La última semana las empresas Transalvernia y Autogas tuvieron que cerrar sus puertas y abandonar el municipio de Tuluá presionadas por las extorsiones, dejando sin empleo a más de 60 personas que laboraban en estas compañías vinculadas al sector automotriz y que contaban con un alto reconocimiento en la ciudad.
El lamentable hecho sucedió el martes 19 de abril, un día después de que el comandante de la Policía, coronel Nelson Parrado Mora, presidiera un consejo de seguridad en el corazón del Valle y anunciara que se trasladaría a esta localidad para coordinar las acciones que permitieran enfrentar el fenómeno de la extorsión.
Los problemas de estas empresas se hicieron evidentes el pasado 21 de febrero cuando el propietario y gerente, Pablo Mauricio Loaiza Betancurt, fue acribillado a balazos en la carrera 30 con calle 23, del exclusivo barrio Alvernia, lugar donde funcionaba la sede de la empresa de transporte especial Transalvernia.
Si bien la empresa que contaba con 30 vehículos, al igual que Autogas, que ofrecía en la carrera 23 No. 39-15, el servicio de conversión de vehículos de gasolina a gas, taller especializado y mecánica en general, empleando a otras 30 personas, continuaron abiertas al público, las amenazas nunca pararon y por el contrario se intensificaron.
Las dos empresas que hasta el día de su asesinato eran propiedad y estuvieron gerenciadas por Loaiza Betancurt, empezaron a ser dirigidas desde la capital del Valle, sin embargo, ante las presiones de los extorsionistas, desde hacía varios días el nuevo gerente les había manifestado a algunos empleados que no fueran más a las oficinas temiendo por la integridad del personal.
Aunque las fuentes consultadas se abstuvieron de mencionar a la estructura criminal que presionaba el pago de la extorsión, se conoció que estaban exigiendo como contraprestación la entrega de una vivienda para permitirles continuar operando en Tuluá.
Hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto y las noticias que se conocen sobre este tipo de hechos solo se mencionan en voz baja y en círculos muy cerrados, “al día siguiente de hablar con un investigador de la Fiscalía y del Gaula Militar los bandidos los volvieron a contactar diciéndoles que habían ido a la ley, que ya sabían lo que iba a pasar”, contó una fuente que pidió reserva del nombre.
Esta última llamada hizo insostenible su presencia en la Villa de Céspedes y ante la falta de garantías para operar las dos empresas abandonaron la ciudad, confirmando que la extorsión está salida de control y que puede más el miedo que los anuncios grandilocuentes de las autoridades.
