A medida que pasan los días y se acerca el final del Título 42, crece la incertidumbre y la desesperación de miles de ciudadanos extranjeros que pretenden llegar a Estados Unidos. Esta legislación, implantada durante el gobierno de Donald Trump en el marco de los esfuerzos por prevenir la propagación del Covid-19, terminará el próximo 11 de mayo.
En ese contexto, desde la Administración de Joe Biden continúan los anuncios y la construcción de nuevas figuras legales para manejar los flujos migratorios que, lejos de decrecer, siguen escalando.
Los últimos días del Título 42 han generado incidentes en la frontera sur, la cual conecta con México y es la "puerta de entrada" para todos los migrantes de América Latina. El pasado miércoles 3 de mayo, en Tapachula, se registraron problemas luego de que cientos de personas se aglutinaran intentando obtener los documentos necesarios para avanzar hacia Estados Unidos.
Los estados también adelantan sus propias medidas. Este lunes 8 de mayo, el gobernador de Texas, Greg Abbot, anunció el despliegue de una fuerza especial para evitar el ingreso de personas indocumentadas al país.
"Texas está haciendo más que cualquier estado en la historia de Estados Unidos para defender nuestra frontera. Eso incluye desplegar hasta 10.000 miembros de la guardia nacional y 1.200 soldados del departamento de seguridad pública de Texas", aseguró el funcionario.
France 24 se contactó con Guillermo Pacheco, analista en materia migratoria, quien explicó las consecuencias positivas que podría obtener Washington con la terminación de los efectos del Título 42.
"Estados Unidos se beneficiará en poder aplicar acciones que limiten el flujo migratorio, basado en lo último que presentó esta Administración: aumentar los recursos en la frontera sur, incrementar la eficiencia en el procesamiento, imponer consecuencias a quienes entren al país de manera ilegal, reforzar las instalaciones de las organizaciones sin multas de lucro, perseguir a los traficantes de personas y colaborar con socios internacionales", afirma Pacheco.
Sin embargo, la culminación de esta normativa no implica que llegar a EE. UU. sea más sencillo. Al contrario, las posibilidades podrían ser más complejas: cuando expire el Título 42, los procesamientos de personas se darán en rigor del Título 8, el cual tiene sanciones más severas, incluyendo la apertura de posibles causas penales y hasta un veto para reingresar en el país de al menos cinco años.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expresó la intención de acelerar las expulsiones de aquellos que no cumplan con los trámites necesarios, incrementando la celeridad para despejar la frontera. Incluso agregó que funcionarios de asilo y jueces de inmigración fueron enviados al cruce entre ambos países.
Otras medidas que habían desaparecido del panorama regresaron. Las cabinas telefónicas para que el diálogo con los abogados antiinmigración sea más fluido volvieron a colocarse. Algo que había sucedido durante el mandato de Trump, pero eliminado desde la asunción de Biden.
Por otro lado, habrá mayor cantidad de vuelos de deportación hacia algunos destinos y se amplió la capacidad de detención de personas adultas. Una muestra de que Estados Unidos pretende combatir el acceso a su territorio.
El ministerio de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, reaccionó ante las decisiones del Gobierno estadounidense, las cuales tienen efecto en la región latinoamericana.
"Nos dijeron que adoptarían medidas de acuerdo a sus leyes para mantener lo que está funcionando para el 'Título 42', pero utilizando otros instrumentos legales porque la gente está siendo engañada al decirles que podrán ir a Estados Unidos desde el 11 de mayo", expresó.
Desde Washington han avanzado sobre nuevos métodos en distintos países con el objetivo de controlar el desplazamiento de civiles y evitar los largos viajes migratorios.
Una estrecha cooperación con México
Luego de la visita de la asesora de seguridad nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, la Casa Blanca anunció el pasado 2 de mayo cómo serán las nuevas metodologías con el vecino del sur, con quien apuntan a crear lazos más cooperativos para abarcar un fenómeno que afecta a ambas naciones.
El binomio Washington-Ciudad de México apuntará a ampliar las vías legales disponibles para los países de Centroamérica. Además, reafirmaron el compromiso de combatir a los contrabandistas de personas en la frontera compartida, tal como lo harán en el Tapón del Darién —entre Colombia y Panamá—, donde operan grupos delictivos.
En tanto que la Administración de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a apoyar los centros regionales de procesamientos anunciados por Estados Unidos, contribuyendo a su operatividad y acogiendo a personas por razones humanitarias.
Por último, también apuntan a modernizar las 2.000 millas (más de 3.000 kilómetros) que comparten para expandir el Puerto de Entrada Terrestre del Este de Calexico antes de fin de 2023.
Centros de procesamiento regionales
Dentro de las nuevas disposiciones que Estados Unidos implantará está la instalación de centros regionales de procesamiento en diferentes países con la finalidad de descongestionar la aglomeración de migrantes que azotan a las fronteras.
En la teoría, esta figura parece auspiciosa por tener virtudes como evitar el tránsito de migrantes a pie desplazándose por el continente. Un beneficio que también recaería en México, país que acoge a todos los civiles que son rechazados.
Al momento, los primeros centros anunciados estarán en Colombia y Guatemala, mientras que están latentes las conversaciones con otros Estados —sobre todo de Latinoamérica— para establecer más, reconoció Mayorkas.
Los centros de procesamiento, operados por "socios internacionales", obrarán como filtros administrativos, donde miles de inmigrantes serán entrevistados mes a mes para verificar si cumplen los requisitos del programa de refugiados de EE. UU., así como las condiciones laborales y humanitarias.
El secretario de Estado, Antony Blinken, también agregó en una conferencia junto a Mayorkas que tanto Canadá como España mostraron disposición para recibir a migrantes que pasen por estos procedimientos.
Sin embargo, las mejorías para México están estrechamente condicionadas en que aquello que está en el papel sobre el funcionamiento de estos centros sea realmente efectivo.
"Si funcionan para que los migrantes no lleguen hasta la frontera sur, puede ser mejorador para que no crezca el flujo migratorio, pero, sino, ese flujo será mayor porque las acciones de los EE. UU. se incrementarán para impedir al máximo la entrada de inmigrantes", explica Pacheco.
Reunificación familiar
El Gobierno estadounidense también pretende ampliar el programa de reunificación familiar que existe solo para Cuba y Haití. Ahora se implementará para El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia.
Esos sistemas avalan a los migrantes con peticiones familiares de residencia permanente para entrar en el territorio con la libertad condicional humanitaria temporal, mientras sus solicitudes están en proceso y se confirman sus visados.
Estados Unidos ratificó su compromiso para albergar hasta 100.000 personas provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador bajo la carátula de reunificación familiar.
En otro aspecto, Mayorkas detalló que están trabajando en una nueva reglamentación que impida la acogida para todos aquellos migrantes que no hayan tramitado el derecho a asilo ni tienen una protección en otro país.
Esto deberá hacerse en un puerto de entrada oficial, con la criticada aplicación CBP One como método para fijar una cita. La poca cantidad de turnos disponibles, la mala operatividad del sistema y los problemas técnicos son algunas de las quejas que cientos de migrantes han expresado.
Los activistas a favor de los derechos de los inmigrantes destacaron la implementación de los centros de procesamientos y la ampliación del programa de reunificación familiar, pero mostraron su preocupación respecto a la agilización de los trámites de asilo, alegando que podría favorecer una mayor cantidad de deportaciones equivocadas.
