El pasado 15 de junio de 2021 se presenció el trágico evento que dejó un saldo de más de 35 heridos en la capital Nortesantandereana. Y aunque no dejó víctimas mortales, en las cabezas de los colombianos no se detienen las dudas: ¿Quién maquinó el plan? ¿Tal vez las disidencias de las Farc? ¿El ELN? ¿El clan del golfo? ¿Los Rastrojos? ¿No vivíamos en la paz perfecta desde la firma del acuerdo de paz en 2016?
A pesar de las declaraciones que dieron ayer el ministro de Defensa, Diego Molano, y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa; las cuales apuntan a dos posibles responsables del ataque terrorista: combatientes del ELN, o las disidencias del frente 33 de las Farc, es difícil encontrar un responsable con tan escasa información y tan poco tiempo desde el acontecimiento. Sin embargo, indagar en el pasado es indispensable cuando se presenta un estallido de la violencia que supuestamente estaba en el pasado.
Un panorama nacional de la violencia en el posconflicto
Si bien es conocido que el acuerdo de paz firmado en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia tuvo un buen inicio en los dos primeros años del acuerdo, con la entrega de armas de 13.000 excombatientes; la violencia rural y los asesinatos a líderes sociales han aumentado con la llegada al poder del actual presidente, Iván Duque, puesto que el actual gobierno está incumpliendo los puntos consignados en el Acuerdo de paz, empezando por la protección especial a excombatientes del conflicto armado y líderes sociales.
Se muestra que, según un informe realizado por Indepaz, 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las Farc han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, de los cuales 573 asesinatos a líderes sociales y 209 asesinatos a excombatientes han sido efectuados en el periodo comprendido entre el posicionamiento del actual presidente, y diciembre del 2020.
El recrudecimiento de la violencia junto con las constantes fugas y aparente muerte del excabecilla de las Farc, Jesús Santrich, ha recrudecido de manera intensa la violencia rural y urbana en Colombia. Así lo explica Ideas para la Paz: “A cuatro años de la firma del acuerdo de paz, los ataques, las emboscadas y los hostigamientos se incrementaron 65%, ahora protagonizados por el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo”.
El caso de Norte de Santander
El departamento de Norte de Santander ha sido asediado por la violencia del conflicto armado desde hace más de sesenta años. Dado por una convergencia de diversos factores: entre ellos, la disputa territorial por parte de diversos grupos armados al margen de la ley para mantener sus “corredores de narcotráfico”, ya que el departamento, sobre todo la zona del Catatumbo, es un sitio estratégico para el paso y plantación de sustancias ilícitas por su clima por su clima y la fertilidad de la tierra. Estos factores, más la ausencia del estado son los ingredientes perfectos para crear un departamento marginal y olvidado, en donde corren ríos de sangre a borbotones. Desde el continuo asesinato a líderes sociales, hasta los homicidios realizados por actores armados a campesinos e indígenas que se oponen a abandonar sus tierras.
¿Por qué el caso del carro bomba es diferente?
Diferente de las especulaciones en redes sociales, la explosión del carro bomba en Cúcuta no se puede entender bajo la simple dinámica de una política para causar miedo. Ya que estamos en un contexto totalmente diferente al de otras regiones al interior del país. La guerra permea la realidad de este departamento, y debe ser una variable muy importante para descifrar el autor de este acto terrorista.
A diferencia de en otras zonas, la violencia por el conflicto armado no se queda únicamente en zonas rurales, sino que salta a la vista también en zonas urbanas. Puesto que las milicias urbanas son bastante activas en Cúcuta y su área metropolitana. Como se puede evidenciar en su influencia en el aumento de homicidios a líderes sociales entre 2017 y 2018 en Cúcuta y su zona metropolitana, la cual aumentó más del 150%, según el informe anual del alto comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos.
