La decisión de intervenir a Electricaribe es consecuente con el rol que debe jugar el Estado en la economía, porque rebasa el concepto neoliberal de simple espectador y también devalúa el concepto que los servicios públicos están en buenas manos cuando son manejados por particulares. La realidad de un nuevo operador es inaplazable, tal cual quedó patentizado en el estudio de banca de inversión hecho por la FDN, por encargo del interventor y la Superintendencia de Servicios.
Antes de entrar el nuevo operador, el modelo de negocio a seguir, tiene que plantear salidas concretas a los factores de riesgo de hoy y que los tendría el nuevo operador:
1) Pérdidas por energía del 23%, que equivale a $ 50.000 millones por punto, según expertos, focalizada principalmente en las zonas no legalmente electrificadas, que son los sectores subnormales de ciudades y campos.
2) Retraso en el pago de subsidios del gobierno, que no se dan en la anualidad causada, que afectan los flujos financieros del operador.
3) Inversión insuficiente en redes, subestaciones, transformadores, que interrumpen la continuidad del servicio y generan cuantiosas pérdidas a los hogares.
4) Un pasivo pensional por 2 billones de pesos. Eso dicen la Contraloría general y la FDN.
Sería responsable que el Estado pudiera manejar de forma directa la operación en zonas subnormales, que pudiera construir una planta térmica para atender esa demanda de energía y lograra proveer el servicio con tarifas cercana a los costos de producción. Lo que se plantea es una división del negocio no por territorio, sino por siniestralidad o segmentación del mercado, con lo cual el gobierno garantizaría el acceso de las familias más pobres, a un servicio esencial en condiciones de calidad, que lograría que esas personas pudieran pagar el servicio,se le quitaría el riesgo de pérdida de energía al nuevo operador y los problemas en su cartera.
Lo que se ha encontrado con la empresa Energía Social de Electricaribe, creada para incentivar el pago de los usuarios marginales, es que los ciudadanos pobres terminan pagando los precios más altos de energía en el país. Ninguno puede entender que la misión de esa empresa, sea extender la cadena de abusos y su codicia a los que menos tienen. Pongo el ejemplo de Condensa en Bogotá que bajó del 23% al 8% la tasa de no pago en esas zonas. El círculo vicioso de no inversión porque hay morosidad en los pagos, se forma justamente, al ver que las tarifas más caras del país la tienen los habitantes de menores recursos.
La crítica al actual modelo de intervención van en dos sentidos. El primero, se refiere a las inversiones que está haciendo el gobierno, que no se ven según la Contraloría opciones de retorno a las arcas públicas. Una acción que podría agotarse, sería modificando la actual participación accionaria a favor del Estado, con base en los recursos ejecutados, para tener una participación accionaria mayor que el 15% actual. Eso debería estudiarse, porque esas inversiones corresponderían al actual operador y porque también valorizaron sus activos Lo segundo tiene que ver con los acuerdo de promoción y protección recíproca, más en un contexto nacional, que hoy vienen pegados a los tratados de libre comercio. Su finalidad es proteger a las inversiones de las empresas en los suelos de países amigos, para incentivar la inversión extranjera.
Lo cierto es que “según las investigaciones empíricas sobre el tema, no se ha comprobado que los APPRI efectivamente atraigan inversión extranjera” de acuerdo con lo que sostienen los profesores Enrique Prieto y Rene Urueña. Electricaribe es una empresa española, protegida por el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España, aprobado por la Ley 1069 de 2006. Ahora que Electricaribe ha demandado al Estado Colombiano, pretextando incumplimientos, deberían revisarse todos los acuerdos existentes sobre el tema.
Los mil millones dólares, que aspira Electricaribe por su demanda, también deben ser objeto de consideración en la decisión, no para temerle, sino para ratificarnos en su sustitución. Lo cierto es que el actual operador no debe continuar, porque está demostrada su incapacidad técnica, financiera,operativa y de comercialización. Electricaribe apeló para el mantenimiento de sus redes a una tercerización de baja idoneidad que ha traído traumatismos. Y que puso a la industria y al comercio a comprar energía en bloque, más costosa pero más segura. Por eso el proceso de sustitución patronal, no puede afectar a los actuales trabajadores. El nuevo operador debe ser un jugador con experiencia, preferiblemente estatal, o que en el mínimo de los casos sea de naturaleza mixta con una gran participación del Estado.
