Este 27 de octubre se llevarán a cabo las elecciones regionales de Colombia, en donde se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales municipales y ediles de las JAL (Juntas Administradoras Locales). Para una ciudad como Cartagena (y para el departamento de Bolívar), envuelta permanentemente en escándalos de corrupción e inhabilidades, estas elecciones serán de particular relevancia. Vamos por partes:
- El Concejo de Cartagena es una institución cuya credibilidad está totalmente deteriorada por los casos de corrupción de varios de sus miembros (Jorge Useche, Angélica Hodeg, Luis Javier Cassiani, Édgar Mendoza Salame, Antonio Salim Guerra, William Pérez, Duvinia Torres Cohen, Lewis Montero, Américo Mendoza Quessep y Erich Piña) en su participación en la elección de la contralora Nubia Fontalvo. Esto no sería un problema mayor si no fuera porque (a) recobraron su libertad por vencimiento de términos y retomaron, sin vergüenza alguna, a sus cargos (con excepción de Jorge Useche) y (b) varios de sus miembros, independientemente del escándalo de la elección de la contralora, han sido también cuestionados. Intentan, desesperadamente, compensar su falta de credibilidad e incapacidad de cogobernar a través del uso de las redes sociales con propaganda de su gestión desteñida.
- El actual gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, muy activo también en redes sociales, ha tenido algunos aciertos en la ejecución de varios proyectos. Sin embargo, el veedor William Dau (actualmente, aspirante a la alcaldía de Cartagena) hizo denuncias públicas que dejan mal parado al gobernador.
- Las JAL son instrumentos de control, veeduría y administración municipal que sirven de soporte para el concejo municipal y la alcaldía. En general, su función principal es velar porque los asuntos que más preocupan a la comunidad sean solucionados y/o tenidos en cuenta en las decisiones tomadas por la alcaldía y concejo. Solo basta con recorrer la ciudad para darse cuenta de que muchos de los ediles están de adorno, ya que no realizan su función y su razón de ser pareciera obedecer más a intereses personales.
- Juan Manuel Santos firmó 14 decretos de nombramiento de alcalde durante su mandato. Duque ha hecho lo propio también en menor proporción. Este hecho es solo un reflejo de la situación por la que pasa la ciudad desde hace décadas. El retraso y la anarquía en las que se encuentra la ciudad hace difícil tener como referencia a un(a) alcalde(sa). Por ahí me dicen que Judith Pinedo; infortunadamente, no tengo referencia de su gestión.
En lo referente al concejo, todos los concejales actuales, con excepción de dos, participarán en las contiendas electorales en las próximas elecciones. ¡Descarados!
Con respecto a la alcaldía, ninguno(a) de los candidatos(as) actuales tiene, a la fecha, un programa/plan de gobierno, solo prosa prometiendo esto y aquello, la visita al barrio y la foto para las redes sociales. Campañas burdas y pueriles. Con todo lo que ha sucedido en la ciudad y con toda la información disponible recopilada por diversas veedurías en temas como educación, medio ambiente, salud, seguridad, infraestructura, movilidad, desempleo e índice de pobreza, los(as) candidatos(as) deberían estar hablando, con cifras, de (a) las metas a lograr con base en las cifras actuales, (b) cómo se garantizará el cumplimiento y seguimiento de las mismas y de la inversión, (c) de dónde se sacará el dinero y (d) qué visión de ciudad tienen y planean a futuro de tal manera que el/la mandatario(a) que los reemplace siga la ruta.
Esto es preocupante, especialmente, en candidatos como Yolanda Wong y Sergio Londoño, quienes, en teoría, deberían tener la ciudad en la cabeza, ya que fungieron como alcaldes encargados. Igualmente, William García, Javier Hernández y Adelina Covo que también han hecho parte de la política cartagenera. La ciudadanía debe saber que un(a) candidato(a) que no muestre un programa/plan de gobierno se debe, entre otras, a algunas de estas razones: (a) desconexión total de las necesidades y problemas de la ciudad, (b) ineptitud, (c) no necesita programa/plan de gobierno porque los verdaderos dueños de su campaña ya tienen planes que, ciertamente, velan por sus intereses y no por los del ciudadano de a pie.
Los candidatos deben tener un grupo de trabajo que, generalmente, está compuesto de un grupo de asesores expertos en varios temas, no de lagartos buscando favores políticos. Estos expertos ayudan a construir el plan de gobierno y algunos de ellos se convierten en parte de su gabinete. ¿Quiénes están detrás de las campañas de estos candidatos? Adivine, adivinador. Lo cierto es que siendo el distrito uno de los mayores empleadores de la ciudad (muchos de esos empleos a través de OPS) y dado el bajo nivel de educación, desempleo y pobreza de Cartagena, es fácil inferir el porqué del desinterés de la mayoría de los candidatos en llevar la contienda electoral a otro nivel. Saben que el ciudadano necesitado es presa fácil y que, en su ignorancia y egoísmo, no pide cuentas y desconoce que puede cambiar su futuro y el de los suyos de otra manera.
Parte de la culpa de la situación actual por la que pasa Cartagena se debe a que, independientemente de la sanción jurídica, no se ha sancionado socialmente a aquellos que hacen (o han hecho) parte, directa o indirectamente, de la corrupción. La sanción social no solo en las redes, sino también (y más importante) a través del voto, es un arma poderosa que le devuelve a la ciudadanía el control de las cosas y mostraría el camino a seguir. Hay gente nueva, decente, honesta y capacitada aspirando a distintos cargos (concejo, JAL, gobernación y alcaldía) que no pertenecen a las casas políticas de siempre y que merecen una oportunidad de convertir a Cartagena en una ciudad que realmente merezca ser llamada fantástica.
