“Tenemos total conocimiento de los contratos que vienen realizando en nuestra área de influencia”, advirtió una estructura criminal a contratistas de la Alcaldía.
La situación de inseguridad y orden público se agrava en el corazón del Valle sin que la delicada situación parezca importarle a autoridad alguna, generando una ola de zozobra entre la ciudadanía tulueña que se siente desprotegida ante la impunidad con la que actúan las estructuras criminales con influencia en la ciudad.
Las extorsiones de las que son víctimas empresarios, comerciantes, agricultores, contratistas y todo aquel que mueva un peso en el municipio obligó al cierre de los dos puntos de venta de Huevos Santa Rita, una de la avícolas más importantes del Valle del Cauca, que no aguantó la presión del llamado “Cartel del Huevo”.
Los cierres de los puntos de venta ubicados frente a la empresa Levapán, sur de la ciudad, y en la entrada al corregimiento de Aguaclara, nororiente de la localidad, se dio al inicio de esta semana, tras el homicidio de Saul Rojas, propietario de la distribuidora de huevos “Gallina Campesina Saulito”, crimen registrado el domingo 10 de abril en el barrio El Refugio, al occidente de Tuluá.
Este asesinato se sumó al ocurrido a mediados de febrero, cuando los sicarios acabaron con la vida de Miguel Ángel Rendón Orjuela, otro comerciante de huevos ultimado a tiros en un establecimiento comercial de su propiedad, ubicado en la carrera 22 con calle 29, crimen que se convirtió en el brutal anuncio de la aparición de un nuevo cartel, que se sumó a los carteles del cilantro, la cebolla y la papa.
Aunque una semana después del doloroso hecho la esposa del occiso reabrió el negocio para intentar continuar cubriendo los gastos de la familia, los violentos la obligaron a cerrar e irse de la ciudad. Hoy en la puerta del establecimiento se puede observar un aviso anunciando que el local está en arriendo.
Una situación de igual gravedad están viviendo ingenieros, arquitectos y contratistas de la Administración Municipal, quienes vienen siendo objeto de violentas extorsiones a cambio de no atentar contra sus vidas, familias y equipos de trabajo, como quedó en evidencia al conocerse una de las comunicaciones de la estructura criminal “La Oficina de Tuluá”.
El escrito confirmaría que los extorsionistas cuentan con información detallada de los trabajos que realizan estos profesionales en la localidad, situación que habría llevado a que varios de ellos acudieran ante el alcalde para buscar una solución. Aseguran las fuentes, que pidieron la reserva de su nombre, la actitud del mandatario los dejó atónitos. “Es mejor que paguen”, habría sido su lacónica respuesta.
En el mensaje extorsivo se advierte además que quienes no accedan a las propuestas para llegar a un buen acuerdo serán declarados personas no gratas “en nuestro territorio y serán declarados objetivo militar por parte de nuestra organización”, dándoles 24 horas para que se comuniquen.
De las extorsiones no se escapan ni los empresarios del agro, tal como confirmó un ciudadano que venía cultivando frutas con éxito en un predio adquirido en el corregimiento de La Marina, donde estaba generando alrededor de 40 empleos para jornaleros de la región, actividad que debió suspender al ser citado por las disidencias de las Farc con presencia en la zona.
Ante este oscuro panorama reflejado en las estadísticas que maneja el Observatorio del Delito de Tuluá, que al 21 de febrero de 2022 con respecto al 2021, evidenciaba aumentos del 142 % en homicidios, 100 % en hurto a vehículos, 48 % en hurto a personas, 31 % en hurto a motocicletas y 28% en hurto residencias, tiene sumido a los habitantes de Tuluá en la desesperanza y la angustia.
Desesperados los ciudadanos exigen que esta agobiante realidad sea priorizada en la agenda de las autoridades locales, sin que a la fecha hayan recibido respuesta por parte de ningún funcionario de la Administración Municipal, silencio que justifican por la ausencia del alcalde John Jairo Gómez Aguirre, quien se encuentra de vacaciones.
