El 23 de septiembre es un día histórico en el reconocimiento de los derechos de las víctimas indígenas en Colombia. No solo se trata de la primera sentencia de restitución de tierras para ellas, después de que más de 500 fallos para víctimas no étnicas. También, porque se compromete en serio con sus derechos, aún cuando el opositor es un peso pesado: la minera sudafricana Anglo Gold Ashanti.
Aunque en Colombia todo el mundo habla de la “ley de víctimas”, en realidad existen cuatro leyes: una general, y tres específicas: la de indígenas, la de afros y la de los gitanos Rrom, que reconocen sus características y afectaciones propias. Por ejemplo, dan cuenta de cómo los daños no solo son individuales, sino colectivos para ellos. La cultura se pierde cuando el desplazamiento dispersa a los integrantes, la unidad se rompe cuando son asesinados los líderes y la espiritualidad sufre cuando es dañado el territorio o cuando se les impide el acceso a él. Porque el territorio es, según me dijo un día Cayetano Torres, indígena arhuaco, “el envoltorio natural y cultural de los pueblos”. Sin el territorio, la cultura, las lenguas, las prácticas y las costumbres pierden sustento. La ley de víctimas indígenas, reconoce, entre otras, que para ellos, el territorio mismo es víctima cuando es violado o profanado.
Por eso, los restituidos no son solo los más de 7 mil integrantes, sino todo el pueblo embera katío del Resguardo del Río Andágueda, en el municipio de Bagadó, que queda en el pie de monte chocoano de la cordillera occidental. Este es un paso estratégico de las guerrillas, las autodefensas, los narcotraficantes y las bandas criminales. Todos han dejado estragos, incluido el ejército, al combatir a los grupos ilegales.
Entre el fuego cruzado y la presión de los grupos armados, los indígenas fueron acorralados y hostigados. Algunos fueron asesinados. Como consecuencia, muchos tuvieron que desplazarse a varias ciudades, como Bogotá y Medellín y sufrir condiciones humanitarias muy difíciles.
Mientras todo esto ocurría, la zona se puso de moda para hacer minería. Varias empresas, entre ellas la sudafricana Anglogold Ashanti, recibieron o solicitaron títulos. En total, sobre el 62% del resguardo. Y la minería ilegal también hizo de las suyas.
Foto: archivo onic.org.co
Y acá está el meollo del asunto. En el proceso de consulta de las leyes de indígenas y afros, las comunidades dejaron claro que no solo acciones de los actores armados las victimizan, sino también de actores legales que se aprovechan de la guerra para apropiarse de su territorio o de sus recursos naturales. Puede que una empresa cualquiera no haya apoyado nunca el conflicto, ni haya financiado a grupos armados. Pero puede ser que le haya quedado un poquito más fácil explotar recursos en sitios donde los indígenas o afros fueron desplazados o donde los mayores líderes fueron asesinados y la resistencia es mínima.
Y también puede ser que algunos grupos armados apoyaran con sus acciones la entrada de estos proyectos y les dieran una manito, como confesó Carlos Castaño cuando el filósofo Henry Levy le preguntó por qué había mandado asesinar a un embera katío en Tierralta, Córdoba. Su respuesta fue que el indio se oponía de a mucho a la construcción de la represa de Urrá.
Y así es que la ley de víctimas indígenas y afros no solo les permite, sino que les ordena a los jueces de restitución suspender permisos mineros cuando esto sea necesario para proteger los derechos de las comunidades.
Pero como el minero es un tema tan sensible, sobre todo porque es una prioridad del actual gobierno, muchos escépticos creían que este punto se quedaría sobre el papel. Pero la primera sentencia muestra que no fue así. En un fallo valiente, el magistrado ordenó la suspensión de las solicitudes y de todos los contratos mineros que afecten el resguardo.
Las empresas opositoras argumentaron que habían hecho todo bajo el manto de ley. Y eso es verdad. Los minerales son del Estado en Colombia y el gobierno les concedió legalmente los títulos. Pero lo legal deja de serlo cuando es a costa de la vida o de la diversidad étnica del país. Cuando hay conflicto armado, hay una zona de grises entre lo legal y lo ilegal que el gobierno y las empresas no pueden ignorar, aun cuando todos los trámites se realicen conforme a las normas.
Foto: lwfcolombia.com
Y eso fue lo que dejó claro el juez de restitución. Esta suspensión debe ser cumplida con apoyo del ejército mismo si es el caso. Mientras tanto, las autoridades mineras y ambientales tienen que estudiar, con participación de las comunidades, los impactos de los proyecto mineros, tanto los legales y los ilegales y hacer un plan para la recuperación del territorio.
Las actividades mineras podrían retomarse tras una verdadera consulta previa, esto es, que sea libre, sin presiones de ningún tipo, sobre todo de grupos armados. La sentencia deja claro que las comunidades pueden decir “no”, si los proyectos implican su desplazamiento, si se vierten desechos tóxicos en su tierra o si los impactos sociales, culturales y ambientales amenazan la existencia misa de la comunidad. La Corte Constitucional ha demostrado que al menos 35 pueblos indígenas en Colombia están en riesgo de extinguirse.
Este es el resumen que aparece en la Sentencia.
Así, esta sentencia es una cosecha de los pueblos indígenas de los derechos que sembraron y conquistaron en el proceso de consulta previa a lo largo del 2011 de la ley para víctimas indígenas. El Estado colombiano, acaba de demostrar su compromiso con ellas y de poner una pieza clave para que los proyectos de desarrollo no se construyan sobre los estragos del conflicto. En cambio, para que que la restitución de tierras y la reparación sirvan para construir un modelo de desarrollo al derecho, esto es conforme a los derechos de todos las personas y todos los pueblos.
