En Colombia los procesos de restitución y reparación de víctimas no funcionan muy bien y son permeados por esa corrupción que cada día es más indignante.
El tema de las víctimas no es menor: personas que debieron abandonar sus territorios, perderlo todo y tener que llegar a otros lugares con lo que escasamente tenían puesto por cuenta de una violencia que lleva más de cinco décadas y que cambia de nombre, ideología o tinte, pero nunca de métodos y afectados.
Y es precisamente allí, en esos círculos de violencia, que se ensañan en algunos territorios y personas, a los que la revictimización les llega en forma de trámites y negaciones indignas. Luego de muchas vueltas, de abrir capítulos dolorosos de guerras y despojos para demostrar que eres víctima conforme a lo que establece la ley y de poder hacerte a un derecho: la restitución de la tierra, empieza el viacrucis.
Usualmente el trámite es tedioso, tiene trabas jurídicas y los tenedores y propietarios ejercen presión para que no avance la restitución de las víctimas. Según cifras de la Fundación Forjando Futuros, la más ordenada en la entrega de estos datos, hay 138.226 solicitudes presentadas ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) de las cuales el 65 % han sido rechazadas por esta entidad y solo el 9,1 % han sido casos resueltos en once años.
Los datos son alarmantes en un país en el que la revictimización es pan de cada día y en el que en la teoría las víctimas están en el centro de los procesos pero que en la práctica se le hace ‘conejo’ a la norma para no cumplirla.
Ahora el clamor de quienes están en procesos con la URT es que la norma se aplique conforme a lo que establece la Ley 1448 y la expectativa es que con el nuevo gobierno se pongan al frente de estas entidades personas con la capacidad técnica y la conciencia social para hacer de manera efectiva su trabajo, como el que realiza la Fundación Forjando Futuros que, además desde el conocimiento de la norma han logrado asesorar personas para su restitución efectiva.
Y es que no se trata simplemente de “un pedazo de tierra” se trata del arraigo y la posibilidad de las personas de tener un lugar en el cual establecerse, crear cimientos y poder tener calidad de vida, como lo establece la Constitución de 1991 y que en Colombia no se aplica porque los derechos son para unos pocos.