En meses recientes fue liberada la hermana Gloria Cecilia Narváez, exactamente el 9 de octubre de 2021, después de un secuestro de cuatro años realizado por un grupo perteneciente a Al Qaeda y acontecido en África Oriental en el sur de Malí. La alegría fue inmensa y se celebró con júbilo en gran parte del mundo.
No era para menos, pues durante su tiempo de retención se temió un desenlace fatal debido al fanatismo político y religioso de sus captores. Afortunadamente, se tuvo un desenlace feliz con su liberación y el anuncio de su retorno a su país, Colombia, y a su patria chica, Pasto, en el departamento de Nariño.
Ceremonias litúrgicas y civiles fueron la nota característica de esta alegría que rebosó fronteras y creencias.
Compartimos un sentimiento que nos permitió abrazarnos como hermanos, más allá de las fronteras ideológicas. Sin duda alguna que el secuestro es uno de los crímenes más atroces que existen y como tal deber repudiarse y condenarse, pues en él se compendia la violación de todos los derechos humanos como la libertad y la dignidad. Aplaudimos en consecuencia la liberación de la hermana Gloria Cecilia Narváez y seguimos cada uno de sus pronunciamientos.
Pero lo que parecía ser un milagro se ha ido convirtiendo con el transcurrir de los días en un asunto de política y seguridad internacional por cuanto en un juicio por fraude que se le sigue al cardenal Ángelo Becciu, manifestó que el papa autorizó el pago de un millón de euros por el rescate y liberación de la hermana franciscana al grupo terrorista Al Qaeda.
Los medios periodísticos informan que “La versión entregada por el cardenal Angelo Becciu, acusado por El Vaticano por supuesta malversación de recursos, indica que el máximo jerarca de la Iglesia católica habría autorizado el desembolso de 1.000.000 de euros para la liberación de la religiosa de origen colombiano. Pagó parte de ese millón para la creación de una red de contactos y otra parte para la liberación efectiva de la monja”.
Se indica, además, que “Su testimonio fue entregado en una de las audiencias que se adelanta contra el prelado, quien otrora fue uno de los asesores más cercanos al papa Francisco”. En el juicio el cardenal Becciu expresó que “Él aprobó. Debo decir que cada fase de esa operación fue aprobada por el Santo Padre”.
Con este nuevo ingrediente y por ser Becciu, un hombre de confianza y muy cercano al papa Francisco, se infiere que el Vaticano, en cabeza del papa, financió a grupos terroristas como Al Qaeda. Hecho que compromete a este Estado y a su máximo representante. Existe legislación internacional que condena y sanciona este tipo de actuaciones drásticamente.
Durante el juicio el cardenal Becciu afirmó sin empacho alguno que “como parte de la operación de liberación que se mantuvo en secreto incluso para los miembros de seguridad de El Vaticano, se creó una cuenta en la que se iban depositando los fondos que terminaron en pagos a ellos a cuentas indicadas por Marogna”. Y, en palabras de Becciu, “tras un primer desembolso, la empresa designada para el rescate tuvo contacto con los secuestradores, pero nunca dejó evidencia si se pagó o no el rescate”.
La situación se hizo crítica al reiterar este cardenal que “cada paso de esa operación fue autorizado por el papa Francisco, y que después de llevarla a buen término, el mismo Jorge Bergoglio le exigió a Becciu un silencio sepulcral y llevarse el secreto a la tumba”. Y como la verdad nos hace libres, esta afloró en el momento menos oportuno y de boca de uno de los hombres más próximos al papa y a las finanzas del Vaticano.
Como si se tratara de una película de James Bond donde espías y terroristas se mezclan en aras de oscuros y brumosos intereses con la consecuente ola de muertes, sobornos, chantajes y actos de terrorismo, El Vaticano y Al Qaeda llegan a un acuerdo que permite y facilita la liberación de la hermana Gloria Cecilia Narváez. El asunto es que, con ese millón de euros pagados por su liberación, seguramente, se financiarán otros actos terroristas en el mundo, condenados en legislación internacional. Y convierten al papa en un aliado, al menos indirecto, de ellos, y al Vaticano, en un financiador de terrorismo.
En la página oficial de la Naciones Unidas se deja por sentado claramente que “Las obligaciones nacionales para contrarrestar la financiación del terrorismo están descritas en el marco internacional vigente.
Debido al recrudecimiento de la amenaza terrorista de los últimos años y la evolución concurrente de las tipologías de financiamiento del terrorismo, el Consejo de Seguridad ha aprobado resoluciones adicionales, a menudo en virtud del Capítulo VII, para afrontar las nuevas rutas de financiación del terrorismo, en particular enfocándose en los nexos entre los terroristas y los grupos de delincuencia organizada y enfrentando la captación de fondos que se logra mediante el secuestro a cambio de rescate.
En la resolución 2462 (2019) el Consejo de Seguridad expresó su preocupación por el flujo de fondos dirigidos al terrorismo y la necesidad de reprimir todas sus formas de financiación”.
La represión consiste en sanciones económicas, captura de jefes de Estado que promueven con dinero, fruto de pago por liberaciones, actos terroristas en cualquier lugar del mundo. En la resolución 2253 de la misma Naciones Unidas (2015) el Consejo de Seguridad “expandió y fortaleció el marco de sanciones contra Al Qaeda para incluir al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL)”.
Serán los tribunales que juzgan al cardenal Becciu y a Marogna los que determinen la veracidad o no de su testimonio. Lo cierto es que nadie va a mentir en materia tan delicada. Y aflorarán las evidencias de un pago a grupos terroristas por una liberación.
Y, reitero, a la que nadie se opone ni censura, el hecho va más allá por la sencilla razón que compromete la financiación de grupos terroristas y del mismo terrorismo que con fondos y recursos obtenidos por medios fraudulentos y secretos llevará terror, muerte y secuestro a muchas partes del mundo.
