin que exista compromiso real de las autoridades ambientales ni judiciales para la defensa y recuperación del pantano.
Concluyó el profesional que incluso se argumenta por parte de los magistrados del Tribunal que el fallo podría emitirse hasta dentro de cinco años, “no se habla de obligar a realizar mejoras, ni de suspender la operación hasta que se redefinan las condiciones en que se desarrollan, por lo que el deterioro ambiental en el estero continuará”.
Créditos: Casanarenoticias.com
