A los grandes empresarios de este país les está yendo muy mal; su imagen negativa en la opinión pública es superior a la positiva pero además distintas encuestas que se han realizado últimamente en el país muestran que una gran proporción de la población considera que son corruptos. Estas han sido analizadas en un documento titulado ‘Liderazgo Empresarial en Tiempos de Crisis" de Reconciliación Colombia, la Fundación Ideas para la Paz, Usaid y Acdi/Voca. Un solo dato lo resume todo: el 83 % de los encuestados confían poco o nada en los empresarios del país.
En el reciente debate sobre estos resultados se plantearon algunas posibles explicaciones de este difícil momento por el que pasa el empresariado colombiano, que incluye a los llamados cacaos. Esos súper, súper, superricos que según el estudio de Garay y Espitia no pagan impuestos y viven llenos de subsidios que los gobiernos, especialmente el actual, les otorgan. Hay miles de posibles explicaciones, pero en lo que coinciden muchos es que a esta mala imagen han contribuido con gran éxito los gremios que los agrupan, y sus presidentes que asumieron posiciones que no les corresponden porque se les olvidó un hecho elemental: lo público es lo público y lo privado es lo privado. Lo primero se refiere a lo colectivo, a lo que tiene que ver con el bienestar de todos y lo privado es lo individual y responde a los intereses de unos pocos.
Por razones que ameritan análisis, a todos los gremios se les fueron las luces. La primera es la exagerada cercanía con el gobierno Duque que se expresa cuando ejercen una inmensa influencia sobre las decisiones gubernamentales como si fueran interpretes del bien común; y obviamente, no lo son. Un ejemplo claro de esta situación se dio cuando el presidente de un gremio recomendó que acabaran con Colpensiones y al gobierno le tocó salir de inmediato a rectificar la noticia de que eso no era lo que iba a plantear el respectivo ministro. La población que obviamente espera que el Estado se preocupe por sus derechos, rechaza este claro desborde de competencias y son los empresarios los que terminan pagando la cuenta.
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La Andi, ante la propuesta de rebelión civil de Gustavo Petro, salió a rechazarla a nombre de todo el empresariado. No son los gremios a los que les corresponde jugar el papel político de objetarla
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Pero eso no es todo. La última salida de la Andi ante la propuesta de rebelión civil de Gustavo Petro salió a rechazarla a nombre de todo el empresariado. Como afirmó Gabriel Silva en su columna de El Tiempo, así no es se esté de acuerdo con esa propuesta no son los gremios a los que les corresponde jugar el papel político de objetarla. Los empresarios no constituyen la oposición política porque sus intereses son otros. Si bien es cierto que no tenemos partidos, que la política está más desprestigiada que ellos, ese no es el papel que le corresponde a los gremios que representan en general, a los grandes empresarios del país. Una conclusión elemental: cuando se juega a la política en este país, se carga con el costo de una actividad que se reconoce cono profundamente corrupta y alejada de los intereses de los ciudadanos. Afortunadamente hay valiosas excepciones que nos permiten guardar la esperanza de que en el Congreso sí hay senadores y representantes que luchan por los intereses del país. Pero desafortunadamente son la minoría y no precisamente las cabezas del Legislativo.
Por todo lo anterior, es recomendable que los empresarios no solo vigilen más de cerca a sus respectivos gremios, sino que les pidan cuentas claras sobre sus actuaciones. Muchos colombianos que vemos ejemplos de empresarios valiosos, solidarios, comprometidos con el país nos preguntamos por qué sus representantes están ejerciendo un poder que termina perjudicando la imagen de sus miembros. Por eso esta amable sugerencia: empresarios, cuestionen a sus gremios, especialmente a quienes están a la cabeza de estos.
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Presidentes de Andi, Consejo Gremial, Sac, Fenalco: a todos los gremios se les fueron las luces; para empezar, su exagerada cercanía con el gobierno Duque
