Enrique Borda, abogado de la Universidad Nacional experto en derecho laboral, conocedor del mundo sindical y quien además fue el viceministro del trabajo de Luis Eduardo Garzón en el gobierno de Juan Manuel Santos mira de frente la realidad del desempleo se entendía pero también los grandes cambios producto de la fuerza del trabajo independiente, el desarrollo de la inteligencia artificial y las plataformas digitales.
La legislación laboral creada por la OIT hace cien años ha quedado rezagada y hay que reinventarla para asegurarle un trabajo decente a los de Uber y Rappi. El trabajo, como lo conocimos, se acabó, dice en esta conversación con Juan Manuel Ospina.
J.M.O: Enrique, ¿Nos vamos a quedar sin trabajo los seres humanos?
Enrique Borda: Hay que mirar la categoría trabajo en la humanidad como valor económico, ético y jurídico. Si uno se queda en alguna de las tres no es posible analizar juiciosamente el futuro del trabajo. Toca combinar estas tres categorías. Si uno se queda mirando lo de inteligencia artificial y trabajo se va a deprimir, pero si uno se sintoniza en cómo está regulado en los códigos de trabajo, vería algo positivo.
El tema de la parte económica racionalmente pensada del trabajo frente a la tecnología tiene dos tendencias: los tecnócratas optimistas y los pesimistas, es que en 20 años la mitad de los empleos que hoy existen ya no existirían. Con la segunda revolución industrial, por cada empleo se creó uno nuevo y se demostró que esto trajo un progreso absoluto. Hace una década en EEUU se pronosticaba que en el 2018 desaparecería un 10% de los empleos conocidos y nada de esto sucedió, todo lo contrario en el 2019 el desempleo bajó al 3.6%, mínimos históricos.
La otra mirada que hay que asumirla con responsabilidad es que, independientemente de lo que pase con Uber, o con el desarrollo biológico, tecnológico, con las áreas del mercado, existen unas columnas vertebrales éticas universales después de las guerras que hay que asumir como humanidad. En los 17 objetivos del Desarrollo sostenible, lo más importante es lo del trabajo decente. Este concepto que se armó hace 10 años en la OIT está cogiendo una fuerza fundamental en el tema de sostenibilidad no para los sindicatos sino para las grandes multinacionales. Independientemente de los avances de la revolución tecnológica, ahí están esos principios.
JMO: Ahora tomaste un punto muy oportuno que es diferenciar el trabajo y el empleo, ¿qué es lo que está cambiando? Porque una de las razones de las marchas en Colombia es la preocupación del para dónde vamos. Las pensiones, el trabajo de los jóvenes, el reparto de la riqueza. Los sindicatos están desapareciendo porque el trabajo clásico está desapareciendo. Profundicemos
E.B: Esto es muy pertinente para ir a la categoría jurídica del trabajo; mi campo como abogado (laboralista). En el Ministerio del trabajo llegaban las cifras del Dane y nos decían hemos medido el empleo en Colombia y no medían precisamente los contratos laborales sino el trabajo entendido como dependiente e independiente, es decir ese trabajo que desarrollan sin estar unidos formalmente. Todo este tema, el desplazamiento de los empleados tradicionales, podría ser una hecatombe y pensar que es que se acabó el trabajo. Se acabó una forma de trabajo. Entonces, si se acaba este tipo de ejemplo, ¿se acaban los sindicatos? Todo lo contrario, se necesitan estos espacios democráticos.
JMO: Entre los emprendimientos y el trabajo de ahora, que muchas veces se hace desde una casa, ¿cómo funciona el trabajo sindical?
E.B: Nadie se inventó los chalecos amarillos de Francia, ni están en la legislación laboral, y esos son los que se están organizando. La legislación del trabajo está quedada no solo en Colombia, en el mundo. Si leyéramos aparte de la declaración del director de la OIT a propósito de los 100 años de su fundación, encontraríamos que el gran reto de la Organización Internacional del Trabajo es entender que nada de lo que se habló cuando se creó la OIT está vigente. Hay que mirar las nuevas realidades del mundo del trabajo, ver como se regulan, o no se regulan; esa es otra opción, dejar que la sociedad se vaya organizando y por ejemplo ver que las personas que trabajan no lo hacen a través de un empleador sino de diferente manera, por ejemplo, a través de su celular, que es la trabajadora colaborativa de Uber. Esos son trabajadores que necesitan trabajo decente.
JMO: ¿El estado como puede acompañar?
E.B: Mira la Constitución del 91, dice que el trabajo se protege en todas sus formas. Entonces estos trabajadores independientes, que tiene graves problemas de protección social, tienen derecho al trabajo decente.
JMO: ¿Qué es trabajo decente?
E.B: Fundamentalmente es tener una protección del sistema general de Protección Social, un estado responsable debe presentarse con una propuesta seria para cubrir los riesgos básicos de los trabajadores independientes
JMO: Toda la estructura pensional está concebida a partir de la existencia de un empleo que sea formal, esto se tiene que transformar para estos nuevos tiempos y estas nuevas formas de trabajo
E.B: Es una obligación constitucional del derecho internacional del trabajo. Se ha avanzado. Si cogiéramos los sistemas de seguridad social colombiano, empecemos por el de pensiones, puede un trabajador independiente cotizar para su pensión y guardarse para su vejez? Lo puede hacer. Ya está la regulación. Eso se está haciendo; muchos están cotizando, existe la posibilidad de cotizar ganando el salario mínimo. Eso está naciendo y si no se apoya es posible que fracase, y si esto fracasa todos fracasamos porque tenemos un futuro de trabajo independiente
JMO: El horizonte es ese, hay que ponerle orden a ese escenario; un escenario donde hayan decisiones conjuntas entre lo privado y lo estatal, o tenemos que regresar a modelos estatales de seguridad social.
E.B: En Colombia hemos manejado mal el tema de diferenciar entre lo público y lo estatal. El que piense que lo público es lo estatal está mal. Lo público es lo de interés general. En el caso de la seguridad social se tomó esta decisión desde la Constitución del 91. No podemos hablar de un estado que le deja a lo estatal lo público; un estado langaruto incapaz de intervenir para que las pensiones no sean un negocio financiero. Necesitamos estado fuerte en el sentido de la intervención
JMO: Y recordarle los compromisos a los empresarios
E.B: Tienen que responsabilizarse del bienestar de los trabajadores y si no lo cumple tendrá que traer consecuencia. Estamos en un tránsito en donde lo ético tendrá que ganarle a lo jurídico y a lo económico.
