Una sentencia judicial a su favor ya ejecutoriada no ha sido suficiente para que Bertulio Vargas Narváez, un desplazado por la violencia nacido en Mahates (Bolivar), pueda recuperar su paz. De hecho, a punta de amenazas e intimidaciones han intentado quitarle un estratégico terreno continuo al aeropuerto de Soledad (Atlántico) Ernesto Cortissoz, que sirve a Barranquilla.
La terminal aérea, que fue recientemente remodelada y readecuada, no posee en sus inmediaciones desarrollo inmobiliario alguno comercial, hotelero, aeronáutico, industrial, de bodegas o zonas francas y de ahí los poderosos intereses y el desmedido apetito por el terreno de unas 40 hectáreas que Vargas posee. El hombre recibió el terreno como pago por su trabajo de toda la vida en una hacienda que existía mucho antes de que hubiese siquiera aeropuerto.
Sin embargo, el pedazo de tierra cada vez fue siendo más estratégico y con ello empezaron los problemas. Los primeros en demandarle que desocupara fueron los herederos del hacendado, a los que siguieron pugnas legales con el Ministerio de Comercio, la Alcaldía de Soledad y potentes invasores de tierras muy bien conectados en las esferas políticas y administrativas.
Bertulio lo único que ha podido hacer para asegurar su dominio es permanecer dentro del terreno en una humilde casa, lo que finalmente fue la vía legal para obtener la propiedad, misma que fue reconocida por decisión del juzgado primero de Soledad en septiembre de 2003
Sin embargo, él denuncia que la misma policía de Soledad ha llegado hasta su residencia para intimidarlo e intentar desalojarlo con supuestas órdenes de desalojo. Esa misma institución tiene orden de la Fiscalía de brindarle protección por su calidad de desplazado, la que tiene justamente por intentar defender su propiedad cuando hombres armados fueron a buscarlo.
Lo cierto es que alrededor de este caso han ocurrido cosas extrañas e intrincadas. El Ministerio de Comercio dice haber recibido el terreno como herencia del desaparecido Ministerio de Comercio Exterior, que buscaba levantar allí una zona franca aeroportuaria.
La Alcaldía de Soledad, por su parte, tenía en sus cuentas una cesión del terreno a su favor por parte del Ministerio, con un documento supuestamente por la entonces titular de esa cartera, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que resultó falso. Eso no detuvo la también supuesta venta en 2010 de casi 30 hectáreas a la Asociación de Agricultores del Atlántico, Agrodatlan, que luego fue echada atrás por la Fiscalía.
La misma Alcaldía, en cabeza del curtido exnotario primero de Soledad, Joao Herrera (2016-2019), que siendo alcalde, se había acercado al Ministerio a pedir la cesión de las 77 hectáreas del terreno para levantar allí “zona aeroportuaria” que “cuente con grandes restaurantes, hoteles, almacenes, hangares y talleres”, así como buscar legalizar asentamientos subnormales como Renacer, Viña de Rey, Villa del Rey Villa Mónica, Zarabanda y 23 de Noviembre, esto último bastante improbable por su cercanía con la pista del aeropuerto.
Ahora Bertulio es víctima de una nueva arremetida en cabeza de un protagonista de esta historia tras bambalinas: Esualdo Cure,varias veces señalado de hacer negocios ilícitos en tema de posesión de tierras, no solo en Soledad sino también en Galapa y Puerto Colombia. El Ministerio de Comercio como el abogado de Bertulio han pedido reiteradamente al la Fiscalía investigar a Cure. Este, a través de su empresa Inversiones Cure y Compañía habría intentado hábilmente ser el depositario final del terreno en el fallido negocio de Agrodatlan.
En esta ocasión, Cure logró que la Oficina de Registros Públicos de Soledad en cabeza de Daniel De Castro Macías bloqueara la escritura el lote de Bertulio, en medio de un proceso judicial –que no tenía nada que ver con ese inmueble– por el delito de fraude procesal en concurso con prevaricato por acción en contra de ese funcionario, acusación promovida por la fiscal Quinta Secciona, Claudia Amorocho.
El juez Primero Penal de Soledad, Eduardo Rumbo Borré, de manera provisional decidió suspender el folio de matrícula denunciado, pero el registrador De Castro Macías suspendió la de Vargas Narváez. El juez lo ofició viendo su error, pero el titular de la Oficina de Instrumentos Públicos, al parecer, se mantiene en su posición, lo que ha hecho sospechar a los abogados de Bertulio.
De hecho, tras la decisión del juez, quienes apelan son los apoderados legales de Bertulio –que se acreditó como víctima– y no la defensa de De Castro. Por los hechos, registrador, fiscal –habría evidencias de que recibió dineros en un gimnasio–, y juez fueron denunciados, mientras se espera una decisión de un juez de segunda instancia. Bertulio Vargas fue nuevamente amenazado con la frase que le ocurrirá a el lo mismo que le paso a varios en el país, morir con su familia.
