Hace unos meses el presidente Santos dio una entrevista en la cual señaló a Venezuela como su mayor motivo de desvelo. Cualquiera habría pensado que ante una claridad tan contundente, el alto gobierno se aprontaría para encarar la agudización de la crisis de ese país y la llegada eventual de miles de inmigrantes.
Pero la única respuesta de quienes nos gobiernan fue la de mantener abiertos los pasos fronterizos. Así en los meses recientes se expidieron más de millón y medio de tarjetas de movilidad, documento que habilita a los venezolanos para entrar y salir cuantas veces lo deseen. Y aunque se concedió acceso a los servicios básicos en materia de salud y educación, poco se hizo por mitigar el hambre o dar albergue a quienes aparecen con una mano adelante y otra atrás.
Como el gobierno central no se puso con los recursos necesarios, nuestros compatriotas de la frontera terminaron pagando el pato. Los funcionarios a cargo en Bogotá se olvidaron de que tenemos bastos sectores de la población sumidos en la marginalidad. Se trata en buena medida de compatriotas afincados en los departamentos limítrofes donde el Estado es apenas una entelequia; una organización secuestrada por politiqueros, que en lugar de ayudar y facilitar el progreso mete trabas. Y es precisamente a esos colombianos empobrecidos de los confines a quienes se les impuso la carga de compartir su miseria y su magra dieta con los recién llegados.
Como estaba cantado, la situación de Venezuela tenía que empeorar. Los esbirros chavistas profundizaron el desmonte de la democracia, arrasaron los derechos humanos, acabaron con la seguridad ciudadana y destruyeron la economía. La nación reporta una inflación anual cercana al trece mil por ciento; el salario mínimo apenas si alcanza para dos o tres comidas, y buena parte de la gente vive de subsidios que el régimen bolivariano entrega con cuenta gotas.
Así las cosas lo que tenemos ahora es una crisis humanitaria total. Es cierto que muchos venezolanos tan solo usan a Colombia como lugar de paso hacia otros destinos, pero se calcula que para mediados del 2018 ya tendremos en nuestro territorio de manera permanente cerca de un millón de desplazados.
El gobierno nacional que a tiempo no hizo nada eficaz para planear un manejo ordenado de la crisis y arbitrar los recursos correspondientes, cambió de estrategia, eliminó la tarjeta de visita y ha pasado a exigir pasaporte. Tal requerimiento aparece cuando ha trascendido que la obtención de aquel documento en Venezuela es casi imposible: solamente acceden a él los consentidos del régimen o quienes tienen dinero para sobornar a los funcionarios encargados.
El gobierno cambió de estrategia,
eliminó la tarjeta de visita y ha pasado a exigir pasaporte,
cuando ha trascendido que su obtención en Venezuela es casi imposible
También dijo el presidente Santos que montarán un centro de recepción con capacidad de atender dos mil migrantes por día. Un chiste flojo si se considera que el flujo migratorio ha estado rondando las cuarenta mil almas en cada jornada.
Y mientras se endurecen las condiciones para la entrada de venezolanos aparece la Canciller Holguín diciéndole a Yamid Amat que como nunca debemos ser solidarios con el pueblo de Venezuela porque allá viven una situación dramática y “es lamentable la pobreza que padecen”. Claro, diría yo, debemos ser compasivos y generosos con nuestros vecinos; tenemos que evitar cualquier asomo de xenofobia. Pero por favor señora Canciller, hagamos las cosas bien. Con coherencia, con eficacia, con soluciones verdaderas.
En la tarde de anteayer el presidente expresó a los representantes diplomáticos acreditados ante su gobierno que Colombia esta dispuesta ha recibir ayudas económicas con destino al manejo de la crisis fronteriza. El anuncio fue tímido. Una cosa es decir “Estoy dispuesto a recibir” y otra muy distinta afirmar con entusiasmo: “yo convoco, pido, lidero: tengo una propuesta concreta que merece ser apoyada por la comunidad internacional”.
Y es que desde hace mucho tiempo Colombia debió ponerse al frente de un movimiento internacional para gestionar la crisis migratoria de Venezuela. Además de las consideraciones humanitarias su proceder estaría justificado en dos hechos. El primero es que la magnitud del fenómeno supera por mucho las capacidades financieras y logísticas nuestras. El segundo es que un manejo adecuado de la situación interesa a todo el continente, especialmente a países como Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Estados Unidos y Canadá, e incluso a la misma Europa.
En la crisis del año 2016 la Unión Europea recibió unos dos millones de migrantes procedentes del medio oriente y de África. Para manejar la situación y sin dilación alguna, constituyeron un fondo por valor diez mil millones de euros. Ellos entendieron de inmediato que estaban enfrentados a la conservación de la vida y la dignidad de las personas y que con eso no se juega. ¿Por qué, me pregunto, Colombia no ha convocado a los gobiernos de América y Europa a la creación de un Fondo Humanitario Multilateral para Venezuela? ¿Cuál es la razón para no efectuar el llamado de una Conferencia Humanitaria sobre ese país?¿Será que para este gobierno agonizante la tragedia humanitaria vivida en la frontera en verdad no interesa? ¿Acaso hay razones ocultas que expliquen este torpe manejo?
