A última hora, de forma silenciosa y sin que nadie se diera cuenta, en el proyecto anticorrupción del gobierno Duque apareció un artículo que apunta directamente contra los medios de comunicación y periodistas. El 27 de octubre de 2020 la entonces ministra del Interior, Alicia Arango; el ministro de Justicia, Wilson Ruiz; el contralor Felipe Córdoba, el fiscal Francisco Barbosa, el entonces procurador Fernando Carrillo y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, radicaron el proyecto en el Senado. Todo parecía en orden y su principal promotora ante las cámaras era la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que tiene en su discurso la bandera de la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, cuando faltaba un solo debate para ser aprobado, al proyecto le metieron el artículo 68. La proposición fue radicada el 22 de septiembre de este año por los senadores Efraín Cepeda, Mauricio Gómez Amín, Ana María Castañeda, Guillermo García Realpe, Fabián Castillo y Miriam Paredes, todos de la coalición de gobierno.
El artículo básicamente lo que planteaba era que quien denuncie públicamente a un funcionario público podrá ser demandado por injuria y calumnia y castigado con hasta diez años de prisión —sin posibilidad de detención domiciliaria— y deberá pagar una multa de hasta 1.500 salarios mínimos. Además, si quien es denunciado es una organización, como un medio de comunicación, podría perder la personería jurídica, es decir, el medio debe cerrar.
La discusión se dio el pasado 6 de diciembre en la Cámara de Representantes, donde fue aprobado el artículo 68 con 73 votos a favor. Fue modificado, pues se le quitaron las penas de prisión y la millonaria multa, pero se mantiene el castigo sobre las organizaciones y protege a los funcionarios de ser denunciados antes de ser condenados por un juez.
Inmediatamente apareció el artículo la Agremiación de Medios de Información (AMI), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y El Veinte, un colectivo de abogados especializados en la defensa de la libertad de expresión y prensa y liderados por la abogada y columnista de Los Danieles, Ana Bejarano, y el abogado y también columnista de La Silla Vacía, Emmanuel Vargas, se pronunciaron alertando sobre el mico que el congreso iba a aprobar sin contarle a nadie.
Emmanuel Vargas aseguró que "este deseo de acabar con la participación pública es evidente desde la primera línea, pero se hace mucho más claro cuando dice que, si la injuria y la calumnia contra un funcionario la comete un "representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria", se procederá a cancelar la personería jurídica de esa entidad.
A todas luces lo que se busca es censurar, muy contrario a lo que explicaba en varias emisoras el representante de Cambio Radical y alfil del clan Char, César Lorduy, que por demás tiene varios señalamientos en su contra de todo tipo. Lorduy, aseguraba que este artículo iba a producir más información verdadera, una mentira del mismo tamaño al del poder político de sus jefes.
El Veinte nació hace poco más de un año cuando Ana Bejarano y Emmanuel Vargas se juntaron con otro equipo de periodistas y abogados para promover herramientas que le permitieran al periodismo ser más independiente y más libre. Y para ello salieron a defenderlos de abogados y funcionarios públicos que han encontrado en los procesos judiciales, en “empapelarlos” —como se conoce popularmente— el mejor ataque para frenar las investigaciones periodísticas.
Entre sus archivos El Veinte adelanta importantes casos. Uno de los más representativos ha sido el de Volcánias, un medio de comunicación feminista que denunció al director de cine, Ciro Guerra, por acoso y abuso sexual. Las periodistas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde Londoño publicaron varios testimonios revelando 8 casos distintos sobre Guerra. Este, como era de esperarse, respondió inmediatamente con una demanda contra el medio y sus periodistas exigiendo, por demás, casi un millón de dólares como indemnización. Ana Bejarano tomó el caso en sus manos y ha sacado adelante una importante defensa de las periodistas, que si bien el Tribunal de Bogotá las obligó a agregar “información” para hacer “veraz” la publicación, pues consideraba que se había extralimitado poniendo junto a los testimonios de 8 mujeres algunos “juicios de valor”, lo cierto es que ahí en el portal de Volcánicas está la publicación y ahí esperamos que siga.
Otro caso que acompaña El Veinte es uno más reciente. El 29 de junio de este año el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, a través de su abogado Jesús Albeiro Yepes —que también es abogado de Santiago Uribe, hermano del expresidente, en el caso de los 12 apóstoles— interpuso una denuncia penal ante la Unidad de Delitos Querellables de la Fiscalía en contra de las periodistas Claudia Báez y Diana Salinas, cofundadoras de Cuestión Pública. La denuncia se dio porque Cuestión Pública había publicado una investigación enmarcada en su especial “Sabemos lo que hiciste” sobre Gómez, sacando a la luz información de interés público sobre su pasado, sus relaciones de poder político y económico.
Juan Diego Gómez ya había puesto una tutela en contra de Cuestión Pública en mayo de este año, asegurando que la publicación atentaba contra su honra y buen nombre. Un juez negó sus pretensiones. Pero Gómez no se rindió y en julio apeló. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a las periodistas. «No se observa que se trate de información parcializada, incorrecta y mucho menos que sea falsa», señaló el fallo. El proceso penal en Fiscalía sigue andando y las periodistas están siendo respaldadas por El Veinte.
1. #AcosoJudicial El pdte del Senado @juandiegogj denunció penalmente en @FiscaliaCol a nuestras cofundadoras @claudibaez y @DianaSalinasP por la investigación que hicimos en 📢#SabemosLoQueHiciste sobre su patrimonio, negocios familiares, redes e intereses privados. Sigue 👇🏽 pic.twitter.com/xBGgam4Nua
— Cuestión Pública (@cuestion_p) November 9, 2021
Las demandas y denuncias contra periodistas y medios de comunicación muy pocas veces llegan a buen puerto para quien comienza el proceso judicial. Sin embargo, y aunque es probable que un congresista que interpone una tutela, una demanda, sepa que sus pretensiones tienen pocas posibilidades de ser aceptadas, sí es una forma de frenar las investigaciones periodísticas en su contra.
Entre los recursos legales están las tutelas, las demandas penales por injuria y calumnia e incluso la inspección de los medios de comunicación, como sucedió recientemente cuando la Fiscalía de Franciso Barbosa emitió una orden de allanamiento para entrar al archivo de Noticias Uno, sin ninguna otra intención distinta a saber cuáles son las fuentes del noticiero. Eso es acoso judicial, no tiene otro nombre.
Según la FLIP, en los últimos cinco años ha habido por lo menos 160 casos de acoso judicial. Además, tiene entre sus registros que abogados como Abelardo De la Espriella. En enero de este año la FLIP señaló que el abogado ha iniciado por lo menos 14 casos contra periodistas. Esos procesos desgastan al periodista, lo intimidan y generan estrés. Y es que abogados como De la Espriella además buscan indemnizaciones económicas y lo hacen, como él mismo lo ha hecho, para asustarlos y para "darles una lección".
Por eso El Veinte está impulsando un proyecto de ley en el Congreso contra el acoso judicial. El proyecto 90 de 2021 fue radicado por el senador Rodrigo Lara y busca establecer una norma para que exista la posibilidad de que un juez termine un proceso contra periodistas o medios de comunicación de manera anticipada para evitar la censura y el desgaste que implica un proceso judicial que puede durar años.
Como lo explica Emmanuel Vargas en una columna, hay una responsabiliad del estado colombiano por garantizar la libertad de prensa y defender la libertad de expresión. "Los relatores de libertad de expresión de la CIDH, de la ONU y de sus equivalentes en Europa y en África dijeron recientemente que es necesario que leyes de este tipo existan para garantizar la libertad de expresión.
En el caso de Colombia, la situación es mucho más explícita: dentro de las muchas obligaciones que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso de Jineth Bedoya está la de crear una 'política integral para la protección de los y las periodistas [para] garantizar que los y las periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad'".
Pero los senadores no quieren aprobar este proyecto porque se sienten directamente atacados, sienten que van a ser objeto de un escrutinio público, se sienten vulnerables y por eso el proyecto no ha tenido lobby.
Hasta ahora va un primer debate en el que además se expusieron varios casos de acoso judicial. Esta práctica afecta principalmente a los periodistas de medios de comunicación regionales y pequeños, que casi no tienen recursos para estas defensas y deben desistir de publicar.
El Veinte se la ha jugado por el periodismo y los derechos a la libertad de expresión de cualquier ciudadano y ciudadana, que además pueden ser los veedores para vigilar a los funcionarios públicos como los congresistas, que sin pena ni gloria han decidido usar la justicia en beneficio propio para tapar la corrupción que se campea tranquilamente por el capitolio.
