El debate sobre reformas electorales y diseño institucional electoral es más que un simple tecnicismo; se habla de poder incorporar a la ciudadanía en el ejercicio democrático-electoral y de garantizar ciertos derechos para profundizar la democracia, se podría asumir este como un posible mecanismo para solucionar conflictos y construir una paz duradera[1].
Lo que la evidencia colectiva de las elecciones celebradas en sociedades divididas o en conflicto parece sugerir es que un sistema electoral adecuadamente diseñado puede hacer algo bueno en el fomento de tendencias acomodaticias, pero la implementación de un sistema inapropiado puede hacer un grave daño a la trayectoria de resolución de conflictos y democratización en un Estado plural.
En la búsqueda de la paz, desde una teoría liberal, se apunta, precisamente, a fortalecer los mecanismos democráticos para su existencia; por eso el aumento de espacios de representación política está pensando también como una herramienta útil para resolver conflictos dentro de la democracia[2].
En Colombia la relación entre guerra, paz y las formas de organización del Estado han estado presentes casi que desde la misma construcción de nación. Se han venido consolidando sistemas territoriales soportados en procesos de exclusión, despojo, segregación social, reforzando ordenes de las violencias y geografías del poder[3]. Ciertas zonas territoriales rurales del país, han sido excluidas históricamente de la representación política nacional. Poniendo en cuestión, entre otras cosas, la lógica bajo cual opera el sistema electoral, debido a que este estaría privilegiando una pequeña pero poblada porción del país.
Dejando por fuera extensos territorios, que han sido azotados por la violencia, la pobreza, la ausencia del Estado, y la falta de representatividad política. Es así como las geografías económicas, políticas y sociales se relacionan entre ellas haciendo que “sus mapas” se superpongan y coincidan generando una dinámica espacial de poder, de los contrapoderes, de los integrados y de los marginados[4].
Esta situación afianza una estructura de desigualdad, en donde los desequilibrios entre municipios son notorios, así como las enormes diferencias de bienestar y oportunidades entre los habitantes de áreas urbanas y rurales, y se encuentra justificado en el centralismo representativo, institucional y económico.
La débil representación de los territorios marginales dentro de los órganos legislativos nacionales impide, entre otras cosas, una negociación de los excedentes económicos de los proyectos de inversión nacional en los territorios.
De esta forma, fruto de un proceso de paz que no se ha querido implementar a cabalidad, después de múltiples discusiones y un fallo de la Corte Constitucional, las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz son una realidad, o al menos lo serán en las próximas elecciones al Congreso que se celebrará el 13 de marzo del 2022.
El Acto Legislativo No 02 del 25 de agosto del 2021, las reglamenta y les da vía jurídica, en un proceso inédito en la historia democrática de Colombia.
Citando al profesor Fernando Giraldo[5] las palabras “paz” y “democracia”, no habían estado tan ligadas como ahora, y a diferencia de los procesos de paz anteriores, la relación “víctimas” y “democracia” tampoco habían sido colocada en la disputa electoral como hoy, a través de las Circunscripciones Especiales de Paz.
Por medio de un proceso que fortalece la democracia y pretende saldar la deuda histórica con estos territorios mayormente afectados por el conflicto, se crean 16 circunscripciones para la Cámara de Representantes para los periodos 2022-2026 y 2026-230, en el cual solo podrán participar víctimas del conflicto interno.
Si bien las circunscripciones especiales (indígenas y afros) fueron también producto de un proceso de paz, estas nuevas curules se dirigen hacia un grupo poblacional que antes no se había tenido en el redar electoral, o al menos no de esta manera. Esto hace de este, un proceso nuevo e inédito, el cual conlleva un despliegue institucional, con muchas responsabilidades por parte de la Organización Electoral y de la rama ejecutiva, pasando por el presidente, Ministerio de Hacienda, del Interior y de Defensa.
Las 16 circunscripciones están conformadas por 167 municipios, en donde residen 1 122 548 ciudadanos, quienes representan un censo del 3,1 % del país. Abarcan el 66,5 % de los Consejos Comunitarios (216) los cuales se encuentran en 55 de los 167 municipios, ubicados en 13 de las 16 zonas, siendo Pacífico-Valle del Cauca y Chocó los de mayor cantidad (6 y 49). De igual forma abarcan el 43,2% de los resguardos indígenas del país (417), ubicados en 107 (64,1 %) de los 167 municipios de Circunscripciones de Paz, concentrando a 339 662 indígenas, el 28 % de la población nacional indígena.
Una de las particularidades de estas elecciones es que se excluirán las cabeceras municipales y únicamente se habilitarán los puestos de votación y el censo electoral, de las zonas rurales de los municipios que las conforman. Se garantizará la participación de los habitantes de todas las víctimas en las zonas apartadas o centros poblados dispersos.
Para ello, la Registraduría deberá crear nuevos puestos de votación que tendrán reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos. Las campañas contarán con financiación estatal especial y acceso a medios regionales.
También se desarrollarán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto del electorado. Los y las candidatas sólo podrán ser inscritos por organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas u organizaciones sociales, incluyendo las de las mujeres, y grupos significativos de ciudadanos.
Una cuestión relevante de este inédito proceso electoral, es que las listas presentadas deberán estar conformadas por un hombre y una mujer, garantizando por primera vez en Colombia la paridad. Cuestión que resalta la importancia de garantizar la efectiva participación de las mujeres en dichos comicios.
Si bien, es un logro enorme como sociedad, el que se quiera garantizar la inclusión y participación de estos territorios que históricamente se les ha cercenado la voz, son enormes los desafíos y retos que tenemos, no solo para que se lleven a cabo de forma adecuada estas elecciones, sino para evitar a toda costa que esto pueda devenir en una masacre en contra de los líderes y lideresas sociales que quieren postularse a estas curules.
La situación es aún más preocupante, si tenemos en cuenta las cifras emitidas por la Misión de Observación Electoral, en donde se registra que, en este primer semestre de 2021, en las CTEP se presentaron 197 acciones bélicas, es decir, el 72 % del total nacional, y 117 amedrentamientos, es decir el 62 % del total nacional. La mayoría de ellas atribuibles a los GAO y las disidencias de las FARC.
Este es uno de los mayores retos y desafíos que tenemos como sociedad, debemos acompañar estas comunidades que quieren participar y presentarse por primera vez en escrutinios nacionales, debemos exigirle al gobierno nacional y a las instituciones estatales, la plena garantía de los derechos y la protección de estos líderes y lideresas que estarán compitiendo en las próximas elecciones. Que puedan hacer política, socializar sus propuestas, realizar sus campañas políticas, con la plena garantía que no será un riesgo para su vida ni las de sus familias.
Seremos testigos, de lo que podría ser un proceso hermoso, inédito, histórico, pero sobre todo necesario, en donde abonaremos terreno en saldar esta deuda histórica. Este proceso, podrá dejar un legado en la cualificación democrática, ampliando el espectro representativo de la disputa electoral del poder legislativo, integrando y fortaleciendo la representación de las víctimas, sin embargo, recae en el gobierno nacional, el garantizar que esto pueda ser realmente un ejercicio sano y democrático.
Y recae en nosotros como sociedad, exigir mecanismos de seguridad que protejan la vida de estas personas. No darles la espalda, una vez más, a estas regiones.
[1] Reformas a los sistemas electorales: Algunas reflexiones desde la práctica Carina Perelli 2006
[2] Circunscripciones Especiales: la paz en la apatía electoral. Fernando Giraldo 2019
[3] Dimensiones territoriales del desarrollo, la democracia y el bienestar. Contribución a la agenda alternativa del posacuerdo. Darío Restrepo 2017
[4] Ibid
[5] Circunscripciones Especiales: la paz en la apatía electoral. Fernando Giraldo 2019
