El vicepresidente Germán Vargas no disimuló su malestar cuando se enteró de la realidad del deplorable estado de las playas de Tolu y Coveñas en plena Comisión de Océanos presidida por él, hace un par de semanas. Vargas fue testigo de primera mano de cómo se habían dilapidado más de $7 mil millones del anticipo de un contrato destinado al mantenimiento y la recuperación de éstas, en el que intervinieron el exrepresentante Yahir Acuña y la Senadora Conservadora Nora García.
Los parlamentarios de Sucre y Cordoba respectivamente se aliaron para acceder via cupos indicativos, a la partida presupuestal proveniente de recursos de regalías. El contrato, que fue entregado al contratista Javier Mizguer cercano a Acuña, nunca se ejecutó a pesar de que se hizo un giro de $7 mil millones sin ni siquiera contar con la consulta previa de las comunidades. El vicepresidente pidió públicamente que se tomaran medidas contra los responsables del incumplimiento.
Jahir Acuña, cuyo grupo fue derrotado en la campaña electoral pasada y perdió la gobernación de Sucre, le respondió al vicepresidente y defendió nuevamente al contratista y atacó al Senador liberal Mario Fernández quien ha denunciado el tema.
Los contratos entregados por el gobierno con cálculo político a los congresistas para asegurar la Unidad Nacional en el primer gobierno de Juan Manuel Santos resultó efectiva. Congresistas de la misma región aunque con origen en partidos distintos como el caso de Nora García del Partido Conservador y Yahir Acuña de Afrovides –antes de que su movimiento se convirtiera en Cien por ciento Colombia- se juntaron para acceder a las partidas regionales o cupos indicativos y facilitarle luego el trabajo al ejecutivo.
Yahir Acuña ex representante de Sucre pero cuyo poder radicaba realmente en su condición de Presidente de la Comisión de Acusaciones y Nora García senadora conservadora con influencia en la coalición de gobierno, quienes ya se habían aliado para las elecciones del 2010, fueron favorecidos por el gobierno a través del entonces Secretario General de la Presidencia Aurelio Iragorri con una partida regional de $14 mil millones parta el mantenimiento de las playas del Golfo de Morrosquillo en los municipios de Tolú y Coveñas.
Los alcaldes tanto de Tolu, Cesar Serrano como de Coveñas, Ariel Alvarado fueron elegidos con el aval del movimiento Afrovides, lo cual garantizaba el control político de Acuña en la materialización del contrato. La empresa escogida por los alcaldes para ejecutar las obras fue el Consorcio Playas Coveñas-Tolú cuyo representante legal es Javier Mizguer Pacheco, con cédula de Chinú, Córdoba, quien es hermano de José Carlos Mizguer Pacheco del grupo político de Yahir Acuña.
Mizguer Pacheco formó parte de la lista de Cien por Ciento Colombia que lanzó Acuña para aspirar a la Cámara de por Sucre en las pasadas elecciones de marzo del 2014 y obtuvo la votación más alta después de Yahir Acuña. Desde que éste se retiró en octubre pasado para aspirar a la gobernación de Sucre, José Carlos Mizguer Pacheco ocupa su curul.
El contrato que tuvo una duración express de seis meses firmado por Mizguer Pacheco se perfeccionó el 28 de Octubre de 2013 y recibió un primer anticipo del 50%, es decir $ 7.000 millones, seis meses antes de las elecciones legislativas El resto de los recursos fueron entregados después del 22 de abril del 2014 en la recta final de los comicios en las que Yahir Acuña desplegó una arrolladora publicidad en todos los municipios de Sucre y Nora García hizo lo propio en Monteria donde su hijo Marco Pineda es el exalcalde, logrando además sacar a David Barguil, su delfín político, para la Cámara de representantes de Córdoba. Tanto Acuña como Barguil obtuvieron abultadas votaciones para llegar al congreso.
Este contrato tuvo además un pecado original. Constitucionalmente todo compromiso presupuestal público que se ejecute en zonas de población afrodescendiente, como es el caso de Tolú y Coveñas, debe cumplir con el requisito de la consulta previa con las comunidades. Tanto para iniciar el contrato como para su finalización el Ministerio del Interior entonces en cabeza de Aurelio Iragorri, autorizó omitir este requisito.
El 22 de Abril de 2014, a menos de una semana de concluir su ejecución, el director de la oficina de consultas previas del Ministerio del Interior, Alvaro Echeverri Londoño, -de toda la confianza de Iragorri- expidió una certificación con la cual y certificó que “en los municipios de Santiago de Tolú y Coveñas no se registra presencia de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras’’ . La certificación No 701 firmada por Echeverri Londoño, que contraría la realidad de la composición afro de esta zona del país, sirvió para que el contratista contara con todos los recursos presupuestales de una manera excepcionalmente expedita.
Artículo realizado con basa a: El contrato de Yahir Acuña y Nora García que se burló de la consulta de los afros. Publicado el 14 de abril de 2015