Una es la relación entre la academia y la democracia en la que la base común son los modos de acción del estado de derecho, guiado por principios de libertad, pluralidad, autoridad del foro, participación y reconocimiento de mayorías y minorías. Otra distinta y compleja es la relación entre academia y procesos electorales, en la que la dinámica política da tratamiento de extranjeros, exiliados, ajenos, a quienes componen la comunidad académica, tratados no como partes del mundo intelectual que gira en torno al conocimiento y las libertades, si no como invasores que cuestionan lo que hace la política.
En Colombia la historia de esta relación academia-elecciones no es buena consejera ni tiene grandes momentos de armonía que mostrar. La academia, sus comunidades universitarias, se levantaron en 1929 contra el despotismo del gobierno, en 1957 derrotaron en las calles una dictadura y sus libros e investigaciones desdibujan las narrativas de discriminación, vasallaje y colonialismo en que se sostienen los poderosos. Recientemente en el seno mismo del Congreso, su presidente, del partido en el poder, mandaba a callar a una vocera estudiantil y dos décadas atrás ahí mismo los partidos tradicionales se unían para poner en jaque la autonomía de las universidades.
Hay una brecha amplia entre lo que quiere y necesita la academia en términos de ciencia, cultura y tecnología y lo que ofrece y justifica la clase política. Los y las intelectuales tienden a ver las cosas como son y hacen previsiones sobre cómo llegarán a ser y eso resulta contrario a la velocidad y presente inmediato de resultados que quiere la política. Ahí se ubica una asimetría esencial: la academia es pausada, de tiempos largos, reflexiva, la política es del ahora.
A la coyuntura de elecciones las universidades llegan con mayor conciencia colectiva sobre el origen, modus operandi y responsables (organismos, agentes del estado y terceros) comprometidos con la barbarie de los últimos 50 años de violencia política, lo que augura un crecimiento paulatino de un sentimiento profundo abiertamente antifascista que se reflejará en las urnas). Se creará un macroproceso del impacto del conflicto en las universidades que abrirá una caja de pandora de responsabilidades de la clase política y económica. Magdalena, Córdoba y Atlántico, ya han sido reconocidas como universidades víctimas, que soportaron gobiernos universitarios paramilitares aliados con sectores políticos tradicionales que quizá ya estén colgando su propaganda electoral junto a sus campus.
Los estamentos universitarios, como es usual, estarán atentos a mantener sus territorios a salvo de la disputa política y estar libres de las injerencias de agentes externos. En cambio, ahondarán su relación con sectores sociales para fortalecer el estado de derecho, incluyente, multicultural y laico. Las universidades saben por experiencias y teorías que es necesario impedir que su autonomía quede condicionada a la chequera del gobierno o sujeta a las promesas de futuro siempre incumplidas.
La autonomía faculta constitucionalmente a las universidades para decidir su propio destino, en razón a su naturaleza cultural y científica en la que la democracia de máximos y mínimos no es simétrica y ese hecho resulta insoportable para la clase en el poder. La universidad es universalidad del saber, permanece abierta a las tendencias del pensamiento y tanto ideologías como opciones políticas tienen cabida en el debate, pero no capacidad para modificar sus agendas, ni sus planes de desarrollo.
En ellas los argumentos, teorías y análisis de prácticas basadas en sus propias experiencias en contexto y con sentido de realidad, son los que producen conclusiones no anticipadas de las propuestas electorales, tomando distancia ante adhesiones, pasiones, sentimientos de odio o vendettas. Los juicios propios de la academia corresponden a la racionalidad que comprende la realidad en dicho contexto y en concreto, como consecuencia de que en las universidades (por lo menos públicas) para tomar y ejecutar decisiones no basta con la orientación de sus autoridades, ni del arbitrio del gobernante.
Esa es otra asimetría de fondo entre academia y elecciones, la política de “castas” hizo costumbre en que son casas, familias, apellidos, empresas de poder, las que definen por quien y a quien designar, votar o inclusive permitirle vivir o sentenciar una desaparición política, social, legal o física. Los partidos tradicionales en su dispersión de grupos van a elecciones sin ideas propias, ni propuestas de nación, Estado, o gobierno, les importa el poder. Allí es recurrente la carencia de libertades, la academia en otra asimetría es impensable sin libertades (asociación, reunión, opinión, conducta, investigación, expresión y cátedra), que explican entre tantas cosas el porqué del sentido antifascista y de contraposición a las maneras de la política única y homogeneizante.
Las anomalías en los procesos electorales en Colombia dificultan aún más la existencia de relaciones armónicas con la academia. Hay un lugar vergonzante en el ranking de lo que debe estar proscrito, pero que no lo está. Es claro que se compran y venden votos, que hay empresas electorales disponibles para negociar acomodaciones en las estructuras de poder, que se venden imaginarios con falsedades que al estilo Goebells se hacen verdad, que los corruptos no son entes solitarios sino sistemas, que los medios no son imparciales, ni el gobierno un garante con legitimidad.
Los jóvenes saben que son una fuerza incontenible con más de 11 millones de votos y que en un 90% no votaron para elegir concejos municipales de jóvenes (idea del gobierno) señalando con su conducta un No rotundo a creer en el desdibujado modelo democrático y el gobierno actual. Ellos serán la base principal de las elecciones, un sector capaz de aportar la mitad del electorado. Ese grupo de jóvenes que tiene la edad de la constitución y que conforma la base estudiantil universitaria, con alto desempleo, sin ingresos y oportunidades restringidas tiene un lenguaje y expectativas que el gobierno y la clase política no han comprendido a cabalidad, provienen de sectores populares, tienen las huellas de marginaciones, exclusiones y discriminaciones producto la guerra vivida por sus familias.
Muchos son hijos de la orfandad por la masacre, el destierro, el despojo. Como lo develó la pandemia las universidades públicas sí responden al objetivo social de su fundación, en el sentido de atender a poblaciones vulnerables, o más bien vulneradas. Están ocupadas por jóvenes procedentes de los sectores populares en un 80% (según estratos 1, 2, 3) y un 20% de clase media y, sus nóminas docentes y de funcionarios, perfectamente encajan en indicadores de clase media. Esta composición permite suponer que los partidos que históricamente han controlado el poder, antes y ahora, no podrían esperar resultados a su favor.
La anterior generación tiene en la memoria los desastres del frente nacional, el fraude electoral de 1970, el paro cívico de 1977, el estatuto de seguridad de 1982, el horror del final de los años 80s y 90s y el espionaje y los falsos positivos de comienzos del siglo XXI. Tienen la lección del asesinato de 4 candidatos presidenciales de centro e izquierda en un solo momento. La academia sabe de cada trozo de historia fragmentada a medida que sus responsables se acogen a la justicia especial de paz o cuentan su papel a la comisión de la verdad, señalan con el dedo acusador con nombres propios a integrantes de clase en el poder de elites, comprometida, con el proyecto paramilitar de refundación de la patria y revelan que ellos (los paras) son hijos del estado y que lo que hicieron, lo hicieron con anuencia de las mismas casas de poder vigentes.
Entre líneas en la coyuntura electoral se leen mensajes de odio. Los paramilitares están en ejercicio y reafirmando alianzas unos, otros delatan cómplices, anuncian a sus patrocinadores en ejercicio que no cesan de querer borrar, negar el pasado, fortalecer imaginarios del presente y están confiados y seguros de que redefinirán el futuro entre ellos y sin los demás. La academia no cuenta para la política tradicional en el debate público electoral, sus voces críticas son escasas y débiles, las comisiones de sabios dicen cosas que se archivan en secreto, las academias de la ciencia son invisibles a la política y los presupuestos de cultura y ciencia son mínimos.
La academia de ideas y programas no tiene espacio en la política en Colombia. En las campañas hay slogans, frases, descalificaciones. Un candidato por ejemplo tomó la voz quichua del amha quhila, ama llula de la constitución de plurinacional de Bolivia (no robar y no mentir) sin contexto ni relación con la cultura, pero bravucón se nomina el original, otro se proclama anti corrupto, aunque su partido impidió aprobar un referendo de10 millones de votos contra la corrupción, alguno casi que se ofrece a ser presidente para gobernar a Venezuela.
¿En esos términos cómo y quién convoca a debate a la academia?, ¿cómo evitar la sospecha común de la clase política por la academia, por la juventud, por la rebeldía?, ¿Cómo liberar a la política tradicional de su prevención por la inteligencia autónoma, crítica? ¿Cómo hacer que quien quiera gobernar asuma como una prioridad superar estados de cosas inconstitucionales en cárceles, desplazamiento y acuerdos de paz, pero además detenga el genocidio contra pueblos ancestrales y defensores de derechos, que supera a otras demandas?
Los informes de ONU, Human Rigths, CIDH, Congresistas demócratas, periódicos influyentes, y organizaciones y agencias internacionales respecto al estado de derecho reflejan situaciones locales de plena capacidad y libre actuación de las elites para proscribir a la academia, a sus estudiantes, docentes o asociaciones, acusar o marcar con una equis (X) de comunismo, izquierda o lo que resulte útil para acomodar estigmas y revalidar como en las épocas del cóndor que “el único delito sea estar contra el gobierno, porque lo demás son pendejadas”.
Se evidencia en cientos de denuncias contra agentes del estado la vigencia del espíritu de la doctrina de seguridad nacional de amigo-enemigo y la conservación de los manuales de los documentos Santafé I, II, que indicaban y “perfilaban” al enemigo intelectual, artista y universitario. Son miles los intentos de exhaustivas investigaciones judiciales que suman cifras de impunidad estancadas en el 95 % por décadas. Son razones de historia y presente que indican porqué elecciones y academia, en síntesis, no han ido en armonía, como pueda ocurrir en otros lugares de la democracia en occidente.
En el proceso electoral en marcha ya resuenan vítores de la nueva fórmula social (“gentes de bien”), de interés político y económico llamando a negar y poner obstáculos a la consumación de la paz firmada y evocar la guerra, hacer sonar el odio y salir a votar con rabia contra todo. Las cifras del horror son comparables a los momentos de peor barbarie, en solo enero de 2022 van 14 líderes y 3 excombatientes asesinados, 13 masacres, 17 desapariciones forzadas, 16 desplazamientos forzados y decenas de hechos bélicos con abultados saldos de muerte, que repiten hechos y prácticas infames.
La tarea de la academia ante esta situación, que conoce bien por su capacidad de investigación sobre orígenes, motivaciones, responsables e intereses, es movilizar sus esfuerzos hacia candidaturas que le den confianza por ser proclives a la defensa de la vida, de la convivencia y del estado de derecho. Las propuestas desde la academia son siempre de cambio cultural y diálogo, como opciones con mayor validez para afianzar conductas de respeto a la vida, los derechos, las diferencias y a ello sumar atención a sus demandas universitarias propias comunes que confluyen en superar el déficit acumulado de 14 billones de pesos, formalizar y mejorar condiciones laborales al 60% del profesorado y centrar al estado para afirmar a la educación como derecho humano universal, con garantías de acceso, permanencia y graduación de los jóvenes.
La academia mediante innumerables estudios ha mostrado que la distribución presupuestal anual aprobada por el poder está atada a consideraciones políticas y aseguramiento de sus posiciones y no orientada a la ejecución de políticas acordes con las demandas de la población y se niega por convicción a asumir a la educación como base del desarrollo.
Cambiar el foco podrá abrir la puerta del cierre de brechas y conducir a propuestas viables como renegociar la deuda externa creciente y sin límite, para dejar de pagar los más de 50 billones anuales por intereses de negocios mal hechos, o reducir la máquina de guerra y liberar recursos de los más de 30 billones del sector seguridad que es de guerra, o eliminar exenciones a grandes empresarios que se benefician en no menos de 10 billones.
Tendrán mayor opción electoral y reconocimiento en la academia, los programas que apuesten a introducir el ajuste estructural que permita establecer y respetar al sistema público de la educación superior como una riqueza insuperable a proteger, superando la lógica de recurso marginal; entender a la educación como derecho humano; promover en el corto plazo la financiación total del sistema público de la educación, no solo la matricula, con operaciones iguales a las que permiten financiar sin reparo a las fuerzas militares o al poder judicial.
Dentro del total de 300 instituciones de educación superior (60 % privadas) hay 34 universidades públicas que conforman el sistema universitario estatal. Tienen en común que su creación tiene el espíritu de formación de una juventud crítica y proclive a construir la nación independiente y soberana. Ellas son parte del conjunto de sistemas que componen el estado, no pertenecen al poder ejecutivo, ni sus recursos pueden obedecer a la discreción del gobierno, aunque hoy parezcan estar compelidas a hablar con la voz del gobierno y a repetir su narrativa o la de empresas exitosas en acumular dinero, anulando la autonomía que a veces parece una palabra vacía o una referencia del pasado, en el mundo de la positividad, la formalidad y la velocidad.
