Cartagena es una de las ciudades del país que ha experimentado con más dureza los efectos de la pandemia del COVID-19. Las cifras del Instituto Nacional de Salud así lo demuestran al señalar que, de los fallecidos por el virus en el país, el distrito aporta casi el 12 %.
La explicación de estos resultados tiene que ver, por una parte, con el estado crítico del sistema de salud del distrito. En efecto, si se analiza la red primaria pública hospitalaria de la ciudad, ella cuenta con 41 instituciones prestadoras de servicio, discriminada así: 27 puestos de salud, 11 centros de salud y 3 hospitales. Esta red pública atiende a 300.000 cartageneros que están en condición de pobreza y el 70 % de estas instituciones están en pésimo estado en materia de infraestructura y de dotación, según cifras del DADIS.
La capacidad de camas actualmente es completamente insuficiente. De acuerdo a un informe reciente del Ministerio de Salud, el número total de camas en la ciudad no ha variado desde que inició la pandemia en 633 camas. De ellas, 112 son camas de Unidad de Cuidado Intensivo (UCI), 46 son de cuidado intermedio y 477 son de hospitalización, cuando para asumir de manera eficiente esta pandemia, el distrito necesita según las proyecciones del mismo ministerio, un total de 1.021 camas, 315 camas en UCI, 381 en camas intermedio y 325 camas de hospitalización.
El DADIS, que es el rector de la salud en la ciudad, tiene un déficit de 200.000 millones, por cuentas por pagar heredadas de administraciones pasadas, y el gobierno nacional no le ha asignado los recursos suficientes para asumir esta pandemia.
Al revisar la tan cacareada resolución 735 del 14 de mayo de 2020, del Ministerio de Salud, por medio de la cual se le iban a irrigar cuantiosos recursos a la Empresas Sociales del Estado (ESE) o hospitales públicos para la atención del COVID-19, el presidente Duque terminó asignado apenas 213.000 millones a todos los hospitales públicos del país, lo cual resulta totalmente insignificante, teniendo en cuenta que para solo sanear las deudas históricas de las EPS con las IPS públicas se requieren inversiones por 6 billones de pesos.
De esos recursos el distrito recibió solamente $2,806 mil millones que fueron girando para la clínica maternidad Rafael Calvo. Sin embargo, para las 10 IPS que conforman la red de atención inicial del COVID-19 en la ciudad, entre las cuales se encuentra el Hospital Universitario del Caribe (HUC), no recibieron un solo peso para la atención de esta pandemia, y más en una ciudad, que ya que cuenta con unos niveles de ocupación en UCI del 35 %, del 75 % en camas intermedias y en hospitalización del 33 %.
Frente a la falta de apoyo por parte del gobierno nacional, sumado a la grave situación fiscal y financiera del distrito, heredada de gobiernos como el de Dionisio Vélez y Pedrito Pereira, la administración del alcalde William Dau ha elaborado un plan para enfrentar esta pandemia en medio de estas tribulaciones.
Con esfuerzo propio y del departamento, se busca ampliar el número de camas intermedias del hospital universitario a 170 camas. Ya se gestionó con el nuevo hospital Bocagrande y Acoplastico 83 nuevas camas intermedia. Igualmente, se formuló un plan de expansión de camas UCI, cuya meta es tener 214 de estas camas en muy corto tiempo. Además, se pretende realizar un cerco epidemiológico con 50.000 pruebas, con 300 lugares de confinamiento y con campañas de pedagogía y concientización a la comunidad.
En medio de esta crisis, lo que requiere la ciudad es lograr un amplia convergencia de todos los sectores sociales, económicos, gremiales y políticos entorno a dos ideas fundamentales, en primer lugar, la necesidad que el gobierno nacional respalde con mayores recursos al distrito, y en segundo lugar, apoyar las acciones y medidas contenidas en el plan estratégico del distrito para enfrentar esta pandemia.
