Cuatro oscuras décadas ha vivido la región del Bajo Cauca antioqueño a manos de hombres que siguen apostándole a la guerra y al narcotráfico; bajo su manto están las mujeres detrás del título de esta columna y es a ellas a quienes queremos extender las herramientas con las que contamos hoy para liberarnos del yugo de la opresión y el maltrato porque, como reza las etiquetas usadas en todo el mundo, #MujeresValientes #NoEsHoraDeCallar.
Esta es la realidad de las mujeres que se encuentran en los pequeños cascos municipales y zonas veredales, lugares muchas veces desconocidos y alejados de la geografía urbana de esta región. Allí muchas son reclutadas, esclavizadas sexualmente, desaparecidas y asesinadas; existe una gran presión ejercida por los hombres que, en su mayoría, son quienes componen estos grupos armados ilegales.
El Bajo Cauca antioqueño, donde el conflicto por el control de la zona, cuyas tierras se ha destinado a cultivos ilícitos y minería ilegal, genera una disputa que se ha recrudecido en los últimos años y cuyos antagonistas son el Clan del Golfo, Los Caparros y miembros del ELN. La fuerza brutal y demencial de estas organizaciones alcanza diversas dimensiones, entre ellas la vulneración de la mujer.
El último caso conocido es el de Yésica Fernanda Palacios, de 26 años, quien fue sacada de su vivienda en la vereda Puerto Santo y aún está desparecida. Se presume que detrás de este hecho están Los Caparros. El miedo en su familia es tan profundo que a la fecha no han interpuesto denuncia alguna.
El acecho de estos bandidos a las afueras de colegios y escuelas es la ruta que utilizan para ubicar y someter a niñas y adolescentes como esclavas sexuales y cumplir así sus caprichos; de no quedar satisfechos, lo que sigue es la amenaza del temido reclutamiento o terminar dentro de un costal lleno de piedras que luego será lanzado al río Cauca. Así le ocurrió a María, esperada a la salida del colegio y abusada sexualmente a los 13 años, en varias ocasiones, por alias Mariano, miembro de Los Caparros. Este hombre la amenazaba con matar a sus padres si decía algo. Monica, otra joven de la región, asegura que varias compañeras, al igual que ella, fueron abusadas y obligadas a guardar silencio, que en ocasiones eran sacadas de sus propias viviendas y luego sometidas a un los peores vejámenes. Posteriormente, cuando estos hombres se aburren de ellas, las dejaban como cocineras de la banda criminal y a otras las obligaban a patrullar o dedicarse al microtráfico.
Otro integrante de bandas criminales, conocido como Mano Panda, acechó a jovencitas del corregimiento de Guarumo para llevarlas ante sus jefes cual si fueran los mejores ejemplares del ganado de la región. Este las prefería entre 13 y 18 años para asegurarse de que fueran vírgenes y congraciarse con el jefe de turno.
Un hecho que llenó de dolor y generó profunda tristeza en la región, aumentando el temor en el corregimiento de Cuturú, perteneciente al municipio de Caucasia, fue la muerte de María Paulina Berrueco, una joven de 16 años que, durante un enfrentamiento entre Los Caparros y el Ejército Nacional, se resguardaba de las balas dentro de una tienda, pero terminó siendo alcanzada.
Los municipios más afectados en esta región son Cáceres y Taraza, pero los otros cuatro que componen la subregión no se quedan atrás en violencias de género. Varios casos han sido denunciados por la Fundacion ONG Redes y Semillas de Paz y Progreso, que actualmente adelanta varias investigaciones alrededor de casos de vulneración de los derechos de la mujer y acompañando a aquellas que han decidido no callar y compartir su testimonio. Ambas Organizaciones defensoras de Derechos Humanos conocen del peso que cargan estas víctimas al ser obligadas a guardar silencio, por eso hacen labor del acompañamiento a las menores y sus familias, obligadas a dejar sus tierras y desplazadas a Medellín.
Aquí es preciso aclarar que las mujeres no denuncian no solo por el temor a que se cumplan las amenazas y las presiones que ejercen los delincuentes, sino porque perdieron la confianza en la Justicia y en los gobernantes de sus municipios. Manifiestan que al denunciar nadie las protegerá y que sus casos serán olvidados o, en el peor de los casos, quedarán en evidencia con algún miembro de estas organizaciones por filtración de información confidencial propia de cada denuncia.
Hoy el Bajo Cauca no cuenta con estadísticas claras frente a este tipo de violencias, detrás de los casos revelados hay un subregistro de todas las mujeres silenciadas y amenazadas. Esta situación hace que se vea la violencia de género como un problema menor frente a otros hechos asociados al conflicto armado, minimizando la situación que padece actualmente la mujer de la región, condenada a un profundo silencio de temor e impunidad.
¿Quiénes serán los llamados a visibilizar el silencio de estas inocentes? Ahí está el gran reto en derechos humanos y políticas de género para los gobernantes locales y departamentales.
