A las once de la mañana del 6 de noviembre de 1985 el Comando “Iván Marino Ospina” del M-19 ya controlaban a 350 rehenes entre los que se podían contar magistrados, consejeros de estado, servidores judiciales, empleados de la cafetería y visitantes. A esa hora el entonces presidente de la República Belisario Betancur estaba convertido en un espectador más. Siempre proclive al diálogo no pudo hacer nada ante el embate de dos hombres, los generales Alfonso Plazas Vega y Jesús Armando Arias Cabrales quienes lideraron la operación de retoma del Palacio.
El Comandante de la Brigada XIII había implementado lo que años después se conocería como la Solución Final que consistía simplemente en aniquilar al enemigo sin importar el costo de vidas. Este 25 de septiembre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de determinar que la implementación de esa Solución Final dejó como saldo los 12 desaparecidos que 35 años siguen siendo buscados. Por ese delito al general le dejaron en firme una condena de 35 años de cárcel.
La Solución Final formaba parte del Plan Tricolor 83 donde preparaba a las Fuerzas Armadas a reaccionar con toda la fuerza si se presentara en el país una insurrección generalizada o una guerra con algún país limítrofe. Arias Cabrales ese 6 de noviembre lo practicó al pie de la letra lo que generó la muerte de más de 100 personas, 12 desaparecidos y 28 horas infernales que terminaron en uno de los más desoladores incendios que recuerde Bogotá.
La operación de retoma estuvo lejos de ser un acto espontáneo, todo estaba milimétricamente planeado. De nada valieron las súplicas del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia Yesid Reyes Echandia desde el encierro de un baño custodiado por guerrilleros del M-19 al Presidente Belisario Betancur intentando salvar su vida y la de los rehenes.
Junto a Reyes Echandía murieron los magistrados Carlos Medellín, Manuel Gaona, Fabio Calderón Botero, Emiro Sandoval, Ricardo Medina Moyano, José Gnecco Correa, Darío Velásquez Gaviria en el infierno que desencadenaron los uniformados al mando de Arias Cabrales. En el documento del plan Tricolor 83 que quedó registrado en un acta de 1988, el propio general Arias Cabrales junto a otros oficiales como el Coronel Luis Carlos Sadovnik y el entonces comandante del Ejército Rafael Samudio Molina reconocíeron la estrategia de retoma a sangre y fuego.
En el grito de "Salvemos la democracia", del general Plazas Vega quedó sintetizada la justificación de la violencia de la operación. El Plan Tricolor estipulaba que los sobrevivientes no deberían ser rescatados y ayudados sino enterrados institucionalmente. Por eso fueron llevados a la Casa del Florero para ser identificados y comenzó la diáspora de detenidos que termino por dejar 12 personas aún desaparecidas.
En el afán por cumplir a rajatabla con el Plan Tricolor 83, se ignoraron por completo los protocolos I y II de los convenios de Ginebra y no se consideró el imperativo de la supervivencia de los rehenes. Hay grabaciones en poder de la Corte donde se escucha claramente a los oficiales gritar con ira: “ Hay que fumigar a esos chusmeros”.
El general Arias Cabrales interpuso el 20 de diciembre del 2017 ante la Corte Suprema de Justicia una demada de casación que el máximo tribunal de justicia acaba de resolver ratificando la condena de 35 años contra el Alto Oficial por el delito de desaparición forzada. El general ha cumplido con 8 años de cárcel en el Cantón Norte donde está recluido
