Hace dos semanas fueron noticia las sanciones que el Ministerio del Trabajo les impuso a 8 empresas colombianas con multas de cerca de $15 000 millones por tercerización laboral ilegal y en aplicación de las normas laborales vigentes. Decisiones de primera instancia sancionaron a la Clínica Marly y Ocupar Temporal SA, ambas de Bogotá, cada una con multas de $3185 millones de pesos; al Hospital Universitario del Caribe, de Cartagena, y la Temporal Konekca, con multas por $68 945 400 y $689 454 000 respectivamente; a la Drummond y Carbones El Cerrejón, y las contratistas de ambas Gecolsa y Dimantec, con multa de $2069. millones cada una.
La estrategia de las centrales sindicales CUT y CTC -a través de su Centro de Atención Laboral- y de la Escuela Nacional Sindical han hecho posible este importante avance.
A pesar de la satisfacción por haber cumplido el deber de intentar proteger los derechos laborales de miles de trabajadores explotados, hay que decir que el papel del Ministerio del Trabajo en la lucha contra la tercerización laboral en el país ha sido más que tímido. Empezando por el regalo que le hizo el Ministerio a los empresarios a través del decreto 583 de 2016 que los sindicatos y trabajadores estamos esperando sea derogado. Tampoco ha invertido lo necesario para combatir ese flagelo que deteriora cada día más las condiciones laborales de millones de trabajadores.
Muchos desconocen que el Ministerio del Trabajo creó hace cinco años un “cuerpo elite” de inspectores para asumir el poder preferente de las querellas o quejas donde se vieran amenazados los principios de imparcialidad y eficacia, pero la percepción de los sindicatos es que esa “comisión de investigaciones especiales” no tiene suficiente planta de personal, tampoco presupuesto y trabaja con las uñas para adelantar esa importante misión. Por eso, por ejemplo, dicha comisión delega en las direcciones territoriales la práctica de pruebas de las investigaciones, pruebas que se hacen sin el conocimiento del caso, sin el interés en el mismo y sin el mínimo esfuerzo por conocer la verdad.
En un principio se pensaba que era buena idea que las direcciones territoriales de Mintrabajo del lugar donde estaban las empresas no hicieran la investigación para garantizar la imparcialidad, pero el hecho de trasladar a otras territoriales ha empeorado la situación pues hay sindicatos que no tienen recursos para presentarse en otras ciudades, aportar a la práctica de pruebas y hacerle seguimiento a la investigación. Las notificaciones que se hacen de las diligencias, inspecciones o prácticas de pruebas son inadecuadas y en ocasiones llegan cuando ya se han efectuado las mismas.
En el marco del Plan de Acción Laboral o acuerdo Obama – Santos, se garantizó la ampliación de la planta de inspectores en Colombia, pero también su capacitación, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instruyó a decenas de inspectores en tercerización laboral y se les anunció la presentación masiva de querellas por parte de los sindicatos. Hoy en día esos inspectores que se capacitaron no están en el Ministerio simplemente porque el gobierno se niega a darles a los funcionarios de la autoridad administrativa del trabajo lo que exige el convenio 81 de la OIT: estabilidad laboral. En otras palabras, la inversión en la capacitación, se perdió y quienes conocen los casos por eso en ocasiones no saben ni qué hacer.
De las más de las 150 querellas que se han presentado
más de 50 son de la USO y luego de dos años,
no tenemos una sola decisión y todas están a punto de prescribir
Los tiempos gastados por el Ministerio del Trabajo para resolver las querellas son excesivos. En ocasiones hasta el tiempo para resolver recursos se les agota o la acción sancionatoria prescribe y hasta se aprovecha el propio descuido para precluir la investigación con grandes daños a los sindicatos y los trabajadores que ya no pueden presentar sus quejas, incluso, ha ocurrido, que las empresas ya han dejado de existir cuando llega alguna decisión. De las más de las 150 querellas que ha presentado el Centro de Atención Laboral CUT-CTC y la Escuela Nacional Sindical más de 50 son de la USO y luego de dos años, no tenemos una sola decisión y todas están a punto de prescribir. ¿Qué habrá ocurrido?
El Ministerio no ha seguido sus propios precedentes. En las territoriales fallan como quieren y como les parece. No hay una línea clara sobre cómo definir los asuntos sometidos a su conocimiento y eso no solo sucede con los casos de tercerización laboral sino con negativas a negociar o con actos atentatorios del derecho de asociación sindical. No ha habido una sola decisión administrativa en la que deje de ser tímida la postura sobre lo misional y permanente. Temen decir sin vacilar que la contratación directa es la regla general y no la excepción y que una empresa no puede tener tercerizados trabajadores en actividades permanentes y propias del objeto social.
Prolifera la tendencia fácil a archivar investigaciones. Cuando los sindicatos reaccionan a través de los recursos, han procedido las ordenes de desarchivo y la consecuente investigación, algunas de ellas al borde del fracaso por el tema de términos que ya comentamos.
La mayoría de sanciones solo sirven para el efecto mediático
porque algunas son literalmente “tumbadas” en reposición o apelación
gracias al fuerte lobby político de grandes empresas
La mayoría de sanciones solo sirven para el efecto mediático porque algunas son literalmente “tumbadas” en reposición o apelación gracias al fuerte lobby político de grandes empresas y sus poderosos bufetes de abogados que nadan como pez en el agua en las oficinas del Ministerio del Trabajo. Destacamos las recientes sanciones, pero, más que eso, queremos menos trabajadores tercerizados y más formalizados.
Para los sindicatos y los trabajadores antes que la multa, lo más importante es lograr acuerdos de formalización. Las sanciones en ocasiones ni se pagan o porque no se cobran o porque se demandan en la jurisdicción contenciosa administrativa. El Ministerio debe persuadir a los empresarios a suscribir acuerdos de formalización, pero sobre todo a involucrar a los sindicatos y a las centrales que son las que han hecho todo el esfuerzo para que este tema tome relevancia. Los pocos acuerdos de formalización que se han hecho en el país se han hecho a espaldas de los sindicatos.
Como puede verse, ni siquiera le estamos pidiendo a Clara que tramite nuevas leyes para los trabajadores. No esperamos que Clara nos devuelva los regímenes especiales de pensiones, ni haga una contrarreforma laboral a la de 2002. En el marco de la legislación laboral y administrativa existente puede hacer más cosas por los trabajadores y sindicatos. Hacer más efectiva la labor de inspección en el trabajo, combatir la tercerización y los actos de discriminación antisindical, modificar el decreto 2264 de 2013 para no permitir la renuncia aparente a los beneficios convencionales y cumplir las funciones del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo durante las huelgas. Con esto, avanzaríamos mucho para hacer realidad el derecho a trabajo decente de miles de trabajadores precarizados.
No pedimos mucho por ahora. Se trata solo de cumplir la ley.
