Las expectativas del 17E
La juventud colombiana se preparaba el pasado jueves 17 de enero para encabezar importantes acciones ciudadanas. Una, consistía en hacer visible, denunciar y enfrentar al grupo armado legal denominado Esmad (escuadrones móviles antidisturbios), que al final del año pasado (2018) había dejado una estela de violencia en los estudiantes universitarios que reclaman mayor presupuesto para la educación pública. En días anteriores habían realizado numerosas asambleas para definir la continuidad o no del paro y tenían preparadas grandes marchas para ese día, que abrirían el año 2019 con organización y movilización.
La otra actividad era un nuevo plantón nacional para exigir la renuncia del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, por sus vínculos con empresarios corruptos del Grupo Aval, comprometido con el sonado caso de Odebrecht y, rechazar sus actuaciones indelicadas e ilegales al frente de la Fiscalía que pretenden ocultar el entramado de corrupción que lo compromete con el “cartel de la toga”, su saboteo al funcionamiento de la JEP y otras conductas reprochables. El plantón del 11 de enero mostró la formidable potencialidad de esa acción y se auguraba una participación masiva (https://goo.gl/ECHqUc).
Además, venía acumulándose la rabia e impotencia de amplios sectores y organizaciones sociales e instituciones de derechos humanos de todo el país y del exterior, con los asesinatos de líderes sociales que en los primeros días del año ascendían a 11 dirigentes ultimados; o sea, uno por día, sumándose a cientos de líderes sacrificados el año pasado. Ante la presión de la opinión pública el Fiscal General reconoció la “sistematicidad activa” de grupos armados ilegales (https://goo.gl/HMwgkR), dejando ver la incapacidad del Estado (o ¿falta de voluntad política?) para detener ese desangre del movimiento social colombiano.
Es decir, había grandes expectativas y posibilidades de acción ciudadana y juvenil el 17E.
El ELN le hace un mandado a la oligarquía
A las 9:32 de la mañana de ese jueves, el ELN activó una carga explosiva en la Escuela de Cadetes de la Policía Francisco de Paula Santander en el sur de Bogotá. Causó la muerte de 20 estudiantes y dejó más de 80 heridos, entre ellos varios niños menores de 5 años que asistían a un acto de graduación. Supuestamente el conductor del vehículo murió en el acto.
Inmediatamente ocurrido el atentado terrorista, en medio de la confusión informativa y de la tensión generada por ese hecho criminal que parecía una “operación de falsa bandera” o un montaje, los dirigentes estudiantiles suspendieron la marcha contra el Esmad y los activistas virtuales se pusieron de acuerdo y aplazaron el plantón nacional contra el Fiscal General. Era lo más razonable frente a esa situación imprevista.
No obstante, hubo gran vacilación y mucha indecisión para tomar esa resolución. Ese atentado tenía todas las características de un “falso positivo”. La profusa información de la Fiscalía sobre el conductor del vehículo utilizado y otros detalles del atentado, generaba más dudas que certezas y todo apuntaba a que podría haber sido ejecutado por fuerzas oscuras de la derecha para beneficiar a un Fiscal acorralado, a un Esmad desacreditado, a un presidente Duque desprestigiado y a un expresidente Uribe que todavía no había podido hacer trizas el llamado proceso de paz con las Farc. Todo era posible e imaginable en ese momento y eso generó mucha incertidumbre.
Era insólito e inexplicable que se hubiera escogido ese día (17E) y que su objetivo fueran jóvenes estudiantes inermes que se preparaban para ser policías (posiblemente miembros del Esmad). Era evidente que un hecho de esa naturaleza colocaría al Fiscal, Duque y Uribe como protagonistas de primer orden, y que los enemigos del proceso de paz iban a aprovechar algo tan brutal y criminal para estimular el odio y la venganza entre el pueblo colombiano. Era claro que su objetivo era destruir los logros de carácter humanitario y democrático que han sido resultado de la desmovilización de las Farc, así el cumplimiento de los acuerdos sea a cuentagotas y en medio de grandes dificultades. Todo lo avanzado estaba en grave riesgo.
Finalmente, el lunes (21.01.2019) la comandancia del ELN reconoció su autoría, justificando el atentado terrorista como una acción de guerra y una retaliación por los ataques que el Estado y sus fuerzas armadas les hicieron durante la tregua declarada por ellos en las semanas de navidad y fin de año (https://goo.gl/bHkVW3). Frente a las evidencias se puede afirmar que el ELN es la “guerrilla” más obtusa y criminal del mundo. Hacen exactamente lo que le conviene a la oligarquía criminal. Son el mejor ayudante de esa casta dominante.
Lo sucedido ratifica una verdad que muchos simpatizantes de la insurgencia no logran asimilar: En Colombia la acción armada fue instrumentalizada desde hace varias décadas por el imperio y la oligarquía. Ellos no se dan cuenta porque el fanatismo cuasireligioso los ha llevado a aislarse del pueblo, y terminaron siendo instrumento de sus enemigos.
Una fiesta que no le salió bien a la casta dominante
Al conocerse los detalles del atentado y el número de víctimas, el gobierno y las fuerzas uribistas se prepararon para organizar una orgía guerrerista contra la paz. Uribe deliraba por twitter contra los acuerdos firmados por Santos. El Fiscal General mostraba los resultados inmediatos de su investigación en medio de un frenesí que hacía sospechosa toda información proveniente de su oficina. Duque se mostró cauto al principio, pero ante el furor de sus socios de gobierno y las reacciones de las familias de los jóvenes cadetes, fue radicalizando su posición llamando al país a la “unidad” alrededor de “la defensa de sus instituciones”.
Uribe quiso revivir el febrero de 2008. En esa fecha se movilizaron millones de personas con la consigna de “No más Farc”. Para ese momento se había acumulado entre amplios sectores de la población un sentimiento de rechazo –casi unánime– frente a las acciones criminales de esa guerrilla, especialmente, la masacre de los 11 diputados del departamento del Valle del Cauca y la forma inhumana como trataban a los secuestrados políticos o extorsivos.
Duque, en medio de la embriaguez “patriótica” y presionado por su jefe, lanzó una especie de ultimátum al gobierno de Cuba para que capturara a los negociadores del ELN que estaban en La Habana y reforzó la convocatoria a marchar masivamente el domingo 20 de enero. Pero la fiesta y la orgía guerrerista no tuvo la asistencia masiva que preveía la cúpula en el poder. La más grande concentración fue la de Bogotá y la de Medellín, pero no representaron ni el 5% de lo que lograron movilizar en el pasado.
Algunos dirigentes de oposición, los autodenominados “tibios”, concurrieron a la convocatoria gubernamental presionados por el supuesto “interés y unidad nacional”. Gustavo Petro, más conectado con el sentir popular, mostró su solidaridad con las familias de los cadetes masacrados, con la policía y la sociedad colombiana, pero al no asistir demostró que no se deja presionar por quienes en realidad celebran la muerte y la convierten en motivo de odio, venganza y guerra.
Todo apunta a pensar que la sociedad colombiana ha evolucionado en los últimos años. Se rechaza la violencia y se solidariza con las víctimas, pero se empieza a identificar a los guerreristas y corruptos de la cúpula dominante que se aprovecha de las acciones de los grupos armados descompuestos para mostrarse como defensores de la “patria”, el orden y la seguridad, cuando en realidad lo único que les interesa es mantener su corrupto poder.
Lo observado el 20 de enero es un aliciente hacia el futuro porque muestra, en forma todavía parcial pero creciente, que las reservas democráticas han avanzado y que existe un gran potencial acumulado, especialmente entre la juventud, que debe ser convertido en organización y movilización política consciente y activa.
Hoy, fruto de la evolución política de esa ciudadanía más consciente, claramente se han ido configurando dos bloques políticos irreconciliables: quienes usan la guerra para mantener su poder antidemocrático, corrupto y criminal y, quienes impulsan la paz para construir democracia y crear condiciones para derrotar a la casta oligárquica dominante. No hay la más mínima posibilidad de unidad entre esos bloques y, en esas circunstancias, no hay que tenerle miedo a la polarización. Por el contrario, hay que promoverla y desarrollarla a todo nivel.
Colombia y la región
El gobierno de Duque-Uribe estaba esperando un hecho de ese tipo. Su envalentonamiento guerrerista desnuda las intenciones de la casta dominante colombiana de involucrar en el conflicto armado interno a gobiernos de países vecinos, entre ellos, a Venezuela. Ya empezaron torpemente con Cuba, presionando a su gobierno a desconocer los protocolos firmados por el Estado colombiano bajo el gobierno Santos y capturar a los delegados del ELN que están en La Habana a la espera de continuar con las negociaciones de paz.
Dicha actitud hace parte del compromiso que han asumido con los sectores más reaccionarios del gobierno de los EE.UU. y de América Latina. En el fondo, esas acciones injerencistas con la OEA y el Grupo de Lima, son un intento por ocultar las debilidades y falencias de un Estado y de un gobierno que pretende dar lecciones de democracia, mientras no puede controlar su propio territorio, invadido por cultivos de coca, marihuana y amapola, y controlado por economías criminales (narcotráfico y minería ilegal) que son el verdadero combustible de todos los grupos armados ilegales, que imponen su poder sobre muchas comunidades rurales y zonas periféricas.
Se ha hecho visible, con ocasión de este incidente, que el gobierno colombiano, bajo la orientación de Uribe, tiene la intención de escalar el conflicto armado interno para ponerlo al servicio de la intervención imperial en la región, empezando por Venezuela. Van a utilizar la presencia del ELN en zonas fronterizas como las de Arauca y el Catatumbo, para agudizar las tensiones con el gobierno de Maduro, acusándolo de apoyar o refugiar a integrantes de esa guerrilla.
La miopía política del ELN no les permite a sus dirigentes entender el alcance de ese acto terrorista que más que posicionarlos frente a la sociedad o a una posible negociación, los convierte de hecho en motivo para sabotear y bloquear la acción ciudadana o para ambientar tensiones internacionales que responden a intereses geopolíticos de los EE.UU. y Europa.
Sin embargo, la debilidad de la convocatoria uribista del 20 de enero de 2019 demuestra que no la van a tener fácil. Para impedir los planes guerreristas de Uribe, la lucha por la paz debe empezar por presionar al ELN para que rectifique y renuncie a su acción armada aislada del pueblo, pero, también, debe cerrar filas por darle continuidad a los acuerdos con las Farc. Igualmente, se debe levantar con toda claridad y decisión la lucha por la no injerencia del gobierno colombiano en los asuntos internos de países vecinos y el respeto al derecho de autodeterminación de las naciones.
Además, se hace necesario mantener y fortalecer la lucha por desenmascarar al gobierno de Duque, seguir exigiendo la renuncia del Fiscal General, colocar la prioridad sobre los intereses populares promoviendo acuerdos amplios entre las organizaciones sociales para construir una nueva agenda del movimiento social que oxigene las luchas que están en desarrollo.
Conclusión
Un hecho tan grave como el sucedido ha puesto en tensión a las fuerzas de la sociedad. Han sido días de máxima tensión y de nuevos alineamientos. Los estertores de la nueva lucha por la paz y la democracia, no la que diseñó y ejecutó Santos y la burguesía transnacional sino la que hoy impulsan las ciudadanías libres apoyándose en sus líderes y dirigentes más esclarecidos y decididos, han logrado desenmascarar a Duque, sacarlo de la zona de confort que quiso construir, y han mostrado que la oligarquía criminal no tiene todas las de ganar.
Este round no ha terminado, recién empieza, y por ello se requiere clarificar el camino y tensionar las fuerzas. Ha llegado la hora de impulsar una verdadera organización popular, en donde las raíces y lazos sociales sean la base para avanzar y la acción electoral esté subordinada a una estrategia de lucha por verdaderas transformaciones de nuestro país, la región y el mundo.
