La novatada no se puede ocultar. La “cumbre” del Grupo de Lima en Bogotá, con la presencia del Vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos y el “autonombrado” Guaidó, no pasó de ser un sainete repetitivo de amenazas y anuncios en el aire, cada vez menos concurrido, en donde los neocons gringos y uribistas colombianos no lograron aprobar la intervención armada en Venezuela. Las caras largas, la frustración y el desespero, fueron la constante de ese evento.
Duque vive su tragedia al terminar siendo un simple mandadero de Trump, mientras Uribe forcejea para impedir la extradición desde los EE.UU. de Andrés Felipe “uribito” Arias, en quien ve reflejado su propio drama. Teme que la Justicia Transicional (JEP) se fortalezca o, que, en su deficiencia, la Corte Penal Internacional logre construir un caso contra él; pero lo que más lo horroriza es que un gobierno progresista pueda acceder al poder en 2022.
Es importante recordar que Duque desde principios de su período gubernamental se quiso mostrar deslindado de Uribe, pero no pudo mantenerlo. Su imagen venía en barrena dentro del mismo “uribismo” y, por ello, aprovechó el atentado del ELN para cambiar su estrategia e inició el camino de mostrarse como lo que es: peón del imperio y de Uribe quien, a través de Carlos Holmes, Francisco Santos, Marco Rubio y otros funcionarios, le impuso la agenda de guerra. Y es que objetivamente no tienen otra salida. La “paz”, así sea mínima, no es su terreno.
Solo a partir del 17 de enero Duque logró romper la tendencia a la baja en la opinión pública y con su discurso contra Maduro recuperó parte del apoyo de quienes lo eligieron. Pero no es gran cosa. En la medida en que los esfuerzos del imperio estadounidense por derrocar al presidente Maduro sean derrotados o neutralizados, la necesidad de la guerra se les vuelve más urgente, dado que, si no logran crear un ambiente de desestabilización en la región, no podrán acabar con la JEP, como es la pretensión de Uribe (Uribe pide 'mejor' eliminar la JEP).
Pero, además, el otro tema de fondo es la enorme crisis fiscal que tratan de ocultar. Duque en su reciente viaje a EE.UU., fue obligado a acudir a Nueva York para tranquilizar a las calificadoras de riesgo que están preocupadas por el peligroso desbalance entre el tamaño de la deuda pública (interna y externa) y el bajo desempeño de las finanzas del Estado colombiano. Esa gestión la hizo después de recibir órdenes de Trump y le dieron un bajo perfil.
Por esa razón quieren aprobar en el Plan de Desarrollo una reforma tributaria camuflada. Amagaron con recortar los subsidios al consumo de energía eléctrica y gas a los estratos 1, 2 y 3, pero ante el rechazo generalizado se echaron para atrás. Paralelamente, con la nueva clasificación de la “clase media” por parte del Dane, en la que ubican a quien obtenga ingresos superiores a $450.000 mensuales, van a intentar una nueva re-estratificación de los predios urbanos para legalizar –por otra vía– ese recorte de los subsidios a los servicios públicos.
En Colombia la lucha política está completamente definida. Los “medias tintas” y “tibios” no encuentran sitial en el actual entramado. En las elecciones regionales y locales se enfrentarán los dos bloques que se expresaron en los pasados comicios presidenciales: por un lado, el “uribismo” y sus aliados corruptos y de derechas, y por el otro, las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda. Pueda que aparezcan más opciones, pero la dinámica lleva a la polarización.
El pulso por mantener la JEP, contra la extradición de Santrich y por la orientación pluralista del Centro de Memoria Histórica, ya mostró esa dinámica. La tarea del momento es fortalecer la presión internacional ante la Corte Penal Internacional y la ONU, que son los únicos organismos internacionales que defienden los acuerdos firmados con las Farc. Los demás organismos como la OEA, se han alineado con la estrategia de intervención en Venezuela. La destrucción de la JEP en Colombia está subordinada a esa meta.
Uribe ya negoció su impunidad con los gringos y Duque lo único que hace es el mandado. Por esa razón también quieren incentivar la guerra interna, hacer crecer artificialmente al ELN y otros grupos armados ilegales, y si pueden, utilizarlos para crear incidentes en las fronteras. Estos próximos 15 días son claves; si Venezuela resiste pacíficamente y no logran provocar la acción militar, Duque no va a poder objetar la JEP y tendrá que empezar a recular en muchos otros asuntos.
La movilización contra la guerra y la movilización social están a la orden del día. Los problemas que afectan a los productores de café, a campesinos e indígenas y productores de coca, y otros sectores sociales a los cuales este gobierno no les puede cumplir, van a obligar en el corto plazo a que amplios sectores sociales se movilicen y desenmascaren a un gobierno que se dedica a intervenir en los problemas de los vecinos para esquivar la responsabilidad con su propio pueblo.
Esa es la contradicción central que hoy vive Colombia. No puede haber ninguna vacilación frente a las pretensiones de Duque y Uribe de desestabilizar la región para salvar su propio pellejo. Lo que se impone es la fraternización en la frontera y la derrota de la mentira.
Nota: Fueron los “guarimberos” mercenarios los que incendiaron las tracto-mulas con alimentos y medicinas en los puentes fronterizos con Venezuela que cargaban también elementos para el terrorismo callejero. Existen videos donde se ve a los mercenarios reclamándole a un diputado venezolano por no haberles cumplido con el pago. Muchos de esos “guarimberos” eran paisas contratados para atacar a la fuerza armada de Venezuela. Ver: Venezuela en plena guerra mediática, ¿preludio a una guerra a secas?
