La tormenta electoral que se avecina el próximo fin de semana para la disputa de gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, asambleas departamentales y juntas administradoras locales tiene tanto de nube pasajera como de largas precipitaciones. Lo primero obedece estrictamente a la recuperación de las condiciones normales del país el 28 de octubre, puesto que en cuestión de horas quedan atrás miles de millones de pesos en campaña, centenares de kilómetros recorridos en búsqueda de votos y los innumerables ladrillos, tamales y diversos elementos de las formas “tradicionales” de hacer política electoral. Lo segundo no tiene explicación distinta a los 97.394 personajes que divagan los próximos cuatro años en el limbo al no conseguir el puesto que con ubérrimo ahínco perseguían. Vaya que será una larga precipitación con rumbo al vacío.
Las cifras del número de candidatos inscritos según la Registraduría Nacional son alucinantes: los 117.822 aspirantes a cargos de elección popular equivalen a la población total del municipio Quibdó en el departamento del Chocó, a la sumatoria de los estudiantes de la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad de Santander, y superan por 20.000 personas la cantidad de pasajeros que moviliza en un día el Aeropuerto Internacional el Dorado. Descomunales, superlativas o desproporcionadas son solo algunos de los calificativos que merece esta meliflua realidad electoral disfrazada con ínfulas de democracia. Es en este punto donde las preguntas abundan como el agua en manantial y las respuestas escasean como el agua en el desierto: ¿cuántos de estos aspirantes son realmente dignos de merecer el voto de un ciudadano?, ¿muchas opciones para escoger son realmente una garantía de calidad?
En un país acostumbrado a la compra de votos, los candidatos inhabilitados por delitos electorales (o penales incluso en numerosos casos), donde las estructuras políticas se acostumbran a cohonestar con el candidato de turno sin importar principios, una frase se abre paso a diestra y siniestra en el electorado: “yo voto por el menos malo”. No existe mayor segregación, falta de criterio y crítica constructiva que enunciar y aplicar en la votación semejante despropósito, más aún cuando una herramienta absolutamente democrática que para muchos naufraga hace años continua a flote dentro del marco jurídico electoral: el voto en blanco.
La sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional señala textualmente que el voto en blanco es una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos, que constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector. ¿No es justo esto lo que la gente reclama a gritos? ¿No es la respuesta indicada para abandonar la mediocridad de votar por el menos malo? porque basta con salir a la calle para almacenar en los oídos toda clase de frustraciones, desahogos y declaraciones que, a primera instancia, parecen coincidir con la tesis que defiende el voto en blanco desde su concepción filosófica. En palabras del Dr Gilberto Tobón el voto en blanco no tiene una traducción distinta a “ninguno de los que se presentaron sirve según mi criterio” razón por la cual la constitución le adscribe una incidencia decisiva en los procesos electorales.
Los antecedentes del voto en blanco en Colombia no aparecen en la primera plana de los periódicos, tampoco son observados como una tendencia en crecimiento (aun cuando lo es) solo porque el argumento general repite sin cesar “es imposible que gane el voto en blanco”. Tal vez solo existan dos hechos para destacar desde el punto de vista del triunfo colectivo del voto en blanco, el cual no pretendo defender por los momentos puesto que la finalidad de esta reflexión es la importancia del voto en blanco bajo criterio personal. El primero de ellos tuvo epicentro en el municipio de Bello (Antioquia), donde en el año 2011 con el 56.7% del escrutinio el voto en blanco ganó la elección municipal, sentando un precedente histórico que parece crearle vicisitudes a las estructuras tradicionales. En segundo lugar, el voto en blanco alcanzó el resultado más alto en los últimos 20 años durante la segunda vuelta presidencial del 2018 contabilizando 806.311 sufragios; una vez más voces críticas amilanan el resultado señalando que no es significativo por no superar el millón de votos.
Regresando al famoso “yo voto por el menos malo” la sociedad colombiana pone de manifiesto su alto grado de colectivismo, positivo para algunas cosas como negativo para muchas otras. En este caso no es más que un tenue matiz que cubre el paradigma enajenado a la voluntad propia, es decir, que una persona no vota en blanco porque considera que los demás no lo harán. ¿Desde cuándo a la voluntad del ser humano el vecino le debe indicar qué hacer? ¿Es acaso esta condición un simple temor a no sentirse parte de un grupo determinado? No compro bajo ninguna circunstancia de que un voto en blanco es un voto perdido porque no ganará, ni tampoco las continuas utopías de que el voto en blanco se le suma al candidato con menor votación. Este y demás imaginarios hacen parte de una nefasta matriz de opinión para arrastrar a la sociedad electoral por el mismo camino, dejando la misma estela de conformismo, carencia de sentido crítico y pundonor en términos de pertenencia ocupación política.
Con esta sacudida no estoy queriendo decir que el voto en blanco deba aplicarse en todos los casos, ni vencer en los 20.428 puestos que se disputan el próximo 27 de octubre. Los apartes que reuno y las palabras que manifiesto son un simple llamado de atención a que no es más quien vota por un nombre a quien lo hace por una causa; esto es lo que millones aun no entienden. El voto en blanco es la máxima expresión de democracia cuando quienes intentan representarnos la usurpan, la auténtica condena ante los corruptos y el mayor ejemplo de cultura cívica y electoral. Por estas razones no vacilo ni un segundo en afirmar que el voto en blanco es el candidato de la dignidad.
