La Mesa de Gobernanza Local de La Buitrera, que agrupa la mayor parte de los lideres de la JAL, JACs, ONGs y sector privado del corregimiento se oponen a medidas del Municipio de Cali.
En la Buitrera, el corregimiento con mayor población de Santiago de Cali, con cerca de 55.000 habitantes, sus pobladores manifiestan su rechazo a cuatro de la administración municipal, que son: Cali Distrito; estratificación; catastro; y ampliación del alcantarillado.
Cali Distrito
En cuanto a Cali Distrito, tras enterarse de la primera aprobación el pasado 10 de agosto, por parte de la Comisión de Tierras del Concejo de Cali, la Mesa de Gobernanza local de la Buitrera, afirmó que, “si la Alcaldía y los concejales adoptan este proyecto, LA BUITRERA SE INDEPENDIZARÁ DEL DISTRITO DE CALI, de una forma u otra, para respetar las conclusiones y votación de sus habitantes. Si los concejales tuvieran duda sobre la votación de la Buitrera, la MESA está abierta a volver a hacer una Asamblea y a proceder a nuevas votaciones bajo la supervisión de la registraduría nacional”.
Esta secesión puede llegar hasta a la creación de un nuevo municipio.
Estratificación
“La estratificación rural es un concepto del año 1994, una legislación del año 2001 y una metodología (del DNP) del año 2002 que solo se está implementando en la actualidad (2021- 2023). Han sido establecidos por el gobierno nacional para ejecutar en todos los municipios, corregimientos y veredas del país, desde Leticia hacia Bogotá, desde La Buitrera hasta Puerto Carreño. No tienen en cuenta las particularidades de cada lugar ni están acordes con la situación de hoy, ́por eso exigimos la necesidad de una actualización y un consenso”, señala la Mesa.
También califican que los criterios de evaluación son anticuados y que hay además, una inequidad ruralidad-ciudad.
“No se entiende por qué los subsidios de los servicios públicos dentro de un municipio como Cali se basan en los materiales de construcción de la vivienda y no en la calidad del servicio recibido”.
Aseguran que, pese a que los servicios públicos son intermitentes y de mala calidad, las viviendas rurales han sido estratificadas en función de los materiales de las viviendas y evaluados como si se tratara de viviendas urbanas que cuentan con todos estos servicios en forma continua y con calidad. “Es una injusticia social”.
Señalan además que, es físicamente imposible estratificar cada vivienda rural, el uso de una metodología sectorial es inapropiado ya que en las laderas no hay “sectores uniformes”, a diferencia de los barrios de las ciudades.
También, afirman que si bien esta herramienta de ‘estratificación’, se concibió inicialmente como método de cálculo para los subsidios de los servicios públicos domiciliarios, con enfoque urbano, posteriormente se empezó a usar para una “categorización” de la población para acceso a las Universidades públicas y al SISBEN. “En el caso de Cali, se decidió también utilizar esta herramienta para modificar la tasa de los impuestos prediales”, expresa la Mesa.
Catastro:
La MESA se opone del todo a la forma de calcular el avalúo comercial de los predios de los corregimientos, y por ende a la forma de calcular el avalúo catastral.
“La población no se ha aún dado cuenta del todo de lo pernicioso del método de cálculo, ya que el incremento del impuesto predial ha sido provisionalmente limitado al 20% para el año 2023. El método de cálculo considera que la superficie total de los predios es construible, y por lo tanto multiplica el precio comercial del m2 construible o construido por la superficie total del predio, aunque el POT prohíbe o limita las construcciones”. “En consecuencia, este método de cálculo dispara el valor del predio y a mediano plazo el impuesto predial y obliga a casi todos los habitantes de la zona rural a declarar renta ante la DIAN ya que su predio de toda la vida supera de repente el valor base de patrimonio para declarar impuestos”.
Afirman que su efecto será desplazar a la población rural de su territorio por incapacidad financiera de pagar el predial e incapacidad administrativa de llenar las declaraciones anuales de impuesto ante la DIAN y hundir la población en la ilegalidad, obligándola a construir en zonas no construibles o a dejar invadir sus predios, con consecuencias dramáticas tanto para la institucionalidad del país como para el medio ambiente.
La Mesa asegura que presentará sus puntos al Gobierno Nacional.
Saneamiento, Alcantarillado y Ptar
La comunidad de la Buitrera rechaza el proyecto de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del municipio de Cali (UAESP) de ampliar el alcantarillado de las veredas El Plan y Pueblo Nuevo de La Buitrera mientras no esté solucionado el problema de la contaminación de las PTARs por descargas a los ríos Lili y Meléndez y por olores.
De igual forma, rechazan las propuestas de la UAESP y de Acuabuitrera de “recapacitar/ optimizar” en forma provisional las dos PTARs existentes ubicadas la una en el lecho del río y la otra sobre un nacimiento, y ninguna con vía propia de acceso.
También rechazan los 12.000 millones de pesos que se considera invertir en estos proyectos, para incrementar la cobertura del alcantarillado de 800 a 1.200 usuarios, a saber
30 millones de pesos por vivienda proyectada en una zona donde las nuevas construcciones están prohibidas.
“Este proyecto requiere de un permiso ambiental y social para poder ejecutarse.
La Mesa de Gobernanza solicita socialización y consenso sobre el Plan Maestro de saneamiento y está haciendo solicitudes específicas a la CVC, a Acuabuitrera y al Municipio (UAESP). Se opondrá a cualquier proyecto, oficial o particular, que incremente la contaminación de los ríos Lilí y Meléndez.
Por todo lo anterior, y por haber la Alcaldía eludido las peticiones de la Comunidad, radicadas en la plataforma “Orfeo”, La Buitrera se declara en ‘DESOBEDIENCIA CIVIL’ ante la administración municipal hasta que no dé respuestas de fondo a sus peticiones.
