Por estos días con los cambios de gobierno locales se han acentuado las imágenes de miles de personas imprimiendo la copia de la cédula, la tarjeta militar (en el caso de los hombres), los antecedentes fiscales, disciplinarios y de policía, la nunca bien ponderada certificación de "medidas correctivas", los soportes de estudio y de trabajo, la certificación bancaria y el RUT con no más de tres meses de expedición, entre otros documentos que decenas de veces ya se han entregado al Estado colombiano y que inexplicablemente, a pesar de la existencia del formidable SIGEP, aún se siguen requiriendo.
Y es que los recito incluso en el mismo orden en que me los han solicitado y que tengo clasificados tanto en una carpeta física como digital, por si acaso se hace el milagrito de contar con la bendición del político de turno para lograr acceder a un contratico en el sector público. Sin embargo, de todo ese listado, el más reprochable es aquel sospechoso examen preocupacional, una invención del Decreto 0723 de 2013, que carece de todo sentido como el propio sistema de salud colombiano.
Varias veces me he preguntado qué pasaría con mi contrato si como consecuencia de ese examen, que a lo sumo tarda 5 minutos, se me dictaminase alguna enfermedad: ¿será que no me contratan por tener presbicia?, ¿será que cambian de área por tener bursitis? En cualquier escenario, durante ese examen evito al máximo toser, manifestar que tengo alguna dolencia o contar algún episodio del pasado, no vaya y sea que en el reporte final se indique alguna barbaridad que me pueda generar inconvenientes.
En todo caso, dicho examen es la mayor estafa a la que nos enfrentamos los miles de contratistas que cada tres años pagamos por él más de treinta mil pesos, a sabiendas de que no aporta en absolutamente nada a fortalecer la vigilancia epidemiológica para la cual fue creado. Y qué decir de los honorarios que, a diferencia de los servicios públicos y demás bienes y servicios, no se incrementan en las entidades públicas. No hay IPC que valga y se hacen los de la vista gorda con el aumento que tuvo el salario mínimo.
Si a ello le sumamos los plazos de ejecución de los contratos, que hasta hace un par de años eran al menos por doce meses, la situación se torna más que lamentable, puesto que las vinculaciones de ahora ni siquiera son por seis meses; es una osadía que sean de tres. Como si fuera poco, hay que rogar para que el SIGEP no se caiga (como lo está precisamente en estos días) y que el revisor de la hoja de vida no le dé por dictaminar que la experiencia no sirve o que está traslapada o que las fechas no coinciden con los certificados, entre otras torturas infames.
No obstante, a pesar de todas estas vicisitudes, usted, querido lector, tiene que ser optimista. Si ha sido beneficiado con algún contrato de prestación de servicios y siente desfallecer con todas las maromas que tiene que padecer para conseguirlo, simplemente recuerde las tasas de desempleo de nuestro país que rondan el 10%. Y si quiere darse más moral, desahóguese con su mamá o su papá y recuerde lo que seguramente le van a decir: agradezca que tiene trabajito. Y pues sí. Aunque yo les respondí que legalmente hablando no era trabajo como tal. A sol de hoy, no tenemos prestaciones.
