En la actualidad, los derechos humanos en Colombia son un tema bastante olvidado, no solo por el Estado sino por sus ciudadanos. Se han pasado por alto muchos factores que afectan gravemente la implementación, vigilancia y cumplimiento de estos según la constitución política de 1991.
Cabe anotar que la anterior es la carta magna vigente en el país y en ella se encuentran las leyes supremas de la nación aprobadas en el año 1991, en la presencia de diversos sectores políticos, sociales y religiosos que mediante la asamblea nacional constituyente dieron su origen.
En esta se dio una reforma total a su antecesora la constitución del año 1886; entre muchos aspectos que se incluyeron allí se implementaron los mecanismos de protección de los derechos humanos con el objetivo de que estos ayudaran al cumplimiento e implementación efectiva de los mismos en el país, algo que hasta hoy no ha servido para mucho.
La creación de los mecanismos de protección de los derechos humanos y su implementación en el país tenían como principal objetivo garantizar el respeto a los mismos, demostrando mayor vigilancia y control riguroso para que los derechos de los colombianos no se vean vulnerados. Tras casi 30 años de ser aprobados en la constitución, en la actualidad aunque sí son eficaces para algunos, para otros no tanto.
¿Son eficaces estos mecanismos para la protección de los derechos humanos en el país?
Colombia lleva más de 50 años sumida en un intenso conflicto interno que ha dado espacio a masacres, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y mil y un vejámenes más. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre el año 1982 y el año 2012 se presentaron 1982 masacres en todo el territorio nacional; masacres que se dividían entre guerrillas, grupos paramilitares, grupos de delincuencia desconocida y “alianzas” entre el ejército y los paramilitares. Las víctimas de estos atroces hechos son personas apartadas de las grandes ciudades, campesinos y personas de escasos recursos.
Familias enteras han sido exterminadas en estas masacres y hasta ahora ninguno de los gobiernos que pasaron en esos años hizo algo al respecto. El olvido total del Estado y de las instituciones que se supone fueron creadas para la protección de los derechos humanos hacia los territorios más apartados ha hecho que grupos insurgentes se adueñen de ellos sin importarles nada, matando a diestra y siniestra, desplazando a 8 millones de personas de sus hogares cada año para convertir el territorio en sus sitios de campamento y entrenamiento.
Estas cifras presentadas anteriormente demuestran cómo los gobiernos no se han interesado ni un poco en hacer respetar los derechos humanos en el país, cómo el olvido total de los gobiernos ha cobrado miles de víctimas en todo el territorio, cómo la guerra les llena el bolsillo de dinero a los más poderosos mientras que un campesino humilde o un defensor de derechos humanos muere cada día por este conflicto interno, y cómo los derechos humanos en el país no valen de nada porque aquel que los defiende es asesinado cumpliendo su labor social.
Según el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz, desde la firma y la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en el año 2016 hasta el mes de mayo de 2020 se registraron 837 asesinatos a líderes sociales y excombatientes de las FARC; datos que reflejan cómo la vida de estas personas que son las únicas que en realidad defienden a los más vulnerables son arrebatadas cada día y cómo ningún gobernante o legislador hace algo por frenar un poco esta persecución hacia ellos. Cada 4 días muere un líder social en Colombia y el gobierno actual ni ninguna de las instituciones que fueron creadas en la constitución del año 1991 destinadas a la vigilancia permanente de los derechos humanos en la nación ha hecho algo al respecto.
De los datos anteriores se pueden deducir varios rasgos de suma importancia. Primero, la principal causa de que los derechos humanos sean ignorados en el país es sin duda alguna la guerra interna, frente a la que hasta hoy ningún ente gubernamental ha tomado cartas en el asunto y ha hecho algo para frenar esta masacre contra ellos. Segundo, Colombia es la cuna de la violación de los derechos humanos, por lo que se deben realizar mayores controles rigurosos al cumplimiento de los mismos en todo el territorio. Tercero, no se puede seguir permitiendo que ese exterminio contra los líderes sociales y defensores de los derechos humanos continúe. Cuarto, el pueblo colombiano debe luchar por sus derechos si el gobierno de turno no lo hace. Quinto, el pueblo colombiano aprenda a perdonar, a vivir en paz, a dejar atrás por un momento las diferencias políticas y pedir en conjunto el respeto al derecho a la vida, a la constitución y a los derechos humanos. Sexto, el pueblo colombiano debe aprender a soltar estos 50 años de intensa guerra que lleva desangrando y polarizando al país. Todo esto sin impunidad ni olvido y con reparación a las víctimas de esta guerra.
Ante esto el pueblo colombiano debe unirse y decir: ¡no más guerra!, ¡sí al respeto de los derechos humanos¡, ¡sí a la paz!
