Cansados de las llamadas extorsivas y de soportar la presencia de tres estructuras criminales en el sector de la rumba, ubicada en la entrada sur de Tuluá, los comerciantes y empresarios de la noche decidieron hacer pública la grave situación que afecta a uno de los principales renglones de la economía local.
Denunciaron que estas bandas delincuenciales vienen presionando el pago de extorsiones al tiempo que se dedican, sin ningún control, al comercio de sustancias psicoactivas, problemática que afirman, han denunciado en varias oportunidades ante las autoridades del municipio sin recibir respuesta que garantice su ejercicio comercial y su integridad.
De acuerdo con las denuncias conocidas, los empresarios y comerciantes de la noche no solo han recibido llamadas de las bandas criminales que operan en la ciudad, sino que además han tenido que soportar el asedio de la compañía Adán Izquierdo, disidencia de las Farc con presencia en el centro y norte del Valle del Cauca.
Las llamadas que se registran desde el año 2021 se volvieron más intensas desde el mes de enero del presente año, lo que llevó a los representantes de los comerciantes a colocar la situación en conocimiento de la Personería Municipal y el secretario de Gobierno, coronel (R) Jorge Gallego Chávez.
“Llegan al sitio grupos de personas, hombres y mujeres, algunos muy jóvenes en motocicletas, taxis y vehículos particulares a distribuir alucinógenos y no se ve un policía ni para remedio. Sobre la hora de cierre las peleas se han vuelto constantes y la autoridad no se da ni por enterada”, indicó una fuente que conoce de primera mano la situación.
La preocupación por el deterioro del sector y las constantes llamadas que los obligan a mantener apagados los celulares, para intentar bajar la presión, los llevó a poner en conocimiento de la ciudadanía la situación, que aunque es conocida por las autoridades locales, no ven acciones para contrarrestar el actuar de los delincuentes. “Quieren convertir el sector en una olla a la vista de todos y con total impunidad”, expresó un comerciante.
“Uno no entiende la posición de los miembros del Gaula, pues aunque informamos y denunciamos esta situación la repuesta es que debíamos esperar que se consumara el delito de extorsión para poder actuar. Es ilógico que nos pidan que paguemos para poder tomar acciones contra este crimen que tiene arrinconado a los tulueños”, dijo uno de los afectados.
José Martín Hincapié, personero delegado del municipio para los derechos humanos, confirmó que esa entidad es conocedora de la situación, “eso hace parte de todo lo que se ha dicho. El tema es muy complejo porque cuando las personas extorsionadas pagan, pasan de vivir a sobrevivir. El que decide sobrevivir siempre vivirá sometido y dispuesto a hacer lo que sea para sobrevivir”.
El funcionario, que es de los pocos en Tuluá que atiende a la prensa para responder a las denuncias que hace la ciudadanía, se abstuvo de profundizar sobre las actuaciones o acciones que se están tomando para brindar soluciones a los afectados, “hay que abordar esta realidad desde una perspectiva social, no solamente policiva”, agregó Hincapié.
Lo cierto es que las amenazas no paran y el mensaje es muy claro, “ustedes deben venir a hablar con nosotros, pagan o les metemos un explosivo en el local o si nos toca les matamos la persona que se encuentre en ese momento como responsable del establecimiento”, son algunas de las presiones que reciben para que accedan a pagar la cuota de la extorsión.
