A menos de 50 días de la administración actual, la alcaldesa Claudia López ya enfrenta su primera prueba con la calidad del aire de Bogotá. Las altas concentraciones de material particulado fino (PM2.5) en el suroccidente de la ciudad, llevaron a la administración a decretar una “alerta amarilla preventiva” con el fin de tomar medidas de choque para enfrentar la situación. Estas medidas específicamente, buscan restringir la actividad industrial y vehicular que funciona con combustibles “pesados”, carbón y diésel, para proteger la salud de la población.
A pesar del rechazo e impopularidad que tiene esta medida por industriales y transportadores, la restricción era necesaria. Estudios desde la academia de la composición química del PM2.5 en el sector de La Sevillana, muestran un porcentaje cercano al 70% de carbono (hollín y orgánico), producto de procesos ineficientes de combustión y ausencia de dispositivos de control en chimeneas y exostos vehiculares. El hollín es un componente cancerígeno con potencial de calentamiento global. El restante 30% del material fino está asociado a compuestos solubles, minerales del suelo y metales pesados.
Y si bien es cierto que el transporte de carga e industria informal afectan en especial el suroccidente de la ciudad, son muchos los actores que contribuyen a deteriorar la calidad del aire en todo el perímetro urbano. Incluso en el norte y oriente de la ciudad, donde las concentraciones de PM2.5 pueden ser tres veces menores, el carbono representa el 60% de la masa. Aunque en ciertas épocas del año, las quemas forestales son aportantes, la principal contribución viene de buses, vehículos y motos. Gran preocupación representan, por ejemplo, los buses escolares que emiten cortinas de humo negro que respiran los escolares dentro y fuera del vehículo.
En este tire y afloje entre la administración distrital y los transportadores, sorprende el silencio del gobierno nacional, en especial, de las carteras de salud, ambiente, transporte y energía, entidades que tienen a su cargo la protección de la salud humana, la promulgación de estándares de emisiones, la renovación de la flota vehicular, la transición energética, entre otros grandes retos. A propósito de la energía, el hollín en el aire es una huella innegable de la ineficiencia como quemamos los combustibles en el país.
La emergencia actual por calidad del aire debe verse como una oportunidad para que el gobierno nacional y local, junto con los gremios, articulen esfuerzos y estrategias para disminuir el impacto del sector productivo en el ambiente y la salud de la población. La restricción a camiones y volquetas en Bogotá sería otro tema, si el programa de modernización de vehículos de carga no fuera voluntario, o si las revisiones técnico-mecánicas no fueran susceptibles de alteración, temas que son de competencia nacional.
La alerta pasará, y cuando esto suceda, la administración local tendrá una mejor oportunidad para concentrar sus esfuerzos en la actualización del plan de descontaminación del aire. Las lecciones aprendidas son muy valiosas, articulación local y nacional, además de inter-sectorial, a la hora de formular estrategias de reducción de emisiones. El modelo de calidad del aire es la herramienta más valiosa con que cuenta la ciudad para llevar a cabo estas acciones. De lo contrario, seguiremos esperando que los vientos o las lluvias sean los que garanticen un buen aire para los bogotanos.
