Nació en 1991 como una promesa del constituyente para dotar de garantías y derechos a los sectores opositores, para que no se derrumbaran ante los embates de un nuevo Frente Nacional o sucumbieran a la violencia política que para ese año alcanzaba su pico más alto. Paradójicamente, mientras el constituyente discutía sobre la oposición, la violencia se agudizó y convertía al opositor Unión Patriótica (UP), amplio movimiento social y político nacido de un fallido proceso de paz con las FARC-EP, en la principal víctima de un genocidio político sin precedentes en el hemisferio occidental. Miles de sus militantes, simpatizantes y dirigentes (entre congresistas, alcaldes, concejales y diputados) caían como moscas inermes a lo largo y ancho del país. El narcoparamilitarismo en asocio con poderosas élites rurales y políticas se trazaría una meta: exterminar a la Unión Patriótica. Acabar con la esperanza.
En la constituyente tuvo participación Aida Abella como delegada de la UP, mujer de férreo carácter que huyó despavorida del país tras ser víctima de un atentado con rocket en plena Autopista Norte y quien vio espantada como caían sus compañeros. Incluyendo a Manuel Cepeda Vargas, el último senador de la UP y quien presentó en 1993 el primer proyecto de ley para reglamentar el Estatuto de la Oposición. De la UP se habló en la constituyente cuando se discutía la introducción en la Constitución de un artículo que crearía un estatuto o una serie de disposiciones para proteger a la oposición. ¿De qué sirvió? Tras expedida la Constitución de 1991, un tratado de paz y derechos humanos, el país entró en una de las fases más intensas del último ciclo de confrontación armada; con millones de víctimas y miles de militantes y dirigentes de fuerzas opositoras asesinados. El artículo 112 de la Constitución flaqueó en esa promesa de construir un estatuto que le ofreciera garantías reales de protección, control y fiscalización a los sectores opositores. Se convirtió en una promesa incumplida en medio de la horrible noche.
Para el 2012, cuando el país conoció del proceso de paz que se adelantaba con la entonces guerrilla de las FARC-EP, se habían presentado 12 proyectos de ley y reforma constitucional para reglamentar el artículo 112. Todos se hundieron. Ni en los tiempos más aciagos de la guerra se llegó a una concertación para crear un estatuto que protegiera a una oposición que en el gobierno Uribe resistió con firmeza el empoderamiento del paramilitarismo (que llegó a tener el control del 30% del Congreso), las “chuzadas” perpetradas desde la oficina contigua al despacho presidencial, la estigmatización, el terror. El embrujo autoritario del uribismo no doblegó a la oposición, que siguió avante con debates de control político, mostrándole a un país hechizado por un discurso guerrerista la progresiva erosión de los principios democráticos, sin lugar a dudas, esa fue la oposición más valiente en la historia reciente del país. Volviendo al proceso de paz, resultó muy esperanzador cuando en el borrador conjunto del punto dos (llamado participación política) se concertó crear un Estatuto de la Oposición. Sí, el estatuto es un hijo del acuerdo de paz.
¿Por qué para la guerrilla de las FARC-EP era importante reglamentar de una vez por todas el artículo 112 de la Constitución? Esa es una pregunta importante y que en mi reflexión remite a la narrativa heroica y trágica que la exguerrilla construyó sobre sí misma. Desde las FARC-EP se consideraba que muchos de los muertos de la UP eran sus muertos, sus cuadros más ilustres que cayeron confiando en una promesa de paz y apertura política. Solo hay que recordar que Iván Márquez llegó a ser, avalado por la UP, representante a la Cámara por Caquetá. A finales de los 80, cuando el genocidio contra los militantes y dirigentes de su partido llegó al punto más alto, salió megáfono en mano a la Plaza de Bolívar a gritar con la angustia de quien ve morir a sus compañeros: no nos sigan matando. No fue escuchado y se volvió a enmontar. Darle vida al artículo 112 seguramente se convirtió en un compromiso personal. También se percibía como una medida restaurativa y especialmente como la eterna promesa de que la violencia política fuera cosa de un pasado oscuro. De generaciones que poco entendieron de paz.
Aunque ha pasado muy poco tiempo para valorar la implementación del estatuto y su aterrizaje en lo local, es dable para reflexionar sobre su importancia y valor sentimental. Más que acomodar las fuerzas políticas en las corporaciones públicas u otorgar una serie de garantías y derechos, en el estatuto subyace un mensaje profundamente humanista: la oposición es un derecho fundamental. Enraizado en lo más hondo de la vida y dignidad de quienes asumen posiciones críticas en una sociedad donde la pluralidad y la diversidad deben prevalecer ante cualquier “embrujo” o tendencia hegemónica. Hay un leitmotiv en el ADN histórico de las democracias liberales: sin oposición no hay democracia. En Colombia, yo agregaría otra secuencia: sin oposición no habrá paz. Debemos cuidar esa paz chiquita y a sus hijos, que son pocos en medio de incumplimientos, un Iván Márquez que volvió al monte y un genocidio de firmantes de la paz y líderes sociales. Es el valor sentimental de un estatuto que, al igual que el acuerdo de paz, nos pertenece a todos.
