La discusión sobre el avance del fascismo en Colombia no es académica ni retórica, sino muy concreta. Es un proceso que puede verificarse día tras día en políticas y acciones que parecieran desconectadas.
La solicitud de preclusión del proceso contra Uribe por los delitos de intento de soborno y manipulación de testigos, presentada el pasado viernes por la Fiscalía, hace parte de dicho proceso. Es resultado del control omnímodo del Estado por cuenta del personaje: Ejecutivo, Congreso, organismos de control, Fuerzas Armadas, Consejo Electoral. Con su anunciado referendo pretende acabar con las incómodas cortes y con la independencia judicial.
El intento de manipular a una opinión pública cada vez más despierta y crítica es asunto central para este proyecto. Por ello, ante la disminución significativa de su favorabilidad y credibilidad entre amplios sectores debido a sus andanzas oscuras y a la nefasta gestión de Duque, se acentuó todavía más su control de los medios: El Tiempo, RCN, Semana. La defensa incondicional del proyecto es ineludible para sus propietarios.
Son medidas desesperadas para tratar de ocultar la verdad, cuando cada vez se levantan más voces, aquí y en el exterior, denunciando sus delitos y exigiéndole respeto por la vida y la paz. La reciente disposición de la Fiscalía de unificar en esa entidad las cifras de líderes/as sociales asesinados hace parte de ello. Como también lo es la exigencia de Barbosa de controlar todas las decisiones de tan poderosa institución.
Aparte de la manipulación de los medios, la extrema derecha gobernante recurre a otras estrategias, como la distracción. Poco después de conocerse el pronunciamiento de la JEP sobre la magnitud de los asesinatos cometidos por el Ejército durante su gobierno, los mal llamados “falsos positivos”, Duque insistía ante la ONU en la defensa de los derechos humanos en Venezuela y atizaba sus ataques a Cuba.
Días antes, el megalómano fiscal Barbosa, amigo íntimo de Duque y autoproclamado como mejor profesional de su generación y “personaje al alza” de la semana, viajaba a Ecuador, avalando un montaje mediático para impedir el triunfo electoral del candidato progresista en ese país.
Otra estrategia muy utilizada por el gobierno y la Fiscalía ha sido inculpar al denunciante. En ello tienen experiencia. Detuvieron a dos agentes de la Dijín por grabaciones ilegales, después de participar en las interceptaciones que develaron la “Ñeñepolítica” o financiación de la campaña Duque por el narcotráfico. Pero nada pasó con Cayita Daza, asesora de Uribe y comprometida a fondo en el ilícito. Se le permitió salir del país.
En esta misma línea, el fiscal designado para el caso Uribe, Gabriel Jaimes, decidió trabajar para su defensa y dedicarse a intimidar y tratar de desprestigiar al senador Iván Cepeda y al testigo Juan Guillermo Monsalve, en cuyas declaraciones se basó buena parte de la providencia de la CSJ que en agosto pasado ordenó la detención del expresidente.
Aparte de los numerosos testigos falsos presentados en su contra durante el largo proceso, al senador le intentaron abrir nuevas investigaciones. La Fiscalía ordenó tres citaciones distintas al testigo en una semana, sometiéndolo a un verdadero acoso judicial. Ello es parte del modus operandi y de los 13 patrones utilizados por Uribe y su organización criminal, señalados en la providencia de la CSJ.
Para completar el cuadro, un congresista del partido de gobierno inició investigación en la Comisión de Acusaciones contra José Luis Barceló, magistrado de la Corte que decidió abrirle la investigación a Uribe. En todo este tiempo, ni el expresidente ni el gobierno han escatimado esfuerzos para atacar y desprestigiar al alto tribunal.
Así, el dueño de El Ubérrimo inició su camino sigiloso y tortuoso hacia la impunidad con la Fiscalía. Y tenía motivos para confiar en esta entidad subordinada e incondicional. Ninguno de los casos por los cuales ha sido investigado Uribe avanza. Tiene allí acusaciones por paramilitarismo y por la muerte de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos, quien alertó sobre la masacre del Aro y otras a quien entonces era gobernador de Antioquia.
Cuando la CSJ se vio obligada a trasladarle el proceso a la Fiscalía, todas las evidencias estaban claras y así lo advirtió la juez a cargo. Monsalve rindió indagatoria bajo juramento en dos salas distintas de la Corte. Su testimonio es perfectamente válido y está en firme.
Nunca se retractó como pretendieron lograrlo los emisarios de Uribe o como lo afirman hoy los medios al servicio del gobierno. La solicitud de preclusión pretende desconocer la solidez del proceso y la contundencia de las pruebas.
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La preclusión no la puede decidir la Fiscalía, sino un juez
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Pero no todo está perdido, por fortuna. Cepeda y el exfiscal Montealegre presentarán demanda contra Jaimes por prevaricato. La preclusión no la puede decidir la Fiscalía, sino un juez. Cualquiera que sea el resultado, puede apelarse ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. La ONU, la CPI y los organismos internacionales de derechos humanos permanecen a la expectativa.
Es inevitable que, más temprano que tarde, la verdad termine por imponerse. Pero para que esto suceda pronto, se requiere un cambio del rumbo político.
