El pasado 8 de febrero la inmensa mayoría de los manifestantes convocados por ciudadanos, el Comando Nacional Unitario de las centrales obreras y pensionados, la coordinadora nacional por el cambio y el mismo presidente Gustavo Petro, marcharon e hicieron plantones frente a las instalaciones de la Fiscalía en todo el país. Unos pocos lo hicieron frente al Palacio de Justicia en Bogotá, donde funciona entre otras, la Corte Suprema de Justicia.
Los manifestantes expresaron su total desacuerdo con el fiscal Francisco Barbosa en la ruptura institucional que ha venido provocando, al convertirse, de una parte, en la punta de lanza de la oposición política al gobierno del presidente Gustavo Petro y de otra en buscar como la Fiscalía investiga al presidente Petro, que no es de su competencia, para constituir elementos de ingobernabilidad que precipiten un golpe blando al estilo de los utilizados en Brasil, Salvador, Guatemala, Paraguay, Argentina, Ecuador y Perú, para separar del cargo de presidente a Gustavo Petro.
Dichas manifestaciones además, señalaron la inconveniencia de que en la eventualidad que la Corte Suprema no nombrara la fiscal, como en efecto sucedió, nombrarían como encargada a la vicefiscal Martha Mancera, como acaba de suceder, que en las últimas semanas ha quedado involucrada con situaciones de narcotráfico en el puerto de Buenaventura con un funcionario del CTI, Pacho Malo, denuncias hechas con grabaciones y testimonios dados a conocer por el periodista Daniel Coronel.
Además se acompañó la protesta con la exigencia a la Corte de la elección de la fiscal.
En el 99,9 % de las marchas y plantones se desarrollaron de manera pacífica, pero eso sí contundentes, con el rechazo a la ruptura institucional del fiscal Francisco Barbosa y el respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro, hecho que frente a toda la labor mediática contra Petro, revelaba lo que las encuestas del Centro Nacional de Consultoría mostraron y es un respaldo popular y una opinión del más del 50 % de favorabilidad del presidente Petro.
El 99,9 % de las marchas y plantones se desarrollaron de manera pacífica, pero eso sí contundentes
Solo un hecho, absolutamente minoritario, en la cual no más de 5 personas de los manifestantes en los alrededores del Palacio de Justicia, en Bogotá, intentaron correr y sobrepasar la vallas, cuestión por lo demás imposible de realizar por dichas personas, y que por tal nunca estuvieron en riesgo, ni las instalaciones del Palacio de Justicia ni ninguno de los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque rápidamente, en menos de un minuto, el grueso de los manifestantes les solicitaron que no lo hicieran y los retiraron. Pero además, el mismo jefe de la policía el general Salamanca entró al Palacio de Justicia a pie, sin que nadie se lo impidiera, garantizando la seguridad de los magistrados, quienes pudieron salir en sus vehículos, no en helicóptero, cuando a bien los dispusieron, con lo cual queda desvirtuada la pretendida retención de los magistrados. Ni heridos, ni detenidos, con lo cual se corrobora que no hubo riesgo alguno y las analogías a la toma armada del Palacio de Justicia por el M-19 de 1985 son ridículas y solo malidecentes para intentar de nuevo un rechazo a las protestas de ese día.
Nada comparable a lo sucedido en el estallido social donde los heridos, muertos y mutilados de un ojo, siempre los pusieron los manifestantes. Si recordamos unos y otras manifestaciones y reparamos en detalle los vídeos, veremos que fue un insignificante suceso que hoy quieren llevarlo a la más alta calificación de delito, con supuesta violencia y presunta retención de magistrados, con el único propósito de invertir el proceso de que la ruptura institucional la promueve es el presidente y no el fiscal Barbosa.
Los hechos demuestran que fue un accionar democrático y pacífico.
Pero además quiere decirse que fue un agravio contra la justicia y la Corte Suprema de Justicia, pues a la justicia no se le puede presionar o rechazar pacíficamente sus decisiones.
Pues al respecto siempre habrá que decir que el derecho a la protesta contra cualquier autoridad, incluso la de la justicia, es irrenunciable y que se puede ejercer o para exigir el cumplimiento de alguna de sus obligaciones, como en este caso, elegir la fiscal de la terna que le presentó el presidente de la República o en otros casos, por ejemplo, como han sido las manifestaciones de las mujeres proaborto frente a la Corte Constitucional para lograr un fallo a favor de su causa.
De tal manera que la Corte Suprema no puede rechazar que la población haga uso de sus derechos constitucionales y legales y mucho menos decir que no pueden ejercer presión sobre sus decisiones y mucho menos si son sobre asuntos administrativos como es el caso que nos ocupa, la elección de un fiscal, además porque están obligados a hacerlo.
Se trata entonces ahora de saber cuándo la van a elegir. Cada vez que se demoren más, generarán una amplia gama de dudas por no hacerlo, y todas ellas nos llevan a que estarían facilitando la gestión de la fiscal Martha Mancera cuestionada y vinculada con asuntos non sanctos, que como diría el poeta Rafael Pombo, "dónde haya queso, no mandéis gatos".
Posdata: ¿La Corte elegirá la fiscal decente que necesita el país el 22 de febrero? Amanecerá y veremos.
X: fabioariascut
