Se transportaba en una camioneta Toyota TXL acompañado de muchachas altas, elegantes, que contrastaban con su corta estatura. Se trataba de John Jairo Jiménez Atencio, alias El Pichi.
Pichi era un hombre clave en la estructura del clan del golfo. Era el encargado de coordinar los envíos de droga desde el norte del país. Fue uno de los delincuentes que cayó en la operación Agamenón. La pena, inexplicablemente, la pagaba en un cómodo apartamento en Cartagena, un lugar que se había convertido en un centro de operaciones del narcotráfico.
Logró detención domiciliaria y permanece tranquilo en un apartamento en el edificio Galeón Azul de Bocagrande, uno de los mejores barrios residenciales de Cartagena, desde octubre del 2015. Los fines de semana se pega sus escapadas no perdonaba asistir a rumbas hasta la madrugada sin que nadie lo controlara.
El escándalo sobre los privilegios que disfrutaba, estalló en septiembre del 2016 y no exactamente por las autoridades sino por uno de los más duros rivales en el mundo de la droga: Otoniel. Otoniel había pagado cuatro falsos guardianes del Inpec, para secuestrarlo y llevárselo a rendir cuentas. La policía nacional reaccionó de inmediato y empezó un tiroteo por las calles de Bocagrande. No hubo heridos pero el ruido de las balas sonó alto: para los 2.800 presos por cárcel que están detenidos en Cartagena quedó claro que solamente tres guardianes del Inpec con tres motocicletas los cuidaban. El promedio era ridículo: tan solo un guardián por cada 833 detenidos.
Después del escándalo alias El pichi sigue en su apartamento con un brazalete electrónico en su brazo. Un brazalete que a veces sirve y a veces no.
Este no es el único delincuente que se ha visto beneficiado de la legislación del Impec y los criterios para decidir sobre las condiciones de las penas.
El inspector de policía de la comuna 12 de Cartagena fue condenado por permitir la urbanización ilegal y el prevaricato por omisión en el edificio portales de Blas de Lezo II que el pasado 27 de abril se desplomó y mató a 22 personas. Olimpo de Jesús Vergara, ex jefe de control urbano, se entregó en junio por los mismos delitos relacionados con el colapso del edificio. Ambos en este momento están pagando cárcel en sus comodos apartamentos también en Bocagrande.
Entre enero del 2006 y septiembre del 2015, la banda que encabezaba Martin Torres Monterrosa pusieron a circular cheques que superaron los $4.500 millones. En una jugada inexplicable, Torres Monterrosa pudo negociar a finales del 2015 su traslado a un apartamento en Bocagrande en donde está pagando su condena. En los expedientes reposan los casos de José Narvaez Navarro quien paga su condena por los delitos de fabricación y tráfico de armas de fuego, al igual que Luis David Castro Torres, en apartamentos con vista al mar en Cartagena.
La decisión de dar casa por cárcel a casi todo el que lo pida se debe, no solo a la influencia política que puedan tener, sino al hacinamiento que cárceles como San Sebastián de Ternera, quien tiene un sobrecupo del 100% tal como la ha denunciado desde su blog el periodista cartagenero Lucio Torres quien prendió las alarmas: .
La situación preocupa no sólo a la comunidad sino a los propios guardianes del Inpec quienes ven como los jueces siguen otorgando sin parar estos beneficios. Es que la cifra sigue creciendo. En septiembre del 2016, donde hubo el último reporte oficial, habían 2035 personas tenían el beneficio de casa por cárcel en Cartagena discriminados de esta manera: 1212 correspondientes a detención domiciliaria (otorgada a sindicados), 392 con prisión domiciliaria (para condenados) y 431 con vigilancia electrónica (tanto para sindicados y condenados). De todos ellos hay 20 jefes de Bandas Criminales y, lo más preocupante, es que sobre más de 900 de ellos no hay control alguno, hasta el punto que la policía no sabe en dónde están.
Esta situación inaceptable desde el punto de vista de cualquier justicia es uno de los comportamientos que el fiscal Nestor Humberto Martinez quiere poner en cintura que la ley anti-corrupción que acaba de radicar este 20 de julio en la Cámara de representantes.
