El gobernante partido uribista del Centro Democrático ha hecho dentro de las fronteras de Colombia una campaña acérrima en contra del proceso de paz y la JEP. Esta ha sido su bandera de lucha, junto con la supuesta amenaza castrochavista. Tal es así que públicamente prometió en mayo del 2017 “hacer trizas la paz” si llegaba al poder el siguiente año. No obstante, cuando Duque fue elegido, a la par que nombra en altos cargos a personas abiertamente hostiles al proceso de paz o a la JEP, en el exterior mantiene un discurso ambiguo y en algunas ocasiones favorable a estas instituciones. No más faltaba, ¿cómo podría pedir y/o aceptar recursos de la comunidad internacional para implementar un proceso en el que ni el mismo gobierno cree?
Sin embargo, no se había visto un discurso tan acalorado en defensa de la JEP y del proceso de paz como el que dieron los representantes del gobierno uribista en la audiencia del 8 de febrero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las víctimas de la Unión Patriótica versus Estado colombiano. Allí, ante la mirada increíble de miles de colombianos que seguían la transmisión por redes sociales, los representantes del gobierno uribista defendieron a capa y espada el proceso de paz, la justicia transicional y con ello, la JEP, como garantía de justicia para las víctimas de dicho exterminio.
La audiencia contó con la presencia del jefe de la Agencia Jurídica del Estado, el antes pastranista y ahora uribista Camilo Gómez. Allí la profesora Juana Acosta y los demás miembros del equipo de defensa del gobierno colombiano hicieron una brillante exposición donde demostraron cómo el proceso de paz con las Farc y la justicia transicional (de la cual la JEP es su principal exponente) son el único medio para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
La lógica jurídica detrás de ello es demostrar que Colombia administra justicia efectiva a través de la justicia transicional, siendo capaz de reparar a las víctimas, por lo cual, en virtud del principio de subsidiariedad, no puede haber una condena por tribunales internacionales en contra del Estado colombiano como consecuencia de dicho genocidio. Tales instancias son subsidiarias y solo podrían operar si esos mecanismos no garantizan unos mínimos de justicia.
Mientras transcurría la audiencia, muchos colombianos se preguntaban por qué la JEP y el proceso de paz en esa instancia sí le es útil al uribismo mientras que a los colombianos le predican el mensaje contrario. Cualquiera que conozca el principio de identidad formulado por Parménides hace 2500 años, el cual es piedra angular de la lógica y la filosofía occidental, sabrá que alguno de los dos discursos del uribismo es falaz: miente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o miente al electorado colombiano. El proceso de paz, la justicia transicional y la JEP no pueden ser malas y buenas al mismo tiempo dependiendo del receptor del mensaje.
