El Estado colombiano es terrorista.
¿Cuánto puede ganar una señora que vive de vender empanadas en la calle? ¿Será que es multimillonaria, con colchones repletos de dinero, como a muchos les gusta creer con respecto a quienes piden dinero en la calle o viven de la informalidad? ¿Desde dónde tendrá que cargar su carrito o canasto de trabajo para llegar al norte de Bogotá? ¿Será que vive en un barrio aledaño a la Castellana con todos los privilegios de clase que ostenta el mencionado vecindario que cuenta hasta con una sede del Teatro Nacional para pasar el rato?
Puede que multar a unos ciudadanos con $830.000 por comprar una empanada no parezca tan alarmante como un collar bomba o un secuestro, pero sin duda es un acto de extrema violencia y más aún, un acto terrorista.
La RAE define el terrorismo de la siguiente manera: "Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. 3. m. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos".
Ahora bien, lo que sucedió por estos días cuando unos “agentes del orden”, amparados por el nuevo código de policía, multaron a unos vendedores y compradores de empanadas con la escandalosa cifra que se mencionó anteriormente, puede que no encaje en el imaginario colectivo de lo que entendemos por violencia.
Esto se debe a que estamos acostumbrados a identificar tan solo un tipo de violencia, la directa.
Sin embargo Johan Galtung, eminente sociólogo noruego, nos explica a través de su triángulo de la violencia, que ésta tan solo es la punta de un inmenso iceberg que no vemos en su totalidad.
Galtung expone que aparte de la ya mencionada violencia, directa, existen otros dos tipos de violencia que son igual, o más graves que ésta. Por un lado está la violencia estructural y por el otro, la violencia cultural.
La violencia cultural son todos aquellos dispositivos simbólicos que legitiman y naturalizan los actos violentos, especialmente contra entes sociales que, históricamente, se sitúan en una situación de vulnerabilidad o marginalidad.
Mientras que la violencia estructural es el despliegue sistemático de mecanismos de control por parte de un grupo, clase o casta en situación de privilegio, para que quienes se encuentran en situación de desfavorabilidad no alcancen el potencial máximo de sus posibilidades, tanto físicas, como somáticas.
En este orden de ideas, propiciar, a través de medidas económicas y sociales de diferente índole, que la gente cada vez tenga menos posibilidades de empleo formal y se vea abocada a la informalidad, como vender empanadas en la calle, es sin duda alguna un acto de violencia estructural del más alto calibre por parte del Estado.
Pero si a esto le sumamos que luego ese mismo grupo de privilegio, el Estado, diseña leyes para penalizar tal fenómeno con multas estrambóticas, que claramente dichas personas, al estar en una situación de marginalidad, no tienen con qué pagar, no solo es violento, sino criminal y terrorista.
Quienes leen esto y aun no se convencen, por favor pregúntense: ¿El Estado es un grupo organizado que por medio de una sucesión de actos de violencia ejecutados pretende infundir terror?
Por su inoperancia e ineptitud, muchas veces pareciera que no es organizado, pero lamentablemente sí lo es. Y uso el adjetivo “lamentable” porque pareciera que solo lo es al momento de perjudicar a quienes, se supone, debería servir, a los ciudadanos del común.
Pero sigamos diseccionando la definición de terrorismo en contraste con el Estado:
¿Cobrarle $830.000 a un estudiante universitario que tiene que comer empanadas en la calle, o a la humilde señora que se gana el sustento con el sudor de su frente, cocinándolas y vendiéndolas, yéndose todos los días hasta la Castellana desde quién sabe dónde, exponiéndose a todo lo que implica estar en la calle, afuera, sin resguardo, no les parece un acto criminal, especialmente cuando se encuentra en esa situación porque ese mismo Estado que funciona para multara, no funciona para brindarle una seguridad social estable y eficiente?
Iván Duque prometió que si era elegido como presidente no habría fracking en Colombia, esta semana comenzaron a practicarlo en Norte de Santander, prometió que no subiría los impuestos, le puso IVA a la canasta familiar, y ahora, en el marco de su gobierno surge un nuevo código de policía que permite estos absurdos. Los niños en la Guajira siguen muriendo de hambre y sed, los líderes sociales siguen siendo masacrados impunemente, pero la gloriosa Policía Nacional, combate el crimen poniéndole multas que rebasan sus salarios, a personas humildes y trabajadoras que tratan de sobrevivir tan honradamente como la ineptitud de un sistema corrupto, se los permite.
Violencia no es solo dispararle a otra persona, también lo es obligarla a morirse de hambre, o impedirle que trabaje y se gane su sustento.
Terrorismo es intentar propagar el miedo con fines políticos. ¿Quieren que nos dé miedo apoyar a los marginados? ¿Quieren que nos aterrorice cuestionar a "la autoridad"? ¿No son acaso el Centro Democrático y su "Mesías" quienes más propagan el miedo cada vez que pueden, en un intento descarado por lograr su instrumentalización y obtener réditos políticos con ello?
Irónicamente quienes llegaron al poder con un discurso antiterrorista parecen ser los más terroristas de todos. Negarlo es como decir que recortar los subsidios para los necesitados y luego mandarlos a comprar nuevos electrodomésticos como la gran solución, no es ser muy hijueputa en esta vida.
