A contrarreloj el gobierno y antiguos guerrilleros intentan recuperar 15 fincas en la localidad 20 de Bogotá, que serán usadas para reparar a las víctimas y que son acechadas por las disidencias.
El páramo del Sumapaz, el más grande del mundo, fue durante años una de las retaguardias de las Farc. Un territorio de 178.000 hectáreas estratégico por conectar a cuatro departamentos: Huila, Cundinamarca, Meta y Tolima, y sobre todo por ser una entrada directa a la capital. La mira de Manuel Marulanda estuvo puesta particularmente sobre el Sumapaz, la localidad 20 de Bogotá que junto a Usme concentra el 75% de la ruralidad y donde ahora las comisiones de búsqueda de los bienes de la extinta guerrilla han llegado para recuperar 15 fincas, que por el decreto 1080 terminarán a manos del gobierno de Iván Duque antes de la noche buena de este 2020.
A un lado quedó la cuarentena para las comisiones de búsqueda de los bienes de las Farc, compuestas por integrantes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) – encargada de administrar los bienes que han sido objeto de extinción de dominio, y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) encabezado por Pastor Alape. El trayecto para llegar hasta Sumapaz localidad es de dos horas a dos horas y 40 minutos de recorrido, en el que las casas de concreto y los altos edificios se van diluyendo entre la niebla y el paisaje se va cambiando por pequeñas parcelas y las vacas invadiendo la carretera de par en par.
El campesinado del Sumapaz tiene una organización fuerte, desde donde mantienen proyectos comunitarios de defensa y cuidado del territorio. Foto: María Fernanda Padilla Quevedo
Sumapaz, la localidad 20 de Bogotá, se mantuvo sin ningún contagio durante los cinco meses de aislamiento nacional. Foto: María Fernanda Padilla Quevedo
Fue uno de los ex comandantes del Bloque Oriental de las FARC José Manuel Sierra Sabogal o el Zarco Aldinever, quien inventarió cada una de las 15 fincas que fueron entregadas por la extinta guerrilla durante los años de conflicto a campesinos o guerrilleros retirados para que vivieran, cultivaran y las mantuvieran cuidadas. Antes de volver a tomar las armas junto a Iván Márquez y Jesús Santrich en la disidencia de la Nueva Marquetalia, Aldinever dejó la lista en manos de Argemiro*, un poblador del Sumapaz, quien recibe a las comisiones SAE-CNR FARC.
La primera reunión fue el 19 de septiembre de 2018, donde se ubicaron los predios que suman en total 3.322 hectáreas distribuidas en algunas de las 28 veredas y los corregimientos Nazareth, Betania y San Juan que conforman la localidad 20. Desde entonces la comisión SAE- CNR FARC visita a cada una de las familias que viven en esas fincas, muchas de ellas llevan más de 20 años allí y las han recibido por traspaso generacional.
Pedro Barbosa es vecino de dos de los predios que quedaron en manos del gobierno. Lleva más de 60 años viviendo en el Sumapaz. Foto: María Fernanda Padilla Quevedo
Uno de los pobladores que ha participado del proceso de entrega de los bienes es Pedro Barbosa, un campesino a punto de cumplir los 70 años, nacido y criado en la finca El Problema. Allí mismo levantó a su familia y ha vivido de la venta de leche y la fabricación de quesos. Aunque su predio no le fue entregado por las Farc, las vecinas Las Lajas y Los Pinos, que le debe su nombre a dos de estos árboles de cerca de 80 años, están en la lista. Una vez en su casa, la comisión de la SAE – integrada por una abogada y un ingeniero- y un representante del CNR FARC lo acompañaron a recorrer parte de las 31 hectáreas para delimitar con un GPS sus tierras y las que se darían al gobierno.
El proceso tras identificar un predio es evaluar la situación jurídica, si se encuentre dentro de algún parque natural, si es un baldío o si está registrado a nombre de una persona. Luego se habla con los actuales propietarios, quienes deben confirmar si efectivamente se trata de un bien de las Farc para que pueda ser puesto en manos del gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz o de lo contrario pasar a un juez ordinario que deberá verificar si hubo testaferrato.
Foto: María Fernanda Padilla Quevedo
Durante el recorrido un ingeniero demarca el terreno con un GPS para dejar fijado el número de hectáreas entregadas en el acta final. Foto: María Fernanda Padilla Quevedo
Tras dos horas de recorrido, Pedro Barbosa y su hijo Pedro Barbosa junior hicieron el proceso de legalización de los predios. Verificaron que los linderos estuvieran a punto, confirmaron que conocían que los predios vecinos hacían parte de las FARC – aunque según ellos hace años nadie se aparecía por allí salvo Argemiro* como encargado - y firmaron el acta de final.
Sobre los bienes de las Farc han existido todo tipo de confrontaciones sobre la suma final de su valor. La extinta guerrilla reportó $ 964.151’286.166, de los cuales se pueden monetizar $ 542.942’535.469, pues parte el gobierno Santos –en su momento- y Duque se han negado a recibir las obras de infraestructura, como carreteras, y armamento que hacen parte del inventario. A su vez, el presidente Duque ha negado que el actual partido de la FARC haya entregado los $12.070 millones de dinero en efectivo que prometieron.
Con la firma del acta final los campesinos no quedan vinculados a ningún proceso judicial. Los bienes pasan a manos del gobierno. Foto: María Fernanda Padilla Quevedo
En cifras de Pastor Alape por parte de las extintas FARC, se han entregado $114 millones en efectivo, USD 450 mil en efectivo, 255 mil gramos de oro; 229 semovientes, 134 carreteras, 8 bienes inmuebles y 1.546 muebles, enseres y equipos varios. El lunar son los inmuebles de los que solo se han puesto en manos del gobierno el 4% de los bienes reportados
Pero el afán de recuperar las fincas no es solo por el decreto 1080 de 2020, que puso como límite para dejar a punto todo el inventario, sino las denuncias de que el Estado no ha tomado custodia de estos bienes por lo que podrían ser usurpados. De ahí que se rumore en las veredas de Sumapaz que Aldinever está tratando de recuperar estas fincas amedrentando a los campesinos mientras las comisiones de búsqueda de la SAE y CNR FARC trabajan a contrarreloj para cumplir con el plazo del gobierno Duque, que deberá arrendar o vender las fincas para reparar a la víctimas del conflicto armado como quedó consagrado en el acuerdo de paz.
*Nombre modificado por seguridad de la persona.
