En una reciente intervención de Armando Zamora, exintegrante de la Comisión de fracking contratada por el gobierno Duque y que luego sería nombrado por él mismo como director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el funcionario, al tiempo de hacer unas risibles aseveraciones sobre supuestos fondos rusos detrás de la oposición al fracking en Colombia, describió un aterrador panorama de las perspectivas del gobierno en términos de extracción de hidrocarburos. Según Zamora, la explotación de yacimientos no convencionales (petróleo y gas mediante fracking, gas asociado a mantos de carbón y arenas bituminosas) “es una fruta baja y tremendamente atractiva para hacer una inyección masiva de recursos para la actividad económica y para la recuperación del país luego de esta pandemia”. Mientras un centenar de ganadores de premios Nobel de física, economía, medicina y paz dirigen una carta al presidente Biden, previa a la cumbre climática convocada la semana anterior, donde lo instan a poner fin “a la expansión de la producción de petróleo, gas y carbón para evitar una catástrofe climática”, Zamora pasa por alto la condición colombiana de ser “uno de los 20 países más vulnerables al cambio climático” expresada por el mismo gobierno en la cumbre referida.
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Según Zamora, la explotación de yacimientos no convencionales “es una fruta baja y tremendamente atractiva para hacer una inyección masiva de recursos para la actividad económica y para la recuperación del país"
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Lo que no parecen entender ni Zamora, ni la institucionalidad al servicio de los intereses petroleros, es que las emisiones generadas, ya sea en Puerto Wilches o en Helsinki, tienen el mismo efecto sobre nuestros territorios: el dióxido de carbono liberado a la atmósfera que genera la crisis climática actual no conoce de divisiones políticas, y desafortunadamente, tampoco de responsabilidades históricas. El ahorro tan publicitado por el gobierno del 51% de emisiones a 2030 (en cifras 162,79 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente) es insignificante frente a aquellas asociadas a las reservas presentadas por Zamora en yacimientos no convencionales: 24.900 millones de barriles de petróleo y 195,9 TCF de gas. Si se lograra extraer tan solo el 25 % de estas reservas estaríamos hablando de liberar 6.500 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, casi 40 veces el ahorro pírrico detrás del que se esconde una verdadera bomba de carbono que atentaría con las posibilidades de vida en nuestro país. Más allá de los abstractos cálculos de emisiones, estamos hablando de aumentos de temperatura que harían invivibles muchos territorios, extinción masiva de especies, sequías, huracanes, escasez de alimentos, y al final, nuevas oleadas de desplazamiento, ahora por causas climáticas.
La realidad de la crisis, y las condiciones aún más extremas a las que nos enfrentaríamos en los siguientes 20 años, es frivolizada con promesas de “carbono neutralidad”, un discurso engañoso que distrae la urgencia de una acción climática efectiva. A las declaraciones de Zamora, podemos añadir las de Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, para completar el panorama: “no es un país de cero emisiones; es cero neto, neutral desde el punto de vista de emisiones de carbono”. Allí está la trampa: en otras palabras, proponen continuar en la intensificación del modelo extractivo, afectando aún más la frágil red de ecosistemas de los que dependemos, y hacer una “resta de emisiones” en mediante tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, y la manipulación a gran escala del clima global a partir de técnicas de geoingeniería, estrategias en las que es la misma industria fósil la que tienen las mayores inversiones. Aquí nos queda más claro: “las plantas térmicas tienen que tener medidas de compensación que permitan llegar a la carbono neutralidad en 2050”; seguir quemando petróleo, gas y carbón, y generar ganancias con los esquemas de compensación, un negocio redondo para los mismos causantes de la debacle.
De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, a pesar de la caída en la economía a causa de la covid, en 2020 las emisiones no disminuyeron, fue el año más caluroso en la historia. Sin importar la abundante información sobre la crisis, y del peligro de inversiones que rápidamente se volverán activos obsoletos, el gobierno busca el camino del favorecimiento de intereses particulares, con la conveniente excusa de la recuperación económica. Imponen a pueblos como Puerto Wilches pilotos de fracking que, además de agravar la crisis global, implicarían enormes daños a nivel local, mayores incluso a los sufridos durante un siglo en la región, que resumen así los nobel: “la extracción, el refinado, el transporte y la quema de combustibles fósiles conllevan costos locales de contaminación, medio ambientales y sanitarios. Estos costos suelen ser asumidos por pueblos indígenas y comunidades marginalizadas. Es más, algunas prácticas indignantes de la industria han dado lugar a violaciones de los derechos humanos y a un sistema de combustibles fósiles que ha dejado a miles de millones de personas en todo el mundo sin energía suficiente para llevar una vida digna”. No más jugaditas, señores del gobierno: la única solución efectiva y responsable es suspender los pilotos, dejar los fósiles enterrados, transitar otros senderos en favor del bien común.
