A la presidencia se inscribieron 21 candidaturas que llegan con una división evidente de la derecha, representada en Sandra Torres del partido UNE (empresaria y ex primera dama, pues fue pareja del expresidente Álvaro Colom), Edmond Auguste Mulet Lesieur por el partido CABAL (diputado por 12 años, exdiplomático y funcionario internacional de la ONU); y Zury Ríos por el partido Valor (Exdiputada del Congreso e hija del dictador expresidente Efraín Ríos Montt).
En el centro está las candidaturas de Bernardo Arévalo (hijo del expresidente Juan José Arévalo) del movimiento Semilla, surgido del levantamiento estudiantil del 2015, y que tuvo como primera candidata a Thelma Aldana, exfiscal general cercana a Iván Velásquez en su paso por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG. Actualmente, Cabrera es duramente atacada por los poderes políticos y económicos que se sintieron tocados por su gestión, y las investigaciones en su contra le hicieron imposible su postulación.
A la izquierda, representada hoy por voto indígena, campesino y que no suma más del 10% de la intención de votos, el Tribunal Supremo Electoral rechazó la candidatura de Thelma Cabrera, líder indígena del Movimiento para la Liberación de los Pueblos – MLP, en alianza vicepresidencial con el exprocurador de derechos humanos Jordan Rodas, por no cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que muchos señalan como una treta jurídica para impedir que algunos partidos se postulen. Igual suerte corrieron candidaturas de empresarios de partidos tradicionales, que son una versión guatemalteca de Donald Trump o Rodolfo Hernández, Carlos Pineda (Prosperidad Ciudadana); y Roberto Arzú (Podemos, el de derecha).
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¿Qué más está en juego en Guatemala? Se eligen además 160 escaños al Congreso Nacional, más de 300 corporaciones municipales (alcaldes y concejales), y 20 escaños a un parlamento centroamericano, escenario político duramente criticado por su costo, ineficacia y porque les garantiza una virtual impunidad a los expresidentes centroamericanos que tienen asiento fijo luego de su periodo constitucional.
Las mismas costumbres con otros nombres
San José del Golfo es un municipio que hace parte de la región metropolitana de Guatemala, es algo así como un Soacha para Bogotá, una Soledad para Barranquilla o un Palmira para Cali en Colombia. En este poblado se postuló para alcalde, entre otros candidatos, Milton Carrera, un excamionero migrante que retornó desde Canadá cuando su madre enfermó hace 15 años. “Mi madre enfermó, y el frío era insufrible para mi con una lesión que tengo en la rodilla, por eso me devolví”.
A su regreso, terminó metido en la política por sentido común: “¿Cómo es posible que no haya escuelas para los niños, hagamos algo para no acabar con los ríos, o trabajar para que la gente no viva en la miseria?”, decía cuando le entrevistamos hace tan solo dos semanas bajo una Ceiba, tratando de promover su campaña que era obvio, hace con los mínimos recursos.
En ese mismo poblado el día de hoy, se levantó la población porque desde muy temprano en la mañana llegaron vehículos con personas traídas de otras regiones, muchas de ellas obligadas o pagadas por finqueros donde estas personas trabajan como jornaleros.
Fue imposible llevar a cabo las elecciones y cuando los pobladores lograron impedir que personas ajenas al pueblo votaran allí, la policía los inundó de gases lacrimógenos y se suspendieron las elecciones hasta que se vuelvan a convocar, en un poblado que además tiene serios problemas con una mina que está cerrada porque la explotaban los mismos Rusos que están invadiendo Ucrania.
¿Qué está en juego?
Para Guatemala, como para muchos otros países, lo que está en juego no es solamente una contienda electoral entre los herederos políticos de quienes siempre han gobernado. Se trata de un país que se niega a seguir transitando la misma ruta de corrupción y malos gobiernos.
Guatemala tienen 1,3 millones de migrantes en países como Estados Unidos, Canadá y México (los que no pudieron pasar), pero de esa población se estima que solo 62 mil guatemaltecos están aptos(as) para votar en Estados Unidos, donde se habilitaron cuatro centros de votación en Los Ángeles, California; Houston, Texas; Nueva York y Silver Spring, en Maryland. La mayor parte de los guatemaltecos viven en California y la Florida, y tienen una relación muy estrecha con su país pese a la distancia. Las remesas o envíos de dinero desde Estados Unidos son el 17% del PIB, por lo cual los migrantes no son un elemento menor en el panorama político.
Sin embargo, voces migrantes califican de “fracaso” el resultado, toda vez que los 734 votos representan apenas el 1.18% del total de ciudadanos empadronados, y señalan que hubo poco interés por parte del TSE de impulsar el voto en el extranjero
Es urgente para el país una verdadera política que proteja los bosques, ríos y recursos naturales (transitamos en nuestro viaje horas enteras en regiones donde han deforestado miles de hectáreas), los indígenas y campesinos no son dueños de la tierra, los narcos se codean con los políticos con nombres propios, a tal punto que se habla coloquialmente del “pacto de corruptos”, como el club de ricos y nuevos ricos que se niegan a dejar el poder.
La moneda oficial, el Quetzal, hace años es más estable que el desvencijado peso colombiano y el país logró, luego de muchas dificultades, transitar un proceso de paz que sigue generando muchas tensiones, desencuentros y visiones de sociedad. Guatemala tiene más de 100 periodistas, jueces y fiscales en el exilio. Solo hoy y mientras se trasmitían los resultados preliminares en el municipio de la Blanca San Marcos, el periodista Marvin García fue víctima de un atentado cuando trasmitía en vivo.
Capítulo aparte son los intentos por casos de Lawfare, o entrampamiento jurídico, que usando los recursos legales la justicia actúa solo para beneficio de algunos cuantos. Este es uno de los mayores desafíos para construir además independencia en los poderes públicos en Guatemala, y en toda Latinoamérica.
