La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunció que el 16 de junio de 2019 había recibido el caso de la periodista Jineth Bedoya, por crímenes sufridos a manos de agentes al servicio del Estado colombiano. De acuerdo a la declaración de los autores materiales, la orden fue dada por un general de la policía. El 25 de mayo de 2000, la periodista fue secuestrada, torturada y violada mientras ejercía su labor adelantando una investigación en la Cárcel Modelo, de Bogotá.
Durante las dos décadas que han transcurrido, Jineth Bedoya se ha convertido en una voz que se levanta contra la violencia sexual. Su campaña “No es hora de callar” es una lucha intensa que busca que las víctimas alcen su voz y pongan en conocimiento público sus denuncias.
El pasado 15 de marzo, en la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Colombiano, a través del director general de la agencia nacional de defensa jurídica del Estado, Camilo Gómez Álzate, recusó a la presidenta de la Corte Elizabeth Odio Benito, a su vicepresidente Patricio Pazmiño Freire y a los jueces Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique. Además de las recusaciones, el Estado colombiano solicitó que el caso se remitiera a la OEA “y que se declarara la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en el que se conoció de la recusación.”
El proceder del Estado colombiano cayó como una bomba causando el estupor y la indignación de observadores internacionales, voceros de los derechos humanos, organizaciones de mujeres y el público en general. La expectativa en torno al inicio de las audiencias en la CIDH, era muy alta por cuanto por primera vez un tribunal internacional escucharía y se pronunciaría sobre la violencia sufrida por las mujeres en Colombia y en el continente, por tanto, la respuesta oficial fue considerada de extrema gravedad.
Para Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la actitud del Estado colombiano no solo demuestra un desprecio hacia los acuerdos internacionales suscritos, sino que también tiene una postura que victimiza una vez más a Jineth Bedoya.
La lucha en que Jineth Bedoya ha estado comprometida es tan solo una evidencia del desdén con el que las instituciones encargadas de investigar y administrar justicia en Colombia, no actúan como garantes de la vigencia del imperio de la ley. Cuando se debilitan los mecanismos de la justica, se pone en duda todo el funcionamiento de los entes judiciales en Colombia. Además, la renuencia del Estado colombiano a trasegar el sendero marcado por el procedimiento legal, levanta serias dudas en torno a su alegato de inocencia. Esto es, al desacatar la CIDH, Colombia lanzó el mensaje de que la comisión de los delitos contra Jineth Bedoya es de su completa responsabilidad. En efecto, Jineth Bedoya no fue una víctima que hace 20 años unos maleantes escogieron al azar para ultrajarla. Los crímenes cometidos contra ella corresponden a los que hacen de la mujer su blanco preferencial en el marco de un conflicto armado que hizo del cuerpo de las mujeres un teatro de operaciones bélicas.
Tras dos décadas, que coinciden con el período dominado por el uribismo, el Estado colombiano se rehúsa a dar cuenta de sus acciones y omisiones, la falta de adopción de medidas para protegerla y su secuestro frente a un establecimiento carcelario estatal mientras adelantaba la investigación del enfrentamiento entre paramilitares y delincuencia común en la Cárcel Nacional Modelo, dan muestra de un Estado que ha garantizado la impunidad.
El colombiano es un Estado que debe ser interpelado en el lenguaje y el ritmo que aprendimos de las mujeres chilenas: “El violador eres tú”.
