El 23 de febrero iniciará el juicio contra el cuestionado contratista Emilio Tapia en el que será acusado por su participación en el entramado de corrupción entre la Unión Temporal de Centros Poblados y el ministerio de las TIC en el que se embolataron 70 mil millones de pesos que haría parte de los 2 billones con los que se llevaría internet a niños de zonas periféricas del país. Tapia, acusado en el pasado de ser el cerebro del Carrusel de la Contratación de Bogotá, se rehúsa a hablar con la justicia o a decir a donde fue a parar el dinero a pesar de que ha tenido reuniones con la Fiscalía que esperaba quisiera negociar un principio de oportunidad para obtener beneficios o una pena leve.
Ante el silencio de Emilio Tapia, en un documento de 44 páginas la Fiscalía lo acusó por el delito de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal debido a garantías que falsificó del Banco Itaú para que el ministerio desembolsara el dinero lo que terminó costándole el puesto a la ministra Karen Abudinen. Tapia se encuentra detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, con él también irán a juicio Juan José Laverde, representantes legal de la agencia de seguros Rave y Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados.
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