Mientras día a día en la ciudad de Cartagena los establecimientos privados invaden plazas y los empresarios en contubernio con políticos sacan a nativos de sus barrios tradicionales para montar establecimientos comerciales que suelen invadir el espacio público, el negocio inmobiliario destruye el patrimonio histórico y las autoridades en el uso de la “aplicación rigurosa” de la ley persiguen a los vendedores informales so pretexto de garantizar el espacio público “para el disfrute del turista del centro histórico”.
Qué decir del decomiso de drogas y la aprehensión de los jóvenes de la cual se suelen jactar las autoridades con orgullo... ¿Cuántos de estos decomisos, arrestos y sanciones se han hecho en el exclusivo sector de las Islas del Rosario o en las prestigiosas rumbas de los hijos de la mal llamada “clase pudiente”?
Recientemente se anunció con orgullo que vendrían más policías a Cartagena. Sin embargo, la anarquía continúa reinando en la ciudad y la delincuencia cada día parece estar más organizada. Como si fuera poco lo anterior, se restringió el parrillero en distintos puntos de la ciudad: los más pudientes le están recortando de a poco el sustento a miles de mototaxistas que no encuentran más nada que hacer ante la falta de oportunidades.
Al mismo tiempo, una gavilla de concejales salen libres por vencimiento de términos, las autoridades le caen “con todo el rigor de la ley” a mototaxis, palenqueras y vendedores ambulantes, cuyo único pecado en esta ciudad, donde reina la anarquía social y administrativa, ha sido no tener amigos entre la clase política o no tener un empleo lo suficientemente digno como para solucionar el problema con una llamada. En definitiva, su error ha sido no tener quien los defienda. Como dice el refrán, al caído caerle.