“El Estado garantizará la seguridad humana para la construcción de la paz total”, es quizá la frase sobresaliente del proyecto de ley radicado en el Congreso de la República a través del cual se busca definir la Política de Paz del Estado. Iniciativa encabezada por el Gobierno Nacional que modifica y complementa la ley 418 de 1997, a través de mecanismos novedosos como la conformación del Gabinete de Paz, la creación de Regiones de Paz y la implementación del Servicio Social para la Paz.
El tren de la “paz total” arrancó, no tiene reversa y por el bien del país, ojalá llegue a su destino más pronto que tarde, cargado de optimismo y esperanza. Y para alcanzar este anhelo, es crucial que lleve a bordo a los sectores representativos del país, congregados en el Gran Acuerdo Nacional que anunció el presidente de la República al momento de su elección. Porque serían incesantes las adversidades, si se avanza de manera unilateral, egocéntrica, con suspicacia y secretismo, y en el ambiente de polarización e incertidumbre que hoy existe. Y mientras avanza el proyecto de ley en el Congreso, el que será aprobado rápido y sin mayores inconvenientes, la “paz total” como programa bandera de gobierno, absorberá el devenir cotidiano de los colombianos, tal como ocurrió en el Caguán durante casi cuatro años y en La Habana por seis años. Los mensajes que hoy vemos en esta dirección ya lo demuestran, han sido criticados por retóricos, sobrecargados de anuncios y expectativas, pero con un ingrediente de talla mayor y realmente complejo. Se ha colocado en el centro de esta política, la seguridad humana y la protección de la vida como las principales garantías para alcanzar la paz, sin embargo, y claro es prematuro adjudicarlo al actual gobierno, la violencia y la criminalidad no cesan y la Fuerza Pública aún se ajusta del remezón causado. Indepaz reportó 72 masacres con 222 víctimas en 2022, 11 de ellas, es decir el 15 % durante los 20 días de la actual administración.
Muchos sapos variopintos habrá que tragarse y las decisiones del gobierno incomodarán a un sector mayoritario de los colombianos, son costos inevitables que acarreará la búsqueda de la “paz total”. La lógica señala que se avecinan la suspensión de órdenes de captura y solicitudes de extradición, la desmilitarización de zonas, el cese de operaciones militares y policiales, el traslado de cabecillas delegados como negociadores, contubernios con cabezas de los regímenes de Venezuela y Nicaragua como ya se han visto, y seguramente, una vez instaladas las negociaciones, horas interminables y fatigantes de transmisión televisiva por el canal institucional de diálogos regionales, al mejor estilo de la retórica estéril e infructuosa que caracterizó al Caguán. Un esquema que indudablemente juega en contra de las expectativas del proceso.
La desconfianza arraigada en las víctimas, en gran parte de la población, en la oposición política, en la reserva activa y en la misma Fuerza Pública por cuenta de lo que se ha catalogado, como una negociación “de los mismos con las mismas”, exige con mayor razón de un gran acuerdo nacional alrededor de la paz, rigurosidad en la transparencia del proceso, comunicación abierta, oprtuna y eficiente, acceso a los medios, validadores y garantes nacionales e internacionales neutrales, protocolos ajustados a la Constitución y la Ley, jornadas de pedagogía y metodología con expertos, apoyándose del modelo y las lecciones aprendidas de La Habana; y un factor fundamental, gravísimo error se cometería, si se adelantan unas negociaciones a espaldas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, o si hay el mínimo asomo de equipararlas al nivel de los criminales; en consecuencia, la inclusión directa de la cúpula en las decisiones es vital, así funcionó sin contratiempos y en términos muy profesionales en los diálogos con las Farc. En este mismo sentido, es muy apropiado la implementación del Centro Integrado de Inteligencia para la Paz, anunciado por el director general de la Policía Nacional, mecanismo que ha funcionado durante los procesos de paz desde los años 90 y que se ha constituido en valioso órgano técnico asesor para orientar y contribuir en el desarrollo de todas las actividades relativas a las negociaciones.
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Gravísimo error se cometería si se adelantan unas negociaciones a espaldas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, la inclusión directa de la cúpula en las decisiones es vital
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Son innumerables los interrogantes sobre la “paz total”, siendo necesario a toda costa evitar a tiempo que se generen sinergias de indignación nacional. El gobierno se ha fijado como estrategia, integrar a este propósito, el “gabinete de paz”, es decir, que todos los ministerios y departamentos administrativos del Ejecutivo estarán a bordo del tren de la “paz total”, alineados en igual hoja de ruta para movilizarse con todas sus capacidades sobre las regiones más pobres, vulnerables y afectadas por la violencia. Esta es la deuda histórica de los gobernantes con las comunidades hasta ahora invisibilizadas, y qué colombiano no le apuesta a este propósito de nación, alejados de sentimientos ideológicos y cálculos políticos, es una oportunidad de oro para cesar la barberie, redimir a las comunidades abandonadas por el Estado y quitarle el combustible de las economías criminales a los violentos. Es una nueva dinámica, con otra dimesión, que nos guste o no, le apunta a recuperar el control institucional del territorio en las 65 zonas más afectadas por la violencia, Zomac, y que no se ha logrado en décadas por cuenta de la corrupción, las maquinarias políticas y porque se ha dejado sola a la Fuerza Pública. Esta es la apuesta.
Los Puestos de Mando Unificados PMU para la prevención y protección de la vida fueron anunciados por el presidente y funcionarán bajo el control de los mandatarios municipales y departamentales, estarán a bordo del tren de la “paz total” y allí convergerán las Fuerzas Militares, la Policía y los organismos de seguridad de la región. No se trata como se ha dicho de subordinar a las unidades militares al mandatario local, tampoco de delegar esta facultad constitucional del primer mandatario a alcaldes y gobernadores para ponerles un inri en la frente; los PMU no tendrán competencia en el desarrollo de operaciones militares y policiales contra los grupos al margen de la ley; su carácter es eminentemente preventivo y protector y serán claves en el funcionamiento de las regiones de paz.
Ahora bien, el tren de “la paz total” con todos los actores a bordo, no puede convertirse en el sofisma perfecto de distracción, ya advertido por lo más escépticos, que catapulte a la nación en la violencia, la criminalidad y el narcotráfico. Un descuido deliberado o no, de una realidad subterránea que se enmascara en la paz y sobre un aparente cese de la violencia y donde el narcotráfico sigue siendo la piedra angular que alimenta múltiples economías criminales, sería catastrófico para el país. Las estaciones más neurálgicas del tren de la “paz total” están en Arauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca y el Pacífico sur, todas ellas en las fronteras, y el reto de conquistar institucionalmente estos territorios a través de la paz, la seguridad humana y la protección de la vida, comienza por desactivar, no solo las estructuras al margen de la ley, sino esencialmente, eliminar el emporio criminal, que desde hace muchos años le pertenece al ELN, a la nueva Marquetalia, a las disidencias de las Farc, al Clan del Golfo, al Tren de Aragua y ahora a los carteles mexicanos. No es como soplar y hacer botellas, más aún cuando la “paz total” es innegable utopía.
LPNSN: No es cierto que la denominada “primera línea” participará en la transformación del Esmad. Las campañas de desinformación y de indignación, flaco favor le hacen a los propósitos de nación.
