Del adagio popular, lo que no sirve estorba, nace esta posibilidad de eliminar aquellos entes de control que en este país nada controlan. Vale traer entonces a colación aquello de que resulta peor el remedio que la enfermedad y es que de la experiencia hemos visto cómo la Contraloría y la Procuraduría poco o ningún resultado han producido en el control fiscal, léase recursos públicos y control disciplinario, entiéndase sanción a servidores públicos.
La tarea y la facultad de la Contraloría para vigilar y controlar los recursos públicos de este país es posterior a la ejecución de los contratos del estado, así las cosas esta intervención se limita a "mirar qué pasó con la plata de los contribuyentes" después de que la plata del erario la mayoría de las veces es irrecuperable. Se ha visto en televisión cómo el señor contralor ha salido a informar de la pérdida por sobrecostos del erario en obras como Reficar en Cartagena; pero lo que no se ha visto aún, y solo en ese caso como ejemplo, es que la Contraloría haya salido a decir que ya se recuperó la totalidad de esos sobre costos, al menos la mitad, o al menos un poquito. Eso no ha pasado, ni tampoco pasará.
En el caso de la Procuraduría General de la Nación, el proceso disciplinario en contra de servidores y funcionarios públicos, solo para decidir si se les inicia proceso, es demasiado largo, mínimo un año. Además, este proceso disciplinario en muchas ocasiones genera sanciones cuando el personaje, en el caso de los cargos de elección popular, ya se ha ido del puesto. Endeble por no decir que nula la seguridad jurídica de los fallos proferidos por la Procuraduría General de la Nación, los cuales en algunos casos son reversados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como en el caso de la exsenadora Piedad Córdoba y el exalcalde Petro en Bogotá.
Estos entes de control, tanto la Contraloría como la Procuraduría, han sido repartidas como botín burocrático y han terminado al servicio de la politiquería y por ende vienen generando más corrupción que la que deben de combatir, investigar y sancionar. El endurecimiento de penas y el fin de la laxitud de la ley sancionatoria debe de ser un principio en la lucha contra la corrupción en este país.
