Cayó como una bomba la noticia del embargo ordenado por la Fiscalía de las acciones mayoritarias que detenta Inassa en la Triple A de Barranquilla (82,16%). Inassa las poseía en nombre del Canal Extensia, empresa subsidiaria en América Latina del Canal de Isabel II de la Municipalidad de Madrid, España. La razón del embargo, una asesoría técnica presuntamente ficticia que venía cobrando dicha empresa en Colombia desde el año 2000.
No era para menos, ya que cada día suma nuevos elementos el abultado dossier que se ha venido acumulando sobre la cantidad de irregularidades y corrupciones alrededor de la empresa que presta el servicio de agua, alcantarillado y aseo a más de dos millones de habitantes de Barranquilla y de catorce municipios más del Atlántico. Una semana antes, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, había anunciado desde España que directivos del Canal de Isabel II le habían informado que estaban dispuestos a devolver los dineros cobrados ilegalmente por una cuantía superior a los 80 millones de dólares, a razón del 4,5% del recaudo mensual de la Triple A. Se nota a simple vista la poca coordinación de los dos entes de control y de investigación en este caso.
Son tan variadas las anomalías ocurridas desde hace ya cinco lustros, cuando empezaron los despojos del patrimonio público de los barranquilleros, que ni siquiera el embargo y secuestro de dichas acciones, ahora en manos de la Sociedad de Activos Especiales SAE del Ministerio de Hacienda, las pueden ocultar. El primero ocurrió en 1994, cuando se le entregó en concesión el aseo de la ciudad a una firma de William Vélez, que empezó trabajando con los mismos vehículos del municipio, concesión prorrogada hasta noviembre de 2018. Si hubiera voluntad política, todo el andamiaje de Aseo Técnico debería revertir dentro de un mes al distrito de Barranquilla, con sus equipos, infraestructura, trabajadores, planta administrativa. Solo cambiaría la directiva. A partir de allí, las utilidades de alrededor de veinte mil millones de pesos anuales serían para todos los barranquilleros.
El despojo patrimonial de las acciones del Distrito en la Triple A, que pasaron del 85% al actual 14,5%, se inició en septiembre de 1996, cuando se creó Inassa S.A. entre Aguas de Barcelona (51%) y empresarios criollos (49%) que, según la revista Semana, compraron “con la cédula” el 43% de las acciones de la Triple A. El estropicio se acabó de consumar a principios del presente siglo, después de la ida de Aguas de Barcelona y la llegada del Canal de Isabel II de España, que compró la mayoría accionaria, en un típico negociado en Panamá.
En la letra menuda de la concesión a favor de los españoles reza un párrafo que dice: “Concluida la concesión por cualquier causa, el Distrito pagará a Triple A la parte no amortizada o depreciada del valor de las mejoras introducidas e inversiones en bienes y equipos”. Esto lo tradujeron contablemente como activos intangibles, que a 31 de diciembre de 2017 suman $364.757.038 (55% de los activos totales). Sería como pagar dos veces las mejoras e inversiones.
Nadie puede desconocer que Barranquilla cuenta con un servicio de agua de buena calidad, pero también que hay muchas falencias, como que la cifra de Agua No Contabilizada (pérdidas de agua desde las plantas de tratamiento) es más del 52%, una de las más altas de Colombia y de América Latina. Además, que el vertimiento al río Magdalena y al mar Caribe de aguas servidas sin tratamiento es del 75%, según el Informe Integrado de Gestión de la Triple A.
Importantes fuerzas vivas de la sociedad han insistido en que se adelante una auditoría forense en la Triple A, una investigación multidisciplinaria por la complejidad de los asuntos involucrados, con una colaboración armónica de los entes estatales y el concurso de la academia. La auditoría debería llevar a que se resarzan los perjuicios causados al distrito y a los usuarios y que los responsables tengan las condenas que dicta la ley.
