La sabana infinita y vigilada por la serranía se bañaba en oro con cada despertar. Los primeros hombres se levantaban para afilar sus hachas contra las piedras lisas y mojadas recitando décimas debajo de los platanales y los mangos, donde algunos pájaros iniciaban su cantar junto al bramido de los terneros y la voz de los trabajadores, todo armónicamente unido en un compás al que Miguel Antonio Ricardo Serna iba acompañando con un acordeón imaginario que solo él podía escuchar. Eso fue hace 30 años, pero Miguel lo recuerda y describe como si aquellas mañanas aún fueran parte de su presente.
Todo comenzó un 12 de mayo de 1991, cuando Miguel y otros 27 campesinos llegaron hasta El Toco, una parcelación de 1.500 hectáreas en San Diego, César, donde decidieron comenzar una nueva vida. Las tierras eran de Alfonso Murgas, un hacendado que había perdido su finca después de haberse quebrado con cultivos de palma y algodón. Se metieron sin pedirle permiso a nadie, pero sabiendo que podían llegar a una negociación con Murgas, quien al ver los cultivos de yuca, patilla, maíz, sorgo, melón, cacao y tabaco supo que ahí había gente trabajadora, gente que le estaba dando una nueva vida a esas parcelas abandonadas. Comenzaban a ser años prósperos para las familias, que ya eran más de cincuenta y seguían creciendo. Estaban negociando con el desaparecido Incora que había tomado posesión de El Toco luego de que Murgas se la vendiera, pero todo cambió el 22 de abril de 1997, cuando los paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte, por orden de Jorge 40, llegaron a las 10 de noche a la comunidad con lista en mano.
Miguel Antonio Ricardo Serna lleva más de 20 años intentando volver a sus tierras, pero está cansado de vivir amenazado y peleando por lo que le pertenece. Foto: Julián Gabriel Parra De Moya
Los 90 fueron los años del auge minero en el Cesar. Mientras la gente en El Toco formaba un asentamiento y una comunidad, a menos de 60 kilómetros empresas mineras como la norteamericana Drummond o Prodeco —filial de la multinacional suiza Glencore— abrían sus primeras minas en la región. Las guerrillas del ELN y las FARC estaban atentas y empezaron a extorsionar a las empresas e interrumpir sus operaciones atentando contra la infraestructura. Y en respuesta llegaron los paramilitares como parte de una estrategia de seguridad implementada en complicidad con las fuerzas armadas colombianas, que permitieron la operación de las autodefensas venidas desde Córdoba para defender y enriquecerse con la explotación de carbón en el corredor minero.
La norteamericana Drummond recibió las primeras licencias ambientales en 1991 y 1992 para la operación de la mina La Loma que para 1995 ya extraía hasta un millón de toneladas de carbón. Apenas dos años después la minera logró un nuevo contrato de explotación, esta vez de la mina El Descanso, ubicada entre los municipios de Becerril y Agustín Codazzi. Por su parte, la suiza Glencore adquirió en 1995 la empresa colombiana Prodeco, negocio con el que también se hizo a la mina Calenturitas, un título minero de 6.677 hectáreas en Becerril, El Paso y La Jagua de Ibirico. Actualmente Prodeco también tiene la mina La Jagua, compuesta por cinco títulos con una extensión de 2.861 hectáreas y habiendo logrado extraer en promedio unas cinco millones de toneladas de carbón al año.
La operación de Prodeco en el país. Además de las dos minas que poseen, controlan el ferrocarril para transportar el carbón hasta Puerto Nuevo, también de su bolsa, para exportarlo.
Pero al mismo tiempo que las mineras iban teniendo un próspero crecimiento, la violencia en el departamento iba en un tenebroso y sangriento aumento. Entre 1996 y 2006 los paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez cometieron por lo menos 2.600 asesinatos selectivos, mataron a otras 500 personas en masacres, desaparecieron a 240 más y el desplazamiento fue masivo: más de 50.000 campesinos tuvieron que abandonar su tierra. De toda esta violencia las dos mineras se beneficiaron, pues las parcelas de los campesinos del departamento pasaron a manos de testaferros de Jorge 40 como Huges Rodríguez, conocido como La Barbie. Rodríguez mandó quemar los ranchos, tumbar las cercas y ocupar el terreno de los antiguos pobladores de El Toco con dos mil cabezas de ganado.
Foto: Pax Colombia
El 22 de abril de 1997 un grupo de treinta paramilitares comandados por alias Daniel llegó a El Toco con la orden de matar a todos los miembros de la Junta de Acción Comunal y sacar a los demás de los predios. En la lista, entregada por el mismo Jorge 40 —comandante del Bloque Norte de las AUC— había cinco nombres: Baudelino Lozano, Darío Parada, Hernán Pinedo, Daniel Plata y Rafael Daniel Cogollo, presidente de la JAC. Sin embargo, como lo contó Francisco Gaviria, alias Mario, segundo al mando, les estaba tomando mucho tiempo encontrar a los hombres de la lista.
Alias Mario fue quien asesinó a Darío Parada, secretario de la junta, el 23 de abril en horas de la mañana. Lo sacaron de su casa. Iba vestido con una pantaloneta verde y una camisilla verde biche. El otro que también murió ese día fue Daniel Anotnio Cogollo, hijo de Rafael Daniel Cogollo, a quien confundieron por llevar el mismo nombre. El joven Daniel había llegado hace poco al Toco para conocer a su padre por primera vez. Pero él no estaba, había emprendido camino el día anterior a San Diego para asistir a unas reuniones de líderes comunales. Los paras llegaron a la casa de Cogollo, preguntaron por él y al revisar los papeles encontraron a Daniel Antonio. Uno de los armados desenfundó su revólver y disparó siete veces: “Ellos me buscaban era a mí. Pero no quisieron creerle a la mujer mía y las profesoras que gritaban ‘ese no es Daniel, ese es el hijo, el hijo, el hijo...’ El paramilitar llama por el radio y dice: ‘Aquí hay un Daniel pero dicen que no es’, y le contestan: ‘Ese es, dele, dele’. Mi mujer y mis hijas alcanzaron a oír eso”, cuenta Rafael Daniel.
Después de las dos muertes la mayoría de la gente en El Toco salió de sus tierras, entre ellos Miguel Ricardo Serna, quien también llegó en la mañana del 23 de abril después de estar en una misión de enfermería en San Diego. Fue testigo de la crueldad, de la violencia y el horror en su comunidad. La acompañó y la ayudó en un éxodo que hoy continúa.
Rafael Daniel Cogollo. Foto: Pax Colombia.
En un proceso largo y desgastante de restitución de tierras, que ha estado en el Incora, Incoder y la Unidad de Restitución de Tierras, se han presentado cerca de 96 solicitudes, de las cuales 38 han sido aceptadas. Hasta 2017, han sido emitidos 17 fallos a favor de los primeros habitantes del Toco, pero también de sus segundos poseedores. Miguel Ricardo Serna no ha sido uno de ellos. Sigue buscando que le den una tierra donde pueda volver a comenzar. El campo es lo que más extraña, es la vida que le arrebataron y no ha podido recuperar.
La mayoría de las tierras hoy siguen en manos de las mineras. La violencia se convirtió en un beneficio para Prodeco y Drummond, que exportan la mayoría del carbón explotado en el Cesar. Sin embargo, la gente en el departamento no se rinde y aún busca una reparación que vaya más allá de una restitución de tierras.
En marzo de 2013 cientos de campesinos decidieron unirse en la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir. Hoy son 15 comunidades, 9 organizaciones y cerca de 2.500 víctimas de desplazamiento, despojo y asesinato que juntaron fuerzas para buscar una reparación integrar en el corredor minero. Desde 2014 la Asamblea ha venido recibiendo el apoyo de PAX, una ONG holandesa enfocada en la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz.
En 2016 adelantaron, con el apoyo de PAX, una gira europea en medio de una campaña llamada Carbón Ensangrentado, con la que buscaron entrar en un diálogo con las empresas europeas generadoras de energía que compran carbón colombiano y saben que carga una historia de violencia. A pesar de que representantes de la Asamblea viajaron al viejo continente para hablar con parlamentarios y empresas, lo cierto es que los avances fueron casi nulos, o como el director de Pax para América Latina, Joris Van de Sandt, dijo: “nos mamaron gallo”.
Y cómo no reclamar, si la sangre sigue manchando las sabanas del Cesar, el oro negro —como también se le conoce al carbón— ha traido más dolor que riqueza y más injusticia que prosperidad. Desde el pasado 1 de diciembre PAX y la Asamblea Campesina del Cesar, encabezada por su presidenta Deyis Carmona y su representante Ebert García, comenzaron una segunda gira para entrar en diálogo con las empresas europeas generadoras de energía.
Sin embargo, no ha sido fácil. Las empresas no quieren hablar, no están dispuestas a escuchar. Tienen miedo de ser señaladas o vinculadas a procesos sobre violación de derechos humanos. Además, argumentan que sí han reparado a las personas de la región través de sus inversiones en proyectos sociales y ambientales, pero esa es una afirmación engañosa, pues esas son compensaciones contempladas en los proyectos de impacto ambiental y están dirigidos a poblaciones aledañas y trabajadores despedidos. Lo cierto es que no están haciendo estas inversiones a título de reparación para resarcir los impactos negativos de la minería en el contexto del conflictos armado.
Durante los últimos años Europa comenzó una transición energética, lo que significa que el continente ya no es el principal comprador de carbón colombiano y hoy solo representa, aproximadamente, un 20% del mercado, mientras países como Israel y Turquía, además de algunos latinoamericanos, se han convertido en los principales clientes.
Estas son las compañías agremiadas en Bettercoal. Foto: tomada de la bettercoal.org
El reclamo es claro: llevan años comprando carbón ensangrentado, deben asumir una responsabilidad. Y para ello la Asamblea buscó un diálogo con las empresas de energía agremiadas en Bettercoal, del que hacen parte 12 compañías y otras tres asociadas. Sin embargo, Bettercoal no quiso atender la invitación. Solo la empresa alemana Uniper y la finlandesa Fortum —accionista mayoritaria de Uniper— aceptaron un encuentro con la Asamblea y PAX.
Según Joris Van de Sandt, las empresas generadoras de energía se enfocan en decir que ellos nunca han tenido contacto con paramilitares, ni fueron sus financiadoras, pero pierden de vista que, si bien no han tenido una relación directa con los grupos ilegales, sí han comprado el carbón que explota Prodeco y Drummond en el país, aún sabiendo que esta actividad ha causado miles de violaciones de los derechos humanos. Si no asumen esa responsabilidad, según la Conducta Empresarial Responsable (CER) podrían pasar a ser consideradas como contribuyentes por violaciones de derechos humanos. Ninguna compañía quiere eso porque su imagen se vería duramente afectada.
Los campesinos tampoco quieren llegar a esos extremos. La Asamblea puso como principio rector no actuar por las vías de hecho, tampoco las jurídicas. Lo que les interesa es el diálogo, la reparación. Por ello propusieron un fondo de reparación para que, por ejemplo, haya recursos para la construcción de escuelas, para la financiación de becas de estudio para los hijos e hijas de las víctimas de la violencia carbonífera.
A pesar de los desafíos, los miembros de la Asamblea insisten en establecer un de verdad y reconciliación. Con las máquinas no se puede dialogar, con el ferrocarril mucho menos y ni qué decir con los directivos de Prodeco o Drummond, algunos hoy investigados e imputados por su participación en la violencia paramilitar en el departamento. Por eso, mientras estas dos multinacionales estén en el Cesar, los reclamos seguirán sobre la mesa y la exigencia será una: respetar la vida.
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