“El bien particular nunca debe primar sobre el bien común”, dice la ley colombiana, y en teoría es maravilloso pero como en casi todas las leyes a la hora de la aplicación deja mucho que decír, o vasta con darse una vuelta en Cartagena de Indias y más de uno le quedarían dudas si esa norma se aplica aquí.
Al parecer, en esta ciudad del Caribe Colombiano, el modo de operación de lo que es público no queda claro, mientras en la Av. Venezuela, una de las entradas al centro histórico ocupada ilegalmente a lo largo de los andenes por vendedores ambulantes enfrenta a la autoridad encargada de espacio público; casi que diariamente de manera violenta, y por otro lado vemos en las calles y plazas de la zona aledañas al Centro conocida como San Diego, llenándose de restaurantes gourmet y cafés al aire libre. ¿Será que el bien particular prima sobre el bien común aquí?
El traslado de la Base Naval ubicada en el sector turístico de Bocagrande abre una discusión sobre ¿qué pasará con ese terreno? aquí inicia un nuevo capítulo de confrontaciones entre las autoridades públicas y los intereses de unos pocos. El terreno donde está ubicada la Base Naval según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), del 2001, determina que su uso es ‘Institucional 3’, en caso de construirse otro tipo de edificación serian para actividades turísticas y comerciales pero no residenciales. Por los medios de comunicación nos enteramos que la Curaduría Urbana número 2 de Cartagena, otorgó una licencia para construir un edificio de 35 pisos en un predio contiguo a la Base Naval; puesto que el año 2005 la Secretaría de Planeación de la ciudad elevó la categoría a ‘Mixto 2, dándole facultad a propietarios vecinos utilizar sus terrenos en actividades de vivienda residenciales. Paradójicamente planeación distrital fue quien dio la orden del cambio del POT, aun cuando es solo competencia del consejo hacerlo.
Es preocupante para los urbanistas y ciudadanos que aun sienten con dolor por los atropellos de nuestros gobernantes; el futuro que le espera a las instalaciones de la Base, si la propiedad donde se pretende construir el edificio se logra concretar, nos mostrará una visión de lo que podría convertirse el predio que quedará desocupado por el futuro traslado, si las autoridades competentes no actúan de manera urgente y teniendo en cuenta primeramente las necesidades de los ciudadanos y los problemas de ambiente y movilidad el caos nos espera, más bien colapsa porque de por sí, ya es un caos.
Sobre el caso de la construcción del edificio de 35 pisos al lado de la Base naval, se han pronunciado diferentes actores gubernamentales y sociales quienes en su mayoría parecen no estar de acuerdo con la realización del proyecto: el abogado Joaquín Torres quien representa a la Asociación de vecinos de Bocagrande y el Laguito, quienes públicamente muestran una oposición a la construcción del inmueble; dado que la movilidad para la entrada y salida al barrio sería un caos total. Así mismo, El concejal David Múnera y otros concejales de manera abierta se muestran preocupados por el futuro uso del predio pues este se podría utilizar para construcción de viviendas residenciales. De igual forma el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossain por medio de una carta enviada al ministro de Hacienda y al Director de Planeación Nacional; en la cual pide: que la nación asuma el costo del traslado de la base y que el Distrito reciba en cesión el terreno, pues en caso de que no sea así, el Distrito y los cartageneros asumirían el costo; y como consecuencia inmediata habría que dar en concesión gran parte del predio que la ciudad requiere; para uso de bien público y zona verde.
Este tema local, ha llamado la atención nacional; pues en diferentes medios de comunicación han hablado del tema. Lo curioso es que siendo una problemática local el periódico más importante de la ciudad poco o nada dice, o más bien nada que ya no conozcamos. Así mismo, el Distrito quien a la fecha al parecer no tiene claro que proyecto se debería ejecutar en ese lugar, tal vez porque cuando eso pase esta administración ya no estará al mando.
Otros que parecen estar en posición estatua es la oficina del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), dado que la construcción interfiere con la visual del Centro histórico es de su competencia ajustar los parámetros que la Curaduría aprobó sin tenerlos en cuenta. Aun no se ha definido si el proyecto se realizará o no y la constructora Interla S.A.S habló en un medio nacional de una posible demanda si el proyecto se va a pique dado que ellos tienen permiso de construir por la autoridad competente. De igual forma un estudio oceanográfico del año 2012, realizado por expertos, concluyó que el lote en disputa es terreno de bajamar. Que que significa que el terreno en disputa pude sufrir inundaciones.
Tal vez, podemos decír que: el bien particular podría primar sobre el bien común, una vez más en esta ciudad, porque mucho se hablado y poco se ha escrito de soluciones y planes. Del tema han opinado muchísimas personalidades influyentes y con autoridad para tomar decisiones pero nada se ha concluido, solo es de esperar que se tome una decisión que ayude a la ciudad; y por ende a los ciudadanos, una ciudad que este de acorde a el cambio climático a la proyección de una ciudad para cartageneros, ya los académicos se han pronunciado y han puesto en alerta a la ciudadanía silente y ajena a las realidades de nuestro entorno. Ya la ciudad tiene suficiente vergüenza con el terraplén construido por la Concesión Vía al Mar ubicado en el barrio Crespo, para tener que lidiar con el caos vehicular más fastidioso de la ciudad producido por la hiperpoblación que se mudaría al sector en caso de que se construyan muchos más edificios en el terreno que pronto dejara la Base naval.
